Los Acuatenientes: Comienza la guerra por el agua en Colombia

El ojo industrial para el cultivo de la palma africana se posó sobre esta región y desde entonces el monocultivo y la privatización del agua destruyen la tierra donde una vez se produjo arroz, yuca, plátano, y maíz.

Todo está sucediendo a dos horas de Cartagena, la ciudad turística por excelencia de Colombia. Los cultivos de palma africana pueden verse hasta el horizonte. Esta visión, que el gobierno nacional asume como un ejemplo de progreso luego de la firma del acuerdo de paz, no es vista con el mismo optimismo por los campesinos que habitan la región. Después de décadas sufriendo los embates de guerrillas y del Ejército Nacional por igual, deben enfrentar un nuevo enemigo que, legalmente, busca por todos los medios obtener sus tierras y su riqueza acuífera.

Hablamos del municipio de María la Baja, donde la globalización y la búsqueda de desarrollar productos de exportación que impulsen la economía nacional, llegaron para quedarse. Sin duda, el desarrollo de la agroindustria de la palma trae grandes beneficios económicos al país; que se ha posicionado como primero en Latinoamérica y cuarto en todo el mundo en producción de aceite de palma. Sin embargo, el desarrollo no debe prosperar a costa de la destrucción del ecosistema y del modo de vida de las personas que habitan la región.

Para entender cómo se está privando a las poblaciones campesinas del uso del agua, es necesario conocer el contexto histórico de los eventos que han sucedido en la región. Para esto, entrevistamos a Ivonne Rodríguez, periodista e investigadora que ha estado varias veces en el municipio y ha escuchado las exigencias de los campesinos en primera persona.

¿Cuál es el mecanismo que usan los consorcios agroindustriales para hacerse con el agua de María la Baja?

Las comunidades vienen denunciando de manera exponencial desde el año 2010 esta situación: El distrito de riego público es una infraestructura del estado que fue construida a finales de los años sesenta e irriga 20.000 de las 54.000 hectáreas que componen el municipio.

Cuando los campesinos estaban en la zona, usaban este distrito para regar los cultivos que en la época eran principalmente de arroz, aunque también cultivaban maíz, plátano, yuca, y otros árboles frutales para garantizar su alimentación y a su vez para distribución en todo el país, pues era una despensa agrícola.

Por efectos de la violencia, los campesinos se ven obligados a salir de sus tierras. Cuando vuelven, años después se encuentran con un panorama muy complejo, pues hubo un cambio en el uso del suelo: la tierra ya no estaba siendo utilizada para el cultivo de alimentos, sino que empezaba, de manera acelerada, un cultivo extensivo de palma de aceite.

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El cultivo de la palma de aceite por sus características se da por inundación, pues la palma requiere una gran cantidad de agua para alcanzar niveles óptimos de producción. Esto genera el conflicto de intereses entre la mega industria de la palma y los habitantes que necesitan el agua para subsistir.

Lo que sucede entonces es que el estado crea una figura llamada Usomaría, que es la figura que administra el uso del distrito de riego. Allí empieza a existir una tensión muy fuerte, porque se supone que sus integrantes deben ser los beneficiarios del distrito de riego. Lo que están denunciando las comunidades campesinas es que ellos tienen muy poca participación en la composición de la junta que administra esa figura, en parte, porque el distrito ve con mejores ojos el uso industrial del agua que el uso agrícola.

Foto: Álvaro Avedaño

Muchos campesinos aseguran que tuvieron que vender ‘legalmente’ sus tierras para evitar represalias en su contra. ¿Cómo pueden defenderse jurídicamente ante el empresario que compró la tierra de manera lícita?

Si existe un mecanismo legal, para eso existe la ley de víctimas y restitución de tierras que es la ley 1448 de 2011, que ampara víctimas del conflicto armado que se vieron obligados a abandonar sus tierras, o estas les fueron despojadas en medio del conflicto.

Cuando visitamos la comunidad, los campesinos reiteran todo el tiempo que ellos vendieron la tierra no por gusto sino por la condición en la que estaban, dos situaciones muy complicadas que los ponían en una posición muy vulnerable:

• El alto endeudamiento que tenían con el estado, en este caso con la caja agraria, por los créditos que tenían que pagar por la tierra que se les entregó a principios de los años 90, pero que nunca pudieron trabajar con normalidad por el conflicto.
• Por su condición de desplazamiento que los llevó a una situación de pobreza extrema.
  
  

Al visitarlos pudimos constatar que la mayoría vive en caseríos, tratando de rebuscarse la vida con el jornal. Incluso uno de los campesinos llegó a expresarnos que su alimentación diaria era solo Yuca cocida.

Son personas que además tienen un grado de escolaridad básico. Muchos de ellos no saben firmar, leer o escribir.

Pero si hay un mecanismo que es la ley de víctimas y restitución de tierras, que les permite reclamar esa tierra que ellos consideran les fue arrebatada en medio de su condición. Lo que sucede es que el proceso de restitución no ha sido exitoso.

Imágen por Rutas del Conflicto

Además del acceso al agua y a las tierras, ¿qué hace falta para que los campesinos logren una estabilidad verdadera en el municipio? 

El progreso no solamente está relacionado con el acceso al recurso hídrico que es vital para el funcionamiento de cualquier ser vivo, sino que debe haber un complemento de elementos.

Primero es tener la tierra, luego que haya un uso democrático del agua, pero además que exista lo que el gobierno ha prometido en el papel desde hace décadas y que se reactivó con el acuerdo de paz que, en el punto uno, promete no solo la reforma rural sino una reforma integral. Esto porque el gobierno reconoció los errores del pasado: en su momento se les dio la tierra, se les dio el agua, y unos pocos incentivos. Pero la reforma rural integral dice que para que el campesinado progrese debe tener un acompañamiento, asesoría técnica, continuidad en los proyectos productivos, la garantía de la compra de lo que se produce e infraestructura. No es solo tierra y agua, sino muchos elementos que tiene que poner el estado para que estas familias puedan progresar y servir al país.

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Sin duda existen muchas perspectivas sobre lo que está sucediendo en la Colombia del posacuerdo referente al campesinado y la restitución de tierras. ¿cuál fue el enfoque que quisieron darle a la investigación?

Nuestro enfoque busca explicar el contexto de lo que ocurrió en la zona durante los años de violencia. Quisimos indagar sobre cómo se aplicaron los dos modelos de justicia transicional. Por ejemplo, el caso Mampujan, que fue la primera comunidad beneficiada con una ley con sentencia de justicia y paz. Y también quisimos estudiar cómo entra en efecto el modelo de restitución de tierras y lo que ha pasado con las comunidades en relación a la instalación de un modelo que promete vincularlas para ayudarlas, pero que las mismas comunidades están diciendo que eso no está sucediendo.

Este es un tema que no ha sido estudiado desde el punto de vista periodístico, ¿consideras que falta mucho por descubrir?

Para nosotros, después de hacer el trabajo, nos queda la idea y la motivación de saber que este es el comienzo de una serie de historias para mostrar una realidad que no ha sido documentada en profundidad desde el periodismo. Las universidades lo han venido haciendo con la experticia que tienen desde lo medioambiental y desde lo económico. Pero nosotros queremos estudiar el uso y la apropiación de recursos de la nación, como los recursos hídricos, la infraestructura pública, las zonas que son tierras de la nación protegidas por la ley segunda de 1959 que son las ciénagas, los playones, los humedales.

En medio del conflicto estuvimos concentrados en lo inmediatamente humano que es la vida de las personas, pero la vida de la naturaleza y de lo que nos da vida a nosotros no se documentó, o está en mora de contarse, esa es la punta de lanza del trabajo.

Además del caso específico de María la Baja, ¿conoces otros casos similares en donde la industria esté aprovechando la situación de vulnerabilidad del campesinado?

Sí, el año pasado en www.verdadabierta.com publicamos una investigación muy grande en el municipio de Becerril en el Cesar, en la que sucedió algo similar. Una parcelación llamada Santafe, que el estado entregó a campesinos que sufrieron ataques paramilitares y por las constantes masacres se vieron desplazados. Mientras todo sucedía, empresarios aprovechaban para realizar compras y una gran parte de ese predio se convirtió en un botadero de hulla que es el residuo que deja el carbón, pues al lado hay una mina de carbón, y en otra parte se comenzó el cultivo de palma de aceite aprovechando los recursos hídricos de la zona.

En uno de los videos del micrositio, los campesinos denuncian la muerte de una niña por envenenamiento luego de tomar agua con alto contenido de cloro. ¿Este tipo de casos son estudiados por las autoridades competentes?

Por las autoridades locales no. Quienes realmente le han puesto el ojo a esta realidad fue en su momento la defensoría del pueblo, que en el año 2011 y hasta el 2014 estuvo muy pendiente de lo que le estaba sucediendo a la comunidad por afectaciones de salud y por mortandad de peces, pues es una comunidad pesquera. Ahora lo están haciendo las universidades que a través de observatorios de tierras y territorios, están analizando el componente medioambiental, porque en varias muestras que hizo la autoridad ambiental en su momento, cuando se presentó una acción popular ante el tribunal administrativo de Cartagena, se encontró bacteria coli en las aguas. Pero no es algo que se estudia a profundidad, y el periodismo no lo ha hecho visible. 

Foto: Álvaro Avedaño

En María la Baja y toda Colombia, se están sufriendo los cambios de la adaptación a una economía globalizada. Pero el componente humano y medioambiental debe mantenerse como prioridad.

Te invitamos a conocer el micrositio de Los Acuatenientes

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