Amenazan a veedores por denuncias de corrupción en Caquetá

Hacer política en Puerto Rico, Caquetá, equivalía a una sentencia de muerte. Durante años la guerrilla de las Farc mantuvo allí en jaque al poder civil. Pero la violencia ahora cambió: quienes denuncian casos de corrupción en la administración pública reciben amenazas de nuevos poderes sin rostro.

La veeduría en este municipio de 26 mil habitantes se volvió una tarea riesgosa. El personero Fredy Chavarro fue asesinado en 2017; han surgido intimidaciones recientes contra veedores de obras y servicios públicos, y contra sindicalistas de la ANTHOC (Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia).

“Tuve que salir del municipio de manera clandestina, rápido”, denunció en julio pasado el sindicalista Alberto Meneses en un video difundido por Facebook. “Desconocidos me manifestaron que tenía que abandonar la región, que tenía que callarme o no responderían por mi vida ni por la de mi familia”, dijo. 

Meneses, fiscal de ANTHOC en Caquetá, denunció en 2014 irregularidades en la compra de equipos para el hospital Sor Teresa Adele, autorizados por el entonces alcalde Wilmer Cárdenas, conocido como “Pingüino”, quien en enero de este año inició un segundo periodo apoyado por el Partido Liberal.

Las amenazas a Meneses solo se presentaron años después y en plena pandemia, cuando la Fiscalía decidió imputar formalmente a Cárdenas “por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público”. En la audiencia virtual el Alcalde no aceptó los cargos, relacionados con el contrato de 552 millones de pesos, y en un video público se defendió de las acusaciones. El supervisor del contrato y la contratista también fueron judicializados. 

La imputación sorprendió a muchos en Puerto Rico. Solo los miembros de ANTHOC recordaban esa denuncia de 2014, cuando objetaron la entrega de unos insumos hospitalarios que describieron como viejos, recién pintados y sin las piezas necesarias para funcionar. La noticia desconcertó al propio Alcalde. Habían pasado seis años, y en todo ese tiempo había logrado mantenerse lejos de la justicia. Incluso pudo aspirar y volver al cargo. 

Pero la imputación puso en evidencia otras denuncias por supuesta corrupción que no han avanzado. En vez de justicia, los veedores encontraron intimidaciones y exilio.

Las nuevas formas del miedo

Durante la última década, el conflicto armado dejó de amenazar la estabilidad política en Puerto Rico, donde las Farc asesinaron a tres alcaldes y a seis concejales solo en 2005 (uno en febrero, una en abril y cuatro en plena sesión en mayo). Desde 2012, Cárdenas (con sus dos periodos) y Hernán Bravo (2016-2019, por Cambio Radical y Alianza Verde) han cumplido sus funciones sin esos sobresaltos, pero cuestionados por supuesta corrupción. La Liga Contra el Silencio visitó el municipio y encontró que el caso del hospital no es el único denunciado. 

“ANTHOC entabló la denuncia para que se reabrieran los casos, y de la noche a la mañana nos avisan que la Fiscalía iba a seguir la investigación”, dijo Miguel Redondo, médico del hospital y presidente de esta asociación en Puerto Rico. Después de la imputación contra Cárdenas, Redondo contó que él también ha recibido amenazas, pero sigue en el pueblo sin protección.

“Me han amenazado para que me quede callado, y me han dicho que como no soy del Caquetá, que no tengo derecho a reclamar”, dijo Redondo, de Barranquilla, pero radicado hace más de 20 años en Puerto Rico.

Rafael Chavarro, veedor ciudadano, defensor de derechos humanos y hermano del personero asesinado, no sabe quién está detrás de la violencia. Pero conoce su efecto: “al que habla lo callan a bala”, dijo.

Chavarro cuenta con dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, una custodia que su hermano nunca tuvo. A Fredy Chavarro lo asesinaron en la Navidad de 2017, cuando Bravo era alcalde. Su muerte ocurrió mientras denunciaba corrupción en la Alcaldía y en el Concejo, y señalaba la presencia de nuevos grupos armados en el municipio. “Él se dio cuenta de irregularidades, de mandar a solicitar dinero, de extorsionar a las personas”, dijo su hermano Rafael. 

Por la muerte del personero fueron capturados Julián Rojas Duque, alias ‘Canuto’; y Gilgardo Góngora, alias ‘El Loco Góngora’; exintegrantes de las Farc y miembros de un grupo residual de la Columna Móvil Teófilo Forero. No se ha esclarecido la autoría intelectual ni las razones del crimen. Rafael Chavarro dice que prefiere dejar el caso en manos de Dios y de la justicia. Sobre la corrupción insistió en que denunciar “es muy riesgoso, pero ya se nos rebosó la taza (...) No nos van a callar”. De forma pública y ante los entes de control ha denunciado por supuestas irregularidades a Cárdenas y Bravo.

Responsabilidades compartidas

Además del contrato por los equipos hospitalarios, otras contrataciones son cuestionadas por veedores y autoridades.

Al exalcalde Bravo, en septiembre de 2019, la Fiscalía le imputó cargos “por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros”. La acusación está relacionada con un contrato de casi 1.090 millones de pesos para el suministro de alimentos, mobiliario y otros materiales para escuelas, hogares comunitarios, la policía y la Alcaldía. También se estableció que pudo haber un sobrecosto de más de 134 millones.

En 2020 Rafael Chavarro, líder social; y Jesús López, exconcejal de Puerto Rico, denunciaron otros hechos que involucran a Bravo y Cárdenas. 

Uno de los casos incluye supuestos sobrecostos en la compra de bienes para el ancianato adquiridos mediante el contrato CSU 2019-012, firmado el 12 de diciembre por casi 58,4 millones de pesos durante la gestión de Bravo. Fue el actual alcalde Cárdenas, el 29 de mayo pasado, quien entregó esas compras en comodato a la Fundación Padre Antonio Chilatra.

Chavarro y López, según dijeron, verificaron los precios del contrato en el mercado local y en internet, y compararon algunos objetos entregados a los ancianos con los que aparecen en el contrato, y encontraron que eran de menor valor. “Están poniendo una cama sencilla en 395 mil pesos, y yo averigüé en el mercado y vale 148 mil pesos; una silla mecedora en 370 mil pesos, y vale 50 mil. Coticé todo lo de ese contrato (...) y los sobrecostos son tremendos”, contó Chavarro.

El líder social señaló a Cárdenas de prevaricato por omisión. “Si yo soy alcalde y recibo un contrato del saliente, tengo que revisar el contrato, que esté bien justificado el precio”. Según él, Cárdenas se lava las manos frente a una responsabilidad compartida.

Chavarro también se quejó ante el procurador Fernando Carrillo; le pidió investigar posibles sobrecostos y el origen de los recursos invertidos. López grabó un video que puso a circular por Whatsapp, pero el asunto no ha trascendido.

Otra obra cuestionada, firmada por Bravo y entregada por Cárdenas, es el puente de La Soledad. El contrato No. CO 2019-013, por poco más de 192 millones de pesos, fue firmado en septiembre de 2019 y la obra se entregó en enero de este año. Pero el pasado 3 de julio una creciente se llevó el puente. En la comunidad resultó curioso que la construcción no soportara una crecida habitual de un pequeño afluente del río Caquetá. En video los pobladores grabaron el desastre. 

El hecho fue denunciado en un oficio dirigido al fiscal Francisco Barbosa el pasado 7 de julio. La Liga visitó el lugar y constató que la estructura sigue derribada, mientras vecinos de las veredas La Soledad y Altamira deben cruzar la quebrada. 

En este caso Cárdenas entregó una obra contratada por Bravo sin advertir la calidad de los materiales. Para la comunidad, entre ambos parece haber arreglos. “Al anterior alcalde Hernán Bravo no le convenía otro candidato distinto a Wilmer Cárdenas. Hernán Bravo le tapa a ‘Pingüino’ y ‘Pingüino’ le tapa a Hernán Bravo”, dijo Chavarro. Exfuncionarios de la gestión anterior que pidieron no ser identificados confirmaron a La Liga que la orientación política de Bravo para la campaña fue la de apoyar a Cárdenas.

Esta alianza buscó a los dos políticos y solicitó una entrevista al encargado de prensa de la Alcaldía, pero no hubo respuesta. 

El manejo de la emergencia

Puerto Rico es uno de los municipios de Caquetá que más recursos contrató durante la emergencia del COVID-19. La administración de Cárdenas suscribió, hasta junio de 2020, ocho contratos por 946 millones de pesos, según publicó el portal de periodismo Recsur. Después del 17 de marzo -cuando se declaró el estado de emergencia- Colombia Compra Eficiente registró 18 contratos por contratación directa o régimen especial que suman unos 2.000 millones.

Recsur esperó cuatro meses para que Cárdenas entregara información sobre los contratos suscritos durante la pandemia. Y al final lo hizo, pero después de una acción de tutela que casi termina en desacato. Fue el último entre los 16 alcaldes de Caquetá que aportó la información. A las preguntas de los veedores, Cárdenas les ha respondido con silencio, según denuncian.

Sin acceso a la información pública, como manda la Ley 1712 de 2014, es difícil ejercer control ciudadano sobre la contratación pública. Las autoridades que han vigilado los contratos por la pandemia encontraron que la de Cárdenas fue una de 15 alcaldías del país, junto a tres gobernaciones, a las cuales llamaron la atención por entregar contratos a financiadores de campaña.

En Puerto Rico la Procuraduría informó que la Alcaldía entregó cuatro contratos por 495,3 millones de pesos a la Fundación Un Mañana Mejor, cuya representante legal es Nubia López Torres, aportante del actual alcalde.

López Torres, contratista y financiadora de campaña, además ha participado en reuniones de la empresa municipal de servicios públicos Agua Rica, como delegada del revisor fiscal, según consta en un acta del 4 de septiembre pasado. Aldiniever Nieves, miembro de la junta directiva de la empresa y líder social, critica la falta de transparencia sobre la labor de López Torres. 

Nieves, integrante de la Asociación de Afrodescendiente Luther King de Puerto Rico,  coincide con otros veedores en el riesgo que supone hacer denuncias. “Temo porque al que demanda lo mandan a callar. Pero uno tiene que denunciar. A mí la otra vez me amenazaron por teléfono porque quise hablar”, dijo.

Sobre los contratos COVID-19 suscritos por Cárdenas existe uno que llama la atención. Fue firmado el 8 de abril con el contratista Alexander Merchán Charry, a título personal, por 387 millones. Merchán aparece como representante legal de una empresa creada en febrero de 2019, el Grupo Iprogex Zomac S.A.S. En la dirección registrada ante la Cámara de Comercio de Florencia funciona un  comercio de impresiones digitales en la primera planta; a la segunda no se puede ingresar. La Liga contactó a Merchán Charry para hablar del contrato y su empresa, pero no obtuvo respuestas. Este fue el contrato más costoso en la modalidad de urgencia manifiesta suscrito durante la pandemia, seguido por otro con la Fundación Un Mañana Mejor, de la aportante López. De acuerdo con los documentos de contratación, se conformó una veeduría que aprobó los trabajos, pero no fue registrada ante la Personería del municipio, según informó esa oficina.

El contrato contempla varios trabajos en el megacolegio Sagrados Corazones “para la atención de personas contagiadas” con COVID-19, una alternativa que el alcalde Cárdenas promovió. El monto y el desuso genera dudas entre los veedores. El sitio está cerrado, según constató La Liga, y ningún enfermo ha sido atendido allí. 

El megacolegio fue construido en 2019 durante la gobernación de Álvaro Pacheco Álvarez, condenado por sus vínculos con los paramilitares en junio del año pasado, quien dio apoyo político a Cárdenas. Según varios entrevistados, el megacolegio representaba un ‘elefante blanco’ que pudo ser mejorado con esa inversión.

En el sitio no se ofreció atención a pacientes por COVID-19, pues los casos han sido controlados en los domicilios, según explicó Redondo, médico y presidente de ANTHOC. Puerto Rico registra 204 casos del nuevo coronavirus y cinco fallecidos hasta el 28 de septiembre, según el Instituto Nacional de Salud.

“Ahí se hizo una inversión en equipos y materiales, pero no se ha utilizado”, dijo Arredondo. En la primera semana de julio, cuando se conoció del segundo caso de contagio por COVID-19 en este pueblo (un suboficial de la policía), el megacolegio albergó a 12 uniformados, de los 25 que tiene la Estación municipal. Allí estuvieron de forma temporal mientras les hicieron exámenes. 

El seguimiento a los procesos de contratación en Puerto Rico ha sido un calvario. La administración municipal demora cualquier solicitud de información, y al final responde de forma incompleta, según la experiencia de periodistas y veedores. 

Rafael Chavarro sigue haciendo seguimiento a los procesos de contratación. “Pero no nos dan información, porque no les conviene”, dijo.

Los veedores denuncian con temor por las posibles consecuencias. “Aquí no tenemos justicia. Aquí estamos desamparados, mandan a asesinar a las personas y todo se queda en la impunidad”, se lamentó Chavarro.