Expediente Andino: ¿un montaje judicial?

Desde 2017 los acusados de perpetrar el atentado en el Centro Comercial Andino, donde murieron tres mujeres, han cuestionado la actuación de la Fiscalía. Una revisión del expediente muestra diferentes vacíos en la investigación, entre ellos varias capturas ilegales y la imposibilidad de hacer reconocimientos certeros con las cámaras de seguridad que había en el centro comercial.

El olvido de uno de los fiscales del caso precipitó la salida de la cárcel de las 10 personas señaladas inicialmente como autoras del atentado. Alejandra Méndez, una de las acusadas que estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor (Bogotá) y en Picaleña (Ibagué), asegura que la Fiscalía quiere ocultar lo que realmente pasó en el Andino. Por su parte, Pilar Molano, quien quedó con heridas permanentes pues estaba en el baño donde estalló el explosivo, se queja de las actuaciones del ente investigativo y de la administración del centro comercial, pero plantea dudas sobre la inocencia de los acusados.

Esta es la primera parte de la serie “Expediente Andino: ¿un montaje judicial?” que indaga lo ocurrido en este caso seis años después del atentado.

Capítulo 2 - Una Fiscalía en apuros

Ante la orden de liberar a los acusados de poner una bomba en el Centro Comercial Andino, en junio de 2017, el ente investigativo hizo un proceso relámpago para mantenerlos en prisión. Sin embargo, el organigrama que había construido esa entidad del grupo señalado por este hecho, el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), empezó a desmoronarse. Una de las capturadas acordó convertirse en testigo, pero sus declaraciones no han dejado satisfechas a las víctimas.

En 2018 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no cumplió a tiempo las órdenes de libertad que había expedido una jueza a favor de los 10 acusados por poner una bomba en el Centro Comercial Andino, el 17 de junio de 2017. Cuando esa entidad acató la orden, un grupo de policías esperaba a los señalados y los recapturó, acusándolos esta vez por el delito de rebelión: las autoridades aseguraron entonces que tenían órdenes de captura por tener nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La tesis de la Fiscalía sostenía que el MRP era una especie de célula urbana del ELN. Un comandante del MRP niega ese vínculo.

La Fiscalía tuvo varios problemas para acusar a los capturados en ese segundo proceso. Una jueza incluso regañó a uno de los fiscales del caso por no especificar el tiempo, modo y lugar de los delitos por los que se señalaba a las 10 personas recapturadas. Además, dos señalados de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo en otro proceso demostraron su inocencia. Natalia Trujillo Nova, una de ellos, aceptó cooperar con la Fiscalía y confesó su supuesta rebelión. 

Pilar Molano, víctima del atentado, critica las declaraciones que ha dado Trujillo porque no ha respondido muchas preguntas que tienen los afectados por esa acción terrorista. Iván Ramírez y Alejandra Méndez, señalados de participar en el atentado, aseguran que Trujillo es inocente, pero que accedió a las peticiones del ente investigativo para salir libre.

En junio de 2022 se dio otro hecho relacionado con el caso. En el sur de Bolívar fue capturada Violeta Arango, vinculada al ELN y señalada por la Fiscalía de participar en estos hechos. 

Esta es la segunda parte de la serie “Expediente Andino: ¿un montaje judicial?”, que revisa lo ocurrido con el caso seis años después del atentado.  

 Capítulo 3 – Seis años sin respuesta

Tras la captura de Violeta Arango, quien evadió la orden de captura en su contra durante cinco años, el gobierno de Iván Duque señaló al ELN como responsable del atentado en el Centro Comercial Andino. Hasta entonces se había responsabilizado al Movimiento Revolucionario del Pueblo. Ambos grupos niegan la autoría del hecho, mientras las víctimas siguen sin conocer la verdad.

La captura de Violeta Arango, en junio de 2022, hizo que el atentado contra el Centro Comercial Andino, ocurrido cinco años antes, volviera a estar presente en la opinión pública. Arango había evadido, en las filas del ELN, la orden de captura que pesaba en su contra. Al anunciar la detención, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, señaló a esa guerrilla de estar detrás de la acción terrorista. 

En el marco de los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN, en diciembre de 2022 Arango fue nombrada gestora de paz y viajó a Caracas, Venezuela, para integrarse al equipo negociador. Aureliano Carbonell, un comandante histórico de esa organización subversiva, se pronuncia sobre el papel de Arango y las supuestas relaciones entre esa guerrilla y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). 

Un vocero de esta última organización armada habla en esta serie sobre los acercamientos que han tenido con el gobierno Petro para sumarse a la “Paz Total”. También se refiere a los puntos que quieren plantear en una eventual mesa de negociación. 

Dos de las personas que estuvieron capturadas y fueron señaladas de participar en el atentado contra el Andino cuentan las consecuencias que ha tenido en sus vidas ese proceso judicial. Pilar Molano, víctima del ataque, enumera las secuelas que padecen las afectadas por la bomba y exige justicia.