Irregularidades y otras sombras en la elección de directivos de la CAR en Cundinamarca

Por María F. Fitzgerald, para La Liga Contra el Silencio.

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en Colombia son las máximas autoridades en materia de medio ambiente en cada región. Son las encargadas de administrar los permisos ambientales, autorizar los cambios en los usos del suelo y proteger los recursos naturales de la zona rural que rodea a las ciudades. Estas entidades están encabezadas por el consejo directivo, integrado por delegados gubernamentales, municipales, departamentales y de la sociedad civil.

La CAR de Cundinamarca, que maneja un presupuesto de casi dos billones de pesos para 2023, elegirá el 30 de noviembre nuevos representantes de las organizaciones ambientales –o Entidades sin Ánimo de Lucro–, que entrarán a hacer parte del nuevo consejo directivo para el periodo 2024-2027. Dos de sus 14 miembros actuales han conseguido mantenerse en el poder por cinco y seis períodos consecutivos a pesar de denuncias de estar relacionados con irregularidades, y buscan seguir vinculados a la entidad. 

El primero es Julio Hernando Balsero, perteneciente al Resguardo Muisca de Cota, quien ha sido representante de los pueblos indígenas desde 1997. En septiembre de 2023 fue escogido como delegado de los indígenas para ser parte del consejo directivo por sexta vez consecutiva en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad de esta última elección y de denuncias sobre maniobras irregulares. Los indígenas se retractaron de brindar el aval a Balsero y lo comunicaron a la Corporación.

El segundo es el representante de las entidades sin ánimo de lucro ante la CAR, vinculado al sector ambiental. Se trata de Andrés Iván Garzón, quien se mantiene como parte activa del consejo directivo de la institución. Según una denuncia presentada ante la Fiscalía en 2021, por el entonces concejal de Bogotá Diego Cancino, Garzón ha recurrido a inscribir hasta 250 ONG de papel, en las que su esposa y su suegra hacen parte de las juntas directivas, con el objetivo de asegurar los votos que garanticen su puesto.

Y aunque este año Garzón ya no podrá ser reelegido por sexta vez consecutiva, luego de que el Ministerio de Ambiente expidiera una resolución que modificó el procedimiento para elegir a los representantes de entidades sin ánimo de lucro en las CAR, tres veedores ambientales en Cundinamarca han señalado que quedará reelecto en cuerpo ajeno a través de una de dos opciones: el reconocido comunicador social y veedor Juan Carlos Calderón España, quien es actualmente su suplente; o su suegra, Marisol Linares. Ambos candidatos ya están inscritos.

¿Cómo funciona la elección del consejo directivo de la CAR?

En todo el país hay 33 corporaciones, responsables de expedir licencias para el manejo del suelo, además de promover la protección de entornos de especial cuidado ambiental. Por eso, son poderosas: sus consejos directivos están conformados por los principales poderes políticos y productivos de cada región. Las CAR fueron creadas gracias a la Ley 99 de 1993, pero desde entonces 22 proyectos legislativos han intentado modificar su conformación pues, si algo han argumentado reiteradamente en cada proyecto, es que estos órganos no están cumpliendo con sus labores y son espacios cooptados por intereses económicos y políticos. Sin embargo, los 22 proyectos han terminado archivados, la mayoría de las veces por vencimiento de términos.

El cambio principal que han planteado los proyectos archivados ha sido modificar la Resolución 1141 de 2006, que determina cómo se votará la conformación del consejo directivo –el poder principal dentro de la Corporación, pues es el encargado de elegir a quien será el director, cuánto será el presupuesto y cómo se otorgarán las licencias de manejo del suelo, entre otros temas–. Los proyectos archivados han señalado que es un mecanismo que, por ser en exceso amplio y abierto a la interpretación, promueve la corrupción.

El consejo directivo de la CAR de Cundinamarca solía componerse por un representante del Presidente de la República, uno del Ministerio de Ambiente, uno del Gobernador de Boyacá, otro del Gobernador de Cundinamarca, uno de la Alcaldía de Bogotá, cuatro alcaldes municipales, un delegado de las comunidades indígenas, dos representantes del sector productivo y dos de entidades sin ánimo de lucro.

Sin embargo, en febrero del año pasado, con la Ley 2199 de 2022, hubo un cambio importante en la composición del consejo. La regulación de la Región Metropolitana llevó a que en lugar de tener dos representantes del sector productivo y de las organizaciones sin ánimo de lucro, en adelante sería uno solo por sector y, se sumarían el director de la Región Metropolitana y un representante de las universidades de la zona.

El representante indígena, en el cargo 26 años seguidos

En principio, Balsero fue avalado por el cabildo muisca de Cota, uno de los cinco cabildos de la sabana que pueden votar y poner a un representante en la CAR. Este año, sin embargo, los muiscas de Cota decidieron no respaldarlo más, justamente porque Balsero no ha querido abandonar el cargo.

En diciembre de 2022, la asamblea general del resguardo anunció que Balsero quedaba “inhabilitado” como máxima autoridad para representarlos ante la CAR, y decidieron que ese cargo en adelante sería rotativo para integrantes de cada pueblo indígena de Cundinamarca (en total son cinco reconocidos: los muiscas de Tocancipá, Cota, Chía, Sesquilé, y los kichwa de Sesquilé) por un periodo de cuatro años. La posición se hizo oficial este año. 

Al igual que Cota, los resguardos de Chía y Tocancipá, y de Bosa, Suba y Soacha (muiscas de territorios rurales de Bogotá que aunque aún no están plenamente reconocidos estatalmente, sí tienen participación dentro de la comunidad muisca) tampoco estuvieron de acuerdo en avalar a Balsero. En una reunión, organizada por los gobernadores indígenas, habían acordado enviar a otros representantes que lo pudieran relevar, pero Balsero logró postularse, presentándose como representante de la comunidad muisca de Sesquilé, diferente a la que él pertenece. Al parecer, el gobernador de Sesquilé se dejó convencer por Balsero para darle el aval.

En un audio, al que La Liga tuvo acceso, uno de los representantes del cabildo de Cota conversó con un abogado perteneciente al cabildo de Sesquilé para preguntarle qué había pasado. Por motivos de seguridad no identificaremos a las fuentes. El abogado contó, según se escucha en el audio, que cuando Cota no quiso reconocer a Balsero, él fue hasta Sesquilé, donde organizó una fiesta en la que mandó a matar a un chivo y, así, consiguió ser avalado por las autoridades de allá.

“Ayer fue don Julio [Balsero] y le hizo firmar una carta [al gobernador del resguardo de Sesquilé]. Le hizo firmar una carta donde lo hizo pasar como el representante de Sesquilé y Tocancipá ante la CAR. Nosotros habíamos quedado en la última reunión que eso no lo íbamos hacer. Pero el gobernador se sintió presionado. Como Balsero les mató un chivo y los emborrachó, el gobernador se dejó presionar. Él ya se siente muy presionado y muy comprometido con don Julio y ya le dio el aval, así él no sea nuestro representante”, se escucha al abogado explicar en la llamada que se sostuvo pocos días antes de la elección.  

En la presentación de documentación ante la CAR para la elección del representante indígena, Balsero apareció como el único avalado para ocupar el puesto mientras que los demás candidatos que se presentaron no cumplieron con los requisitos mínimos para ocupar el cargo, según el informe de revisión de documentos de la CAR del 11 de noviembre. Ante esto, los integrantes de los resguardos enviaron una carta a la Corporación exigiendo que reevaluaran esa candidatura y se les permitiera avalar a alguien más que sí cumpliera los requisitos: “Revocamos de forma irreductible la postulación ante la CAR del Sr. Julio Hernando Balsero, porque él NO NOS REPRESENTA (sic), no cuenta con el aval ni de su comunidad, ni del Pueblo Muysca para ejercer dicho cargo”.

En la misma carta aseguraron que al no estar representados por Balsero, la CAR estaba incurriendo en una violación a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y que, por lo mismo, demandaban que se volviera a plantear el proceso de elección. Sin embargo, la respuesta de la CAR fue escueta. “Es del caso reiterar que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, dio cumplimiento estricto a lo dispuesto en la Resolución 128 de 2000” sobre la elección de representantes, señaló en respuesta a los indígenas.

La Liga también habló con una mujer, perteneciente al cabildo de Chía y que pidió no revelar su identidad, que aseguró que ella y su familia fueron amenazadas por Balsero cuando ella intentó postularse como representante. “Me empezaron a perseguir, a sacarme del resguardo. A mí y a mi familia nos tocó irnos de allí porque Balsero envió a personas a que nos intimidaran y desde ese momento no hemos podido regresar”, aseguró.

Frente a estas acusaciones, Balsero aseguró a La Liga que su proceso de postulación ha sido totalmente legítimo en las ocasiones en las que se ha presentado pues él ha sido respaldado por los cabildos: “Si no tuviera este respaldo yo no habría podido salir seleccionado. Por eso, por tener el respaldo, yo no tengo necesidad alguna de amenazar a nadie y por lo mismo no sé cuáles son los casos que me está refiriendo”. 

A pesar de los señalamientos, Balsero quedó reelecto para un nuevo periodo que extenderá su presencia en la CAR por cuatro años más.

El eterno representante ambiental

El otro hombre que ha ocupado desde hace más de 20 años un puesto en el consejo directivo, representando a las organizaciones ambientales, es Andrés Iván Garzón. El segundo delegado de este sector en la CAR, por más de dos décadas, era Luis Alejandro Motta, pero el Consejo de Estado ratificó la anulación de su elección en febrero de 2022 tras denuncias de que un esquema de empresas de papel que votaban por él como representante de las entidades sin ánimo de lucro favoreció su reelección en 2019.

Entre las irregularidades –incluidas en la denuncia ante la Fiscalía del concejal Cancino– se encontró que en Pacho, Cundinamarca, se inscribieron más de 30 ONG en una sola cuadra. En esa misma cuadra, 15 organizaciones tenían sede en un lote vacío. Los representantes de estas organizaciones votaron hasta 10 veces, pues eran representantes de cinco organizaciones diferentes al mismo tiempo. 

Motta también había asegurado que adelantó acciones ambientales en la región que, en realidad, eran solo dos pautas comerciales en una emisora de Pacho en las que se hablaba de conservar el agua del municipio. Nada más.

Las sospechas de beneficios derivados de la constitución de empresas de papel también rondan a Garzón. Ese mismo mecanismo habría sido utilizado para favorecer su elección. Incluso su propia suegra, Marisol Linares, hace parte de la junta directiva de varias de las organizaciones que votaron por él. 

Aunque Garzón continúa en el consejo directivo, él pasó una petición, que fue aprobada por la misma CAR, para tener al veedor y comunicador social Juan Carlos Calderón España –famoso por tumbar la curul de Ángela María Robledo–, como suplente ante el consejo. Esto, pese a que los representantes ambientales no tienen una estructura de suplentes.

La Procuraduría ambiental envió una advertencia y les recordó que esta figura no es permitida en la entidad. Veedores ambientales consultados por La Liga, y que prefirieron no ser identificados, temen que Garzón esté preparando todo para garantizar que Calderón España sea escogido en las elecciones del 30 de noviembre, ya que él no podrá ser reelegido como lo fue desde hace más de 20 años. Esto tras un decreto expedido por el Ministerio de Ambiente emitido en agosto de este año, que reguló la elección de los representantes de las entidades sin ánimo de lucro y determinó que no pueden perpetuarse en el cargo. También resolvió que los delegados de estas organizaciones deben demostrar un proceso real de activismo y cuidado del medio ambiente.

La Liga contrastó estas acusaciones con Garzón, quien aseguró que fue él mismo uno de los primeros en denunciar las irregularidades en la elección de su compañero Motta. Adicionalmente, señaló que su suegra nunca lo ha apoyado durante las elecciones, que él mismo ha sufrido amenazas y un atentado por su lucha contra la minería ilegal. Asegura que este atentado es lo que lo llevó a retirarse del cargo, no la resolución del Ministerio de Ambiente. 

Asegura, también, que la figura de suplencia de Calderón sí fue permitida, aunque más adelante haya sido modificada y que fueron las autoridades estatales las que “hicieron trampa” al modificar la conformación del consejo directivo de la CAR y así imponer los intereses de la Región Metropolitana. 

Finalmente, asegura que su permanencia en el puesto está basada en “mucho compromiso y amor por el medio ambiente”. “Estoy completamente convencido de que si Colombia avanza en el catastro multipropósito e implementa plataformas geoespaciales con analítica de datos, y esto lo hace en softwares libres, con datos abiertos, el Estado se hace eficiente, la corrupción sufre un golpe muy fuerte, las reservas forestales pasan de ser un mero papel y un populismo barato y catapulta de políticos oportunistas, a ser una realidad”, dice. 

Las elecciones de los consejos directivos de las CAR concitan mucho interés, por ello, incluso la Procuraduría General, específicamente el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Mineros Energéticos y Agrarios, anunció que hará seguimiento, vigilancia y control a las próximas elecciones de las CAR porque consideran que es necesario “vigilar el estricto cumplimiento” de la reciente resolución del Ministerio del Ambiente que modificó la elección de los representantes de entidades sin ánimo de lucro.

En el caso de Cundinamarca, las candidaturas ya fueron presentadas. Tanto Calderón España, como Marisol Linares –ambos cercanos a Garzón– se postularon. El primero inscribió 120 certificados de organizaciones ambientales. La segunda inscribió 172. 

*La Liga tuvo acceso a algunas de las certificaciones presentadas por Calderón España. Pese a que intentamos contactar a tres de las 120 ONG que presentó Calderón, para solicitarles pruebas de las acciones ambientales adelantadas por el representante, a la fecha de publicación de este artículo no recibimos respuesta.