Caquetá: entre la falta de pedagogía y el riesgo por injerencia de los políticos tradicionales y los grupos de disidencias
Poca votación en la zona rural, escasa pedagogía electoral y bajos recursos económicos hacen parte del panorama electoral por la curul de paz de la Circunscripción Especial Transitoria de Paz número 5.
Autor:
Juan Pablo Sánchez
Para aspirar a la curul en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Transitoria de Paz número 5, conformada por 16 municipios de Caquetá y Algeciras, en Huila, se inscribieron 28 aspirantes, en 14 listas. A la fecha, la campaña ha transcurrido con normalidad en cuanto al orden público, aunque algunos candidatos dicen sentir temor de llegar a algunas zonas, que consideran de alto riesgo.
Pero esa no es la única dificultad. Al miedo, se le suman la poca información que han recibido los electores sobre el proceso; una notoria desventaja para los candidatos que no han podido acceder a la financiación estatal a tiempo, para visibilizar sus propuestas y, finalmente, la influencia que podrían tener los nuevos grupos armados que operan en la jurisdicción.
Ante esta última posibilidad, Diego Gómez, vocero de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Caquetá, afirma que, si bien no se han presentado denuncias concretas, sí hay motivos de preocupación. “Los candidatos están expuestos a grupos como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, entre otros que amenazan el orden público. Con esto no tenemos la tranquilidad para que salgan a hacer proselitismo”, dice Gómez.
Y hay razones para la advertencia. Por ejemplo, el mapa de riesgo electoral de la MOE arroja que en Caquetá hay siete municipios con riesgo medio, siete con riesgo alto y uno con riesgo extremo: Cartagena del Chairá. Algo que aumentó la tensión fue el atentado que se registró el pasado 29 de enero contra el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, en zona rural de Solano. “En el atentado murieron dos miembros de la Fuerza Pública. La MOE considera que el debate político debe hacerse con una seguridad y una tranquilidad, que no se están viendo en este momento”, agrega Gómez.
A esto se suma el hecho de que “históricamente hay una cooptación en la gobernabilidad, los territorios y las veredas. Entonces, si sale alguna directriz de algún grupo diciendo ‘mi candidato es este’, pues es fácil desde las estadísticas saber si se votó o no por ese candidato. Entonces vendrían las retaliaciones para estas familias, de las que saben dónde viven y cuál es su puesto, si se inscribieron en lo rural”, complementó.
Otra de las preocupaciones para los candidatos es la poca votación en la zona rural, donde se resolverá la contienda electoral de las curules de paz. Según Gómez, “como no hubo suficiente pedagogía, las cédulas siguieron inscritas en lo urbano. Entonces, tenemos una agravante: el censo de votantes rurales que traíamos históricamente es muy bajo y sigue siendo muy bajo, porque la inscripción de nuevos votantes no tuvo mayor significado”.
De hecho, en municipios como El Paujil solo existen dos puestos de votación rural, ubicados en las inspecciones de Bolivia y Versalles, donde en las últimas elecciones se contabilizaron 279, entre ellos cuatro nulos y nueve no marcados. El resto de los electores, por tradición, votan en el casco urbano. En Albania ocurre algo similar, solo existe un puesto de votación en la Inspección de El Dorado, donde se contabilizaron en los pasados comicios 343 votos.
Sobre la elección del 13 de marzo, donde las víctimas podrán tener un representante en la Cámara, en general los electores poco o nada saben por la falta de información sobre los detalles de la elección de esta Circunscripción Especial Transitoria. Y es que es necesario preguntarse qué va a recibir el votante en esta oportunidad. Si el sufragista se encuentra en ciudades capitales deberá recibir tres tarjetones para votar por la persona candidata y el partido de preferencia al Senado, Cámara de Representantes y quien aspira a la presidencia por las diferentes coaliciones creadas; y si se encuentra en alguno de los 167 municipios que conforman las 16 curules de paz, recibirá un tarjetón que le permitirá votar por la Cámara territorial, otro por la Circunscripción Especial Indígena o Circunscripción Afrodescendiente y otro por la Circunscripción Especial para la Paz. Además podrá acceder a las consultas de los partidos para la Presidencia de la República.
(...) en municipios como El Paujil solo existen dos puestos de votación rural, ubicados en las inspecciones de Bolivia y Versalles.
“Es una gama de papelería que no es fácil de entender y estamos en un territorio donde los niveles de lectoescritura son bajos. Yo creo que nos vamos a enfrentar a una gran masa de tarjetones nulos, por no saber el manejo. Tenemos la opción de que cualquier candidato o candidata pueda llegar con una votación baja”, agregó Gómez.
Con respecto al riesgo en el sistema electoral, la MOE en Caquetá (que tendrá 110 observadores en el territorio en las elecciones) también resalta el papel que está jugando la política tradicional en la campaña por la curul de las víctimas. Incluso, ya se han escuchado casos de candidatos supuestamente prometiendo obras de infraestructura como acueductos veredales, mejoramiento de vías terciarias y vivienda rural.
Los 167 municipios que conforman las 16 curules de paz, recibirán un tarjetón que le permitirá votar a la ciudadania por la Cámara territorial, otro por la Circunscripción Especial Indígena o Circunscripción Afrodescendiente y otro por la Circunscripción Especial para la Paz. Además podrá acceder a las consultas de los partidos para la Presidencia de la República.
Uno de los candidatos con un pasado ligado a la política tradicional, como lo indica un artículo de El Espectador, es el ingeniero Jhon Fredy Núñez, quien perteneció al Partido de Integración Ciudadana (ahora Opción Ciudadana) y aspiró al Senado en 2009, a la Alcaldía de Florencia en 2011 y a la Asamblea Departamental en 2015. Uno de los nexos que le resaltan en campaña es su cercanía con el exgobernador de Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, condenado en junio de 2019 a 90 meses por concierto para delinquir.
No obstante, Núñez asegura que independiente de su pasado, hoy puede ser candidato, no solo por su condición de víctima del conflicto, tras el asesinato de su esposa en octubre de 2007, sino porque fue candidato a la Asamblea hace siete años (superando los cinco años que indica la norma) y porque renunció en 2016 a ser directivo del Partido de Integración Ciudadana, que cierto sea de paso, perdió su personería jurídica en 2018.
Por eso, considera los señalamientos como acusaciones infundadas, que lo están poniendo en riesgo, al punto de haber tenido que suspender sus salidas a los municipios. “Lo que está pasando es que algunos candidatos tienen temor de todo el trabajo que hemos hecho, el recorrido y que conocemos las necesidades de los campesinos del departamento”, manifestó el candidato, a quien el Consejo Nacional Electoral le ratificó su inscripción el pasado 25 de febrero.
Frente a su relación con el exgobernador Álvaro Pacheco enfatiza en que votar por él no significa tener vínculos con parapolíticos. Aclaró que no tiene contratos con la actual Administración Departamental y que uno que salió a relucir recientemente en la prensa corresponde a pagos atrasados por unas obras en 2019 en el municipio de El Doncello. “Que digan que Jhon Fredy está inhabilitado por temas de contratación es falso. Es una mala interpretación, porque el pago en 2021 corresponde a una deuda de 2019. Además, yo no soy el dueño de la empresa Igeonuñez, con la que se firmó el contrato, desde hace año y medio”, concluyó.
Otro caso es el de Yeniver Valderrama, quien aspira a ser el representante de las víctimas de Caquetá en la Cámara por un comité de restitución de tierras en San Vicente del Caguán. A él le resaltan su amplio trasegar por la política tradicional. En 2011 fue concejal de Solano, siendo en ese momento el más joven del país con 18 años, y en 2015 aspiró al Concejo de Milán, pero no lo logró. En ambas campañas contó con el aval del partido Alianza Verde.
Recientemente, según un artículo de El Espectador, Valderrama públicamente ”participó del acto político en el que un sector del Partido Liberal, encabezado por Piedad Córdoba, decidió sumarse al Pacto Histórico”, el 23 de septiembre de 2021 en Bogotá. Aunque, cursó ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud para revocar su candidatura a la curul de paz, el 25 de febrero la entidad desestimó la petición y ratificó su inscripción.
Candidatos con experiencia, pero sin cómo hacer pedagogía
Pero los grupos armados o los partidos tradicionales no son las únicas preocupaciones. También lo es la falta de recursos para hacer campaña. Es el caso de Carlos Armin Hurtado, candidato avalado por la Asociación de Víctimas Fundación para los Derechos Humanos (FUNDEAMARE), de San Vicente del Caguán, una de sus preocupaciones es el incumplimiento del Gobierno Nacional para el desembolso de los recursos para la financiación de la campaña.
El candidato resalta que para acceder a la financiación estatal se debe comprar una póliza que las aseguradoras no están expidiendo en Florencia (Caquetá). “Y lo peor es que cuesta casi tres millones de pesos y a uno lo apoyan con nueve millones de pesos, es decir quedarían seis millones para hacer campaña. Es irrisorio, cuando para la Cámara normal son como 600 millones de pesos los topes para gastos. Es una revictimización total, nos pusieron a pelear entre víctimas por una curul sin recursos y en medio de campañas politizadas que están manejando presupuestos altos contra campañas sin recursos”, resaltó el aspirante.
Sobre la financiación para las campañas en las circunscripciones de paz, el pasado 24 de febrero el Consejo Nacional Electoral emitió un comunicado en el que ratifica las denuncias de los candidatos frente a la financiación estatal. “El CNE advierte a la opinión pública que las compañías de seguros, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, y establecimientos bancarios, entre ellas, la entidad del Estado Previsora, se han negado a expedir las pólizas o garantías a los candidatos a las Circunscripciones Especiales de Paz. Como máximo órgano en lo electoral denunciamos que con esta conducta se desconocen los acuerdos de paz, se pone en riesgo el proceso electoral y se vulneran los derechos de participación y financiación estatal de los candidatos a las 16 CITREP”, indicó.
En Algeciras, Huila, hay dos candidatos
En Algeciras (Huila), municipio en límites con Caquetá y que fue incluido en la Circunscripción Especial Transitoria No. 5, hay dos candidatos: María Rusdary Monje Sánchez y Fidel Lizcano Valderrama, avalados por la Corporación Municipal Agroecológica de Algeciras, Comunas. Ambos concentran su campaña solo en la zona rural de su municipio, ya que llegar a las 16 poblaciones de Caquetá es complejo por las distancias y la falta de recursos.
Según Monje Sánchez, la campaña se ha desarrollado en medio de condiciones normales y sin dificultades de orden público. Sin embargo, se queja por la falta de financiación estatal y el incumplimiento con los espacios en medios de comunicación, por lo que hacer campaña en el territorio es casi imposible. “Ha sido una campaña en la que he podido desplazarme sin inconveniente hasta donde he podido. Sin los aportes estatales ha sido muy difícil. Para acceder a esos recursos nos piden una póliza, que es imposible que las aseguradoras quieran expedirnos. Eso ha limitado los desplazamientos. Además, es muy poco para uno visitar los 17 municipios que componen la quinta circunscripción de Huila y Caquetá”, señaló.
“Es importante que la prensa y las autoridades investiguen la cantidad de candidatos, a los cuales las alcaldías municipales les están haciendo campaña vereda por vereda con líderes y funcionarios de las administraciones. Entonces, uno siente que la campaña no se está haciendo como dice el acto legislativo, es decir, libre, sin vinculación política de nadie, sin acuerdos con nadie, y lo digo por el municipio que yo represento que es Algeciras”, denunció la candidata María Rusdary Monje Sánchez. Sobre esta denuncia no se ha recibido mayor información.
Riesgo electoral en San Vicente del Caguán
La Personería de San Vicente alertó sobre el riesgo electoral que se registra en este municipio del norte de Caquetá, que tiene un amplio potencial electoral en la zona rural. “Esto se debe a que San Vicente ha sido históricamente un territorio geográficamente estratégico en el marco de la guerra, por eso tiene varios matices a diferencia de otros lugares del departamento”, señala el jefe del Ministerio Público, Herson Lugo.
El Personero recordó que en la jurisdicción del municipio operaron seis estructuras armadas de las Farc, entre ellas la columna móvil Teófilo Forero del Bloque Sur, al igual que los frentes Felipe Rincón y Yarí del Bloque Oriental, que se desmovilizaron en el marco del proceso de paz. Los sitios que quedaron sin presencia de la guerrilla, ahora son ocupados por los Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor), es decir, disidencias de las Farc, cuyos miembros no se acogieron a los acuerdos de paz y volvieron a las armas. Allí opera la estructura Miller Perdomo o Frente Carolina Ramírez, que hacen presencia en la zona plana del municipio, mientras en la zona de cordillera están los integrantes de la Nueva Marquetalia.
La amplia presencia de grupos de disidencias, sumado a otros factores como el aumento de cultivos de uso ilícito, genera un inminente riesgo a la contienda electoral. “Hemos alertado sobre esa situación ante varias instancias. Es importante tener en cuenta todos estos factores que se suman a conflictos socioambientales, que generan preocupación de cara a la elección”, agregó el Personero de San Vicente del Caguán.
A días de las elecciones, la campaña para un tercer Representante a la Cámara por Caquetá se desarrolla en medio de las dificultades, donde la mayoría de candidatos siguen trabajando con las uñas. Hacen lo posible para buscar el respaldo de los electores de las zonas rurales, muchos de los cuales no tienen idea de que el 13 de marzo podrán elegir a un congresista que representará a las víctimas. El conflicto armado en esta zona dejó casi 200.000 víctimas, según la Unidad para las Víctimas territorial Caquetá, con corte a diciembre de 2021, la mayoría desplazadas que viven en Florencia y otras ciudades del país. Pese a esta cifra, paradójicamente muchas no tendrán la posibilidad de ejercer el derecho al voto para elegir quién lleve sus necesidades al Congreso.
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