Cárceles de Manizales: hasta la fecha, con tres casos positivos

“Don Jairo, ¿qué hacemos, pues, con usted?”, le preguntó Neveth Alfredo Londoño Cano, director de la cárcel La Blanca de Manizales, a este interno, de 73 años, del patio quinto del centro penitenciario. “Pues máteme”, respondió entre risas y lamentos el adulto mayor, quien sufre una enfermedad respiratoria que lo obliga a estar conectado a una pipa de oxígeno.

Jairo se siente en grave peligro por su condición clínica, más desde que se conoció, el 9 de agosto, el primer caso de COVID-19 en ese centro penitenciario. Se ha hecho lo posible por ponerlo a salvo del contagio, pero situaciones de su pasado no lo permiten.

Llegó el 30 de enero del 2014 a La Blanca para cumplir una condena de 10 años y 4 meses por acto sexual agravado con menor de 14 años. Su condición de salud empezó a deteriorarse el 22 de diciembre del 2016 por su edad y síndromes acumulados en su vida. Entre 2014 y 2017 solicitó en dos ocasiones prisión domiciliaria por grave enfermedad, pero se la negaron porque en ese momento su dolencia no era tan grave, como se consigna en el historial de su proceso en la Rama Judicial. A principios del 2020 recayó y estuvo 25 días internado en el hospital Santa Sofía.

Assbasalud, entidad que presta el servicio de salud a los internos, lo tuvo 10 días más en su sede del barrio La Enea y después le adecuaron un cuarto-celda en el área de sanidad, con baño y conexión de energía para su oxígeno, dentro de La Blanca, durante 20 días, hasta el 25 de marzo que llegó la pandemia al país.

Esa misma semana tuvieron que pasarlo para un patio porque ese espacio que ocupaba se requiere para otros internos que salen de remisión y deben aislarse por 14 días a su regreso, por cuenta del coronavirus.

El director Londoño Cano le escribió el 4 de junio a un juez de control de garantías y medidas de seguridad de Manizales para que evaluara la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria para Jairo. Argumentó que, pese a que el delito que paga no permite beneficios, está de por medio la vida del detenido, pues la estructura de La Blanca es muy vetusta y en caso de un corte de energía no le funcionaría el respirador.

“Se avaló el beneficio, contactamos a la familia, pero su respuesta fue un rotundo no. ¿Por qué? Adujeron que no quieren saber de él porque está detenido por agredir a un integrante del hogar”, explicó el director.

Pero la búsqueda de una salida no quedó ahí. Por medio de la trabajadora social de la cárcel se habló con ancianatos, con Desarrollo Social de la Alcaldía, con Personería, pero por la pandemia las instituciones están a media marcha, no hay nuevos cupos o están frenados los convenios interadministrativos.

“Llevan conmigo en eso dos meses”, expresó el adulto mayor, a quien le cuesta hablar, pero sí puede caminar, aunque solo hasta donde se lo permita la manguera del oxígeno. “Los compañeros de celda están pendientes de mí –anotó–, acá tengo techo y comida”.

Este es el drama que vive durante esta cuarentena uno de los 1.189 internos de la cárcel La Blanca, centro que tiene capacidad para 670 personas, pero alberga una sobrepoblación de 519 reclusos (corte al 2 de septiembre).

Ninguno de los entrevistados por La Patria en las cárceles de hombres y de mujeres de la capital caldense quiso dar su nombre real. A ellos y a los directivos les preocupa que 1.639 personas, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), dieron positivo para coronavirus en 56 cárceles del país (corte al 25 de septiembre). De esos, 1.498 eran detenidos; 116, guardianes; 10, funcionarios administrativos y 15, guardias auxiliares.    

No quieren hacer parte de esa estadística de contagio o muerte que ya tocó al centro penitenciario de hombres, tras cuatro meses y medio de cuarentena. Se trata de un detenido de 28 años, del patio 2, que cumple una condena de 32 meses por tráfico de estupefacientes. Detectaron el caso luego de una salida del hombre a una cita médica. Antes de su retorno a la celda le hicieron la prueba y el domingo 9 de agosto salió positiva. Permaneció aislado en sanidad, como ocurre con quienes salen de la cárcel a controles médicos. Se evalúa si pudo contagiar a otras personas y cuál fue el posible foco.

Según reporte del Inpec, este centro reporta otro nuevo caso el 25 de septiembre y dos en el centro penitenciario de mujeres.   

Pese a estos tres casos activos, en La Blanca y Villa Josefina (cárcel de mujeres) encontramos más historias, aunque es evidente que se trabaja por la protección de los detenidos ante posibles contagios.

 

Más historias

 

Fotos / Cortesía Inpec / LA PATRIA
En la imagen se evidencia la entrega de tapabocas a los internos de la cárcel La Blanca de Manizales.

A Pedro le preocupa su salud. Desde el patio 5B, destinado en el 95 % para exfuncionarios detenidos (tiene 45 detenidos, según un guardián), narró que durante lo que va de la pandemia le han dado un solo tapabocas que, según él, debe lavar para que le rinda.

A Jorge, del pabellón 3, le toca ingeniárselas para protegerse del coronavirus. Como no ve apto reusar el tapabocas que le entregaron, corta pedazos de un yin, usa hilo y aguja y arma con esta tela una improvisada protección.

Luis, del patio 2, desmiente a los anteriores compañeros de reclusión. Explicó que cada semana les entregan un tapabocas. Incluso, que tiene cuatro guardados para cuando necesite. “Lo que pasa es que los que han entregado son de esos lavables”, indicó.

Un guardián de La Blanca, que prefirió omitir su nombre por seguridad, enfatizó en que a todos los internos se les entregaron tres tapabocas lavables y jabón, que deben usar cuando salen del patio a cualquier actividad. “Cuando van a remisión médica se les da uno desechable. Dependiendo del sitio donde estuvieron deben hacer cuarentena al regresar, en el área de sanidad, que se ubica en recepción. Aguas de Manizales realizó unas adecuaciones para tener agua disponible para el lavado de manos en todos los patios y la intermitencia en el suministro se solucionó. Al volver de la calle cumplimos todas las medidas de bioseguridad”.

Desde Villa Josefina

Su condena es de 64 meses y desde el 18 de abril, que le fue concedida la prisión domiciliaria, no ha recibido ninguna visita del personal carcelario de Villa Josefina porque, según ella, no está permitida: la prioridad es evitar contagios.

“En una visita cualquiera podría contagiarse y llevar el virus a la cárcel. Lo que sí hacen es que nos llaman frecuentemente. Además, al salir del centro penitenciario me dieron elementos de bioseguridad como tapabocas y algunas recomendaciones de autocuidado”, expresó la mujer.

Al preguntarle si ha tenido alguna dificultad con la atención en salud, respondió que es beneficiaria de la EPS de su esposo y que a la hora de solicitar citas se las han asignado sin problema.

A diferencia de ella, la esposa de Gustavo López, una venezolana que está en libertad condicional desde el 28 de abril, alcanzó a estar dentro de la cárcel durante la pandemia. El hombre afirmó que cuando logró visitarla los protocolos de seguridad no eran demasiado estrictos y que al conocerse la situación de la cárcel de Villavicencio, que en mayo alcanzó 900 contagios (hasta el 25 de septiembre registraba solo 3 casos), cancelaron las visitas en Villa Josefina, como medida preventiva.

Al no estar afiliada a una EPS, ella recibía los servicios de salud dentro del centro penitenciario, donde purgó tres años de su condena. Pero, de acuerdo con Gustavo, la atención no fue la mejor, a pesar de que debía cumplir una dieta estricta, que, aseguró, nunca se cumplió.

“Fue operada de una peritonitis y de ahí se le desprendió un problema de gastritis severo. No me cumplieron la tutela, pero tampoco interpuse desacato. No tenemos Sisbén, mi esposa mantiene mal del vientre. La tengo demasiado enferma. Mi suelto es de $ 25.000 diarios, de lunes a viernes, y con eso toca defenderse”, contó.

Las acciones

El gel antibacterial también hace parte de los nuevos elementos de bioseguridad que recibieron los internos.

“Los auxiliares entregan gel, a veces, en los patios. En los talleres de sastrería algunos compañeros elaboran tapabocas y los venden a $ 2.000 o a $ 8.000, dependiendo de la calidad. Nos toca esperar a que las familias nos manden esos elementos por encomiendas. Llegan y luego nos los entregan. Hace dos meses dejaron entrar implementos de aseo y ahí las esposas nos anexaron lo de bioseguridad. Junio y julio fueron difíciles”, contó otro interno de La Blanca.

“A los que son de otros departamentos y no tienen familia les compartimos tapabocas cuando se puede, pues esos lavables duran poco. Pusieron mangueras para lavado de manos, pero a veces están sin agua. Eventualmente dan gel y jabón para quienes permanecen en los talleres. Estamos esperando unas ayudas que, dicen, mandará la Gobernación”, dijeron desde el patio 5.

Desde el 3 añadieron: la gente teme ir a remisiones médicas, pues la condición es que al regresar deben aislarse 14 días en el área de sanidad.

“Nos da miedo exigir, pero las familias sí lo hacen. Muchos salen a los patios sin tapabocas, aunque es obligatorio, y por eso tomamos medidas como limpiar los teléfonos. El director indicó que hay un hangar, que se usa como parqueadero, y podría ser utilizado para pacientes. También el patio 4, pero no cuenta con techo. A los guardianes se les ve mucho en las calles, según nuestras familias. Dios nos coja confesados”. El Inpec aseguró que cuando los guardianes entran de nuevo a laborar cumplen con todas las medidas de seguridad y para ello les instalaron los elementos requeridos.

Control

Entre el inicio de la pandemia y el 2 de septiembre la Personería de Manizales recibió dos denuncias, una de cada reclusorio, en las que privados de la libertad manifestaban que el personal carcelario no contaba con los elementos de bioseguridad necesarios para evitar la propagación del virus.

Fernando Arcila Castellanos, jefe de esa dependencia, explicó que hubo un amotinamiento el 2 de abril a las 3 p. m., en La Blanca, que no generó estragos por la intervención del Esmad y la Policía, y que ante esa denuncia se contactaron con el Inpec, que les respondió que al no registrar casos de la COVID-19 no se les entregaban a todos elementos de protección, pero que “sí implementaban estrategias de bioseguridad para una mejor asepsia”.

Sobre el centro de mujeres recibió una queja el 20 de mayo por falta de elementos de protección y de bioseguridad. “Fuimos el 25 de mayo y varias internas nos dijeron que la situación había mejorado, pero que tenían un lavamanos dañado e hicimos los requerimientos para que lo arreglaran. Ya lo hicieron”.

Durante una sesión virtual del Concejo de Manizales, el 6 de julio, Fran Mauricio Salazar, presidente seccional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, expresó que le preocupa el hacinamiento de la cárcel La Blanca.

“Donde ingrese esta pandemia sería una catástrofe. Los funcionarios somos conscientes de que podemos llevar el virus, pero somos juiciosos. Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) nos dieron un traje de bioseguridad, cinco tapabocas y guantes. Gel y alcohol glicerinado ha sido de bolsillo de nosotros, hacemos colectas”.

El obispo fray Juan Torres, de la Fundación Orden Franciscana de la Divina Compasión, que en épocas normales visita a los detenidos, aseguró que familiares de algunos les han dicho que la atención preventiva ha sido buena, que obviamente no pueden cambiarles los tapabocas diario o semanal, pues en este momento no hay visitas, pero que las medidas sí son más extremas con los guardianes, que entran y salen, y con los internos que son sacados por remisión.

Hasta el 5 de agosto había 1.113 internos en La Blanca, según el director: 282 en el patio 1, 291 en el 2, 243 en el 3, 14 en el 4 (los llamados rancheros), 228 en el 5A, 42 en el 5B, 9 en extramuros (duermen en la granja porque allí descuentan pena) y 4 en recepción (espacio adecuado para cuarentena porque salieron a cita médica). Del total, 221 son sindicados y 892 condenados.

Ayudas

La esposa de un interno, al que en junio le dieron detención domiciliaria, manifestó que ha querido colaborar para el patio donde estaba su pareja, con la entrega de tapabocas, pero ha sido muy difícil que le reciban la ayuda.

El guardián del Inpec explicó que se adelanta un trámite interno, pues las ayudas que llegan de afuera entran a un almacén como donación. “Deben quedar registradas, se desinfectan y pasan a cuarentena de dos semanas. Luego se distribuyen”.

La coronel Claribel Idrobo, directora regional del Eje Cafetero del Inpec, destacó el trabajo adelantando en las dos cárceles de Manizales. Atribuyó ese resultado a la atención que reciben los internos e internas a través de Assbasalud, tres veces a la semana, cuatro horas diarias (martes, miércoles y viernes). El grupo de profesionales lo integran médico, odontóloga, auxiliares de enfermería y de odontología. Hay una enfermera jefe contratada por la Fiduprevisora (sociedad de economía mixta, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público) para el suministro de medicamentos y atenciones de promoción y prevención. 

El modelo de atención en salud para la población privada de la libertad está regulado por la Resolución 3595 del 2016, del Ministerio de Salud. En ella se detalla que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) es la encargada de suministrar el servicio en coordinación con el Inpec. Por ello, a través de Fiduprevisora, la Uspec contrató en Manizales a Assbasalud.

“Se les capacita en hábitos saludables como lavado de manos y se les habla sobre la COVID-19. Además, se adelantan brigadas de inservibles, aseo y desinfección. Les entregamos tapabocas, jabón de manos, gel antibacterial y se adelanta protocolo de desinfección a la entrada y salida de funcionarios. Hay telemedicina”, aseguró la coronel.  

Sobre los recursos que se invierten en ambos centros de reclusión, explicó que el presupuesto se asigna a la regional y no a ciudades, por lo que las inversiones se adelantan a medida que se requieran. Resaltó el apoyo de la Alcaldía de Manizales y de la Gobernación de Caldas.

“Seguimos con las charlas, capacitaciones en los patios, limpieza y lavado de manos, tamizaje diario en sanidad, entrega de elementos de bioseguridad y se evita al máximo el contacto entre privados de la libertad”, dijo la funcionaria.

Donatón

Foto / Cortesía Gobernación de Caldas / LA PATRIA
Parte de los implementos recolectados durante la campaña de donación para los detenidos.

Jhon Jairo Castaño, secretario de Gobierno de Caldas, explicó que se aprobó un plan de acción para evitar la propagación del virus y se establecieron cinco contratos para satisfacer las necesidades de los nueve centros carcelarios del departamento.

“Son para el suministro de termómetros, elementos de aseo para personal de cárceles e internos, elementos de bioseguridad, guantes y termómetros. Este último por valor de $ 122 041 000. En cuanto a las dos cárceles de Manizales, se entregaron 128 pares de guantes de nitrilo, 40 termómetros digitales, 13 toallas de color natural, 880 máquinas de afeitar, 177 tapabocas quirúrgicos, 40 batas de seguridad desechables, entre otros”.

Añadió que se trabaja en la adecuación de un lugar de aislamiento para pacientes de la cárcel de hombres, por lo que aportaron materiales para su construcción.

Sin embargo, consideró que lo entregado no es suficiente y por eso esta dependencia lidera desde el 17 de mayo una campaña de donación para los detenidos, pues ante la ausencia de visitas de familiares, requieren elementos de aseo y bioseguridad.

“Para Manizales, el Gobierno entregó 350 kits, a nombre de la Primera Dama y Confa (Caja de Compensación Familiar de Caldas), 144. La empresa de Jabonerías Hada, 12 000 jabones y hay otras cuatro donaciones anónimas. El 15 de agosto terminó la campaña en todo Caldas. Recaudamos 2.097 97 kits de aseo, 576 de bioseguridad y 10 992 jabones. La Blanca recibió 300 kits de prevención y 3.000 jabones. Villa Josefina obtuvo 160 kits de aseo. Para el resto del año contamos con $ 101 500 000 de presupuesto para inversión en todas las cárceles”.

Patricia del Pilar Ruiz Vera, saliente secretaria de Gobierno de Manizales, dijo que la Alcaldía tiene previsto desde enero un presupuesto de $ 61 000 000 (46 millones para La Blanca y 15 para Villa Josefina).

“Es para suscribir un convenio de integración de servicios con el Inpec y dotar a esos establecimientos de los elementos necesarios para atender la demanda de los sindicados. El proceso contractual se encuentra en construcción”, aclaró.

La funcionaria manifestó que este año han entregado elementos de bioseguridad: 10 computadores para que se comuniquen por videollamada con las familias, 24 monogafas, 2.500 tapabocas convencionales, 2.000 unidades de papel higiénico, 275 pares de guantes de nitrilo, 10 galones de alcohol glicerinado, 60 jabones líquidos, 10 canecas de cinco galones de hipoclorito al 13 %.

Además, 40 jabones antibacteriales, 4 bultos de detergente, 12 pares de guantes de poliuretano, 10 pares de polainas, un pato hospitalario para mujer, 60 sábanas desechables para camillas, 100 bolsas rojas para desechos, tres canecas de 60 litros y 10 caretas de protección.

Para adecuar el patio 4 con el fin de aislar allí posibles casos de la COVID-19, se entregaron 61 tejas proteja, 16 claraboyas, 22 caballetes fijos, 10 discos de corte y soldadura, 40 perfiles y 400 amarres, gestionados a través de la gerente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Natalia Yepes Jaramillo.

Sin virus, pero con otras patologías

Algunos privados de la libertad padecen comorbilidades, es decir, presentan enfermedades que asociadas a la COVID-19 podrían complicar una recuperación en caso de resultar algún positivo.

Vicente Aguirre Arango, epidemiólogo de Assbasalud, entidad que presta el servicio de salud en ambos centros penitenciarios, indicó en un informe presentado a ese centro de salud que hay 100 pacientes identificados con patología precursora, o sea, con hipertensión arterial, diabetes mellitus y con ambas patologías, 7 entre los 20 y 34 años, 78 entre 35 y 64 años y 15 entre los 65 y 84 años.  

Asimismo, se tienen 14 pacientes con diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en tratamiento: 12 hombres y 2 mujeres.

La también epidemióloga Luz Stella Rivera Salazar, de la Secretaría de Salud de Manizales, manifestó que desde el 2017 se le hace seguimiento a la tuberculosis, pues ese año se registró un brote con 21 casos diagnosticados en la cárcel de hombres.

En el 2018 la cifra fue de cinco y por primera vez se presentó un caso en la cárcel de mujeres. “El año pasado tuvimos siete casos en la cárcel de hombres y este año, hasta la fecha, solo un caso en el mismo reclusorio. Todos han tenido acceso al tratamiento y se ha hecho seguimiento por el programa municipal de control de la tuberculosis”, dijo.

Agregó que cada mes capacitan a internos sobre infecciones respiratorias al igual que al personal de guardia, administrativo y de servicios generales, con el fin de hacer diagnósticos oportunos y frenar la cadena de transmisión en ambas cárceles, así como en las estaciones de San José y de la Sijín (centros de detención transitorios o temporales), donde también hacen actividades de educación en prevención, síntomas, manejo y tratamiento de la tuberculosis.

 

Más datos

A esta información se le suma la aportada por Luz Marina Duque, directora de la cárcel de mujeres Villa Josefina, que alberga a 171 internas (105 condenadas y 66 sindicadas).

Según ella, 26 padecen comorbilidades y, por eso, están separadas en sus respectivas celdas. “Todos los días tienen chequeo con la Secretaría de Salud, control mensual, se les entregó tapabocas, se les suministra jabón para que se laven las manos y lo hagan mínimo siete veces al día”, aseguró.

Agregó que por orden de los jueces de control de garantías a tres se les permitió cumplir su condena en casa mientras pasa la emergencia sanitaria, pero que no hay un sitio de aislamiento adecuado en caso de que alguna enferme por la COVID-19.

 

Cuidados

Ricardo Castaño, gerente de Assbasalud, dijo que desde julio del año pasado prestan el servicio en salud de baja complejidad a las cárceles de la ciudad. Uniendo los dos centros penitenciarios atienden a 1.300 internos, entre hombres y mujeres, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 5:30 p. m.

No obstante, no hay servicio de urgencias 24 horas porque se basan en un estudio de oferta y demanda que no justifica tener un médico nocturno. Por eso, luego de las 5:30 p. m., el servicio de urgencias se atiende fuera de la cárcel, en las sedes de la entidad ubicadas en los barrios San Cayetano y La Enea.

“Si aumentara la demanda, por ejemplo, de 15 a 20 casos todas las noches, se hablaría con la Fiduprevisora para contratar un médico. El horario de atención se estableció por un estudio que hicieron el Inpec y la Uspec”, explicó.

Aseguró que el puesto de salud que funciona intramural cuenta con 12 horas de médico en el día, ocho horas de odontólogo, higienista oral, dos enfermeras, una auxiliar de farmacia y una auxiliar de servicios generales.

Según Castaño, Assbasalud no está en la obligación contractual de suministrar a los internos elementos de protección personal, aseguró a mediados de la cuarentena que los pacientes no tenían la más mínima posibilidad de contagiarse, debido a la suspensión de visitas y porque el Inpec, a través de sus guardias, cumplía con todos los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, ya hay un caso positivo en la cárcel La Blanca y otro en la cárcel de mujeres

“Hacemos campañas de educación y de prevención relacionadas con la pandemia. En caso de salir, el paciente es trasladado con todas las normas de bioseguridad y si es sospechoso es responsabilidad del Inpec garantizar el sitio para ser aislado”, apuntó.

Según el informe del epidemiólogo Vicente Aguirre Arango, presentado a Assbasalud, desde julio del 2019 hasta junio del 2020, 3.862 privados de la libertad de las cárceles de la ciudad acudieron a consulta médica por primera vez (141 hombres y 721 mujeres), 572 fueron por odontología (406 hombres y 166 mujeres) mientras que 73 solicitaron consulta de enfermería (5 hombres y 68 mujeres).

Otro panorama

El panorama para la población sindicada afiliada al régimen contributivo (cuando la persona hace su propio aporte económico para la salud) es diferente. De acuerdo con el concejal Cristian Pérez, del Partido ASI, en Manizales estos internos están desamparados por las EPS, porque a la fecha no reciben ninguna prestación en salud. De ellos, 118 son hombres y 12 son mujeres.

Añadió que es inaudito que 130 internos no cuenten con atención en salud en tiempos de pandemia. “Si en condiciones normales para cualquier persona se dificulta el acceso, imagínese lo que es para una persona que está privada de la libertad, las EPS se desentendieron de ellas, no tienen ninguna atención primaria. Los otros internos sí tienen una atención básica, médico general, psicólogo, odontólogo, nutricionista”, aseveró.

El abogado Carlos Andrés Vivas Castellanos, de la subdirección de prestación de servicios y aseguramiento de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), expresó que estas personas pertenecen a EPS como Coomeva, Sura, Asmet Salud, Sanitas, entre otras y que por ello se reunieron la semana del 20 de julio con los directores de las cárceles, el personero municipal, un delegado del Ministerio y con las EPS con el objetivo de fortalecer algunos canales de la prestación del servicio.

“La idea es saber qué personas necesitan algún servicio en la prestación de salud y que no se presente alguna demanda por el descuido de estas EPS al no tener en cuenta este grupo poblacional. Lo que concretamos es que las EPS deben construir un grupo adicional para atender y hacer seguimientos entre los 10 y 15 días siguientes. Vamos a prestar, entre Personería y la Dirección Territorial, seguimientos en salud de esa población interna con unas plantillas especiales que ya se diseñaron y se les entregarán a las EPS para que le hagan el trámite en salud a cada paciente”, explicó.

De acuerdo con lo informado, estas 130 personas están divididas en tres grupos. El primero reúne a los que están bien; el segundo, a los que presentan enfermedades crónicas y, por ello, deben ser atendidos y tener seguimientos constantes porque hay oncológicos y enfermos renales. El tercero es de personas que padecen de diabetes e hipertensión arterial.

“A ellos hay que ponerles cuidado, que estén medicados, que tengan controles y seguimientos porque ahí es donde el virus puede incidir fuertemente y causar un daño irreparable. Presentaremos un informe y revisaremos cada caso. Esta fue la forma que encontramos para solucionar el problema de fondo”, aseveró.

El personero de Manizales agregó que la falla en el servicio de las EPS radica en que no existía un canal de comunicación entre ellas y los directivos de las cárceles.
“Logramos que los directores conocieran la ruta de comunicación con los encargados de las EPS para hacer los trámites requeridos por cada interno, pues antes el recluso tenía dificultades porque el canal de comunicación se quebrantaba. Hasta hoy 2 de septiembre no hemos vuelto a recibir quejas. Además, acompañamos con asesoría jurídica y verificaremos los compromisos”, dijo.

Los reclusos y reclusas siguen abonando a sus penas y cuidándose. Rezan para que el virus no se propague más en sus cárceles, pues saben que podría generarse una emergencia. Jairo continúa esperanzado en decir algún día: ¡condena cumplida!

Desde la Entidad Promotora de Salud (EPS)

Las directivas de Sanitas informaron el 10 de septiembre que tienen afiliadas a tres personas de esa población a las que les prestan el servicio en salud de manera domiciliaria y que, por el momento, no han tenido inconvenientes.

Ana María Correa, gerente regional de Asmet Salud, manifestó que la ruta que implementan con los privados de la libertad primero pasa por Assbasalud, pero que en caso de recurrir a un especialista Asmet Salud se encarga de prestar el servicio de manera presencial si es el caso o a través de telemedicina.

Coomeva, por medio de un comunicado, indicó que para el acceso de los usuarios privados de la libertad el contacto con la IPS Básica Sinergia lo realiza la penitenciaría, el usuario o su familia utilizando canales como la línea de Whatsapp, página web de la entidad o una aplicación móvil.

“La atención que reciben de acuerdo con el caso puede ser presencial en la IPS Básica, por teleconsulta o domiciliaria (antes de la pandemia). Para la contingencia COVID Coomeva EPS envío a los correos oficiales solicitud de base de datos para la programación de la toma de muestras, adicionalmente, en reunión programada por la Personería se estableció ruta y manejo de la contingencia, la cual se está realizando tal cual se planteó. Cabe mencionar, que a la fecha, Coomeva cuenta con 2 usuarios privados de la libertad”, manifestaron.

Añadieron que como plan de mejora en la comunicación programaron desde el área de Servicio al Cliente el envío periódico de forma mensual de información de horarios y modalidades de atención y cambios que puedan surgir.

Sura, también por comunicado, dio a conocer que como organización se ha empeñado en fortalecer el modelo de operación con el fin de encontrar alternativas a los retos exigidos por la pandemia.

“En EPS SURA identificamos 18 afiliados en el centro de reclusión para hombres y 2 afiliadas en el centro de reclusión de mujeres. De la mano de los demás actores del sistema, nos comprometimos con adelantar alianzas interinstitucionales necesarias para ajustar las rutas de atención y asegurar los procesos de atención médica y dispensación de medicamentos de la manera más expedita posible”.

También especificaron que el área de sanidad de todas las instituciones carcelarias tiene enlace directo con el equipo de Acceso y Beneficio para gestionar las necesidades de esta población.

“En promedio se programan entre 700 y 800 consultas mensuales, pero muchas no se realizan, a pesar de estar agendadas. Hay entre 15 % y 20 % de incumplimiento, unas 150 consultas se pierden por problemas administrativos de la cárcel como requisas, operativos, entre otros”. Ricardo Castaño, gerente de Assbasalud.

 

Uno en cuatro meses y medio

El caso reportado el 9 de agosto de la cárcel La Blanca fue el primero en cuatro meses y medio de pandemia. Se trata de un hombre de 28 años, quien consultó en el SES Hospital de Caldas por una infección urinaria. Tras regresar del centro asistencial entró en aislamiento hasta que se conoció que la prueba a la que había sido sometido salió positiva. El paciente estuvo con síntomas leves y en cuarentena en la dependencia de sanidad, allí también hubo tres internos más que, por reglamento del Inpec, estuvieron aislados durante 14 días por haber salido a citas médicas.

Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales, manifestó que el 9 de agosto un Equipo de Contención de la pandemia (ECO) verificó las condiciones de aislamiento y cuáles son los asintomáticos. Añadió que la Empresa metropolitana de aseo (Emas) hará labores de aspersión. Asimismo, Fernando Arcila, personero de Manizales, solicitó que se les tomen las muestras a las personas que tuvieron contacto con el interno que resultó positivo, para evitar una propagación del virus.

Esta investigación es resultado de la convocatoria Becas CdR 2020 de Consejo de Redacción.