Clanes políticos tras la curul de paz de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá

No obstante, Luis Fernando Lara Vásquez, también candidato a las curules de paz y víctima de la violencia paramilitar hace 30 años, agregó elementos a la polémica. Denunció en enero pasado que la sede de la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas en Valledupar funcionaba en un edificio de Ana Carolina Vélez Salgado, exesposa de Jorge 40. Sin importar las explicaciones de la Unidad de Víctimas sobre cómo terminaron en ese inmueble, Lara pidió el traslado de la entidad, al creer un atentado contra la dignidad de las víctimas el tener que ir justo a esa edificación a reclamar sus derechos.  

Frente a la candidatura de Tovar Vélez, el senador Antonio Sanguino radicó el 12 de enero de 2022 una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para revocar su inscripción, alegando que no reúne los requisitos de elegibilidad. "Pese a los crímenes de Jorge 40, su hijo ha sostenido públicamente que su padre es un preso político. Esto crea conflicto de interés en la eventual representación como congresista, en especial, de los derechos de las víctimas del Bloque Norte de las Auc", dijo Sanguino en el documento. El CNE tomó la decisión el 12 de febrero de 2022 de mantener la candidatura de Tovar, pero aún no está en firme, porque el senador Sanguino presentó un recurso de reposición.

Otro candidato cuestionado en el Cesar es William Alfonso Romero Ovalle, avalado por la Asociación Alianza por la Vida, a quien le enrostran su cercanía con el clan Gnecco, liderado por Cielo Gnecco. Ella heredó la estructura política de su hermano Jorge, la cual tiene influencia en la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y en el Congreso con dos senadores (Alfredo Gnecco y Didier Lobo), y dos representantes a la Cámara (Eloy ‘Chichí’ Quintero y Alfredo ‘Ape’ Cuello). Como dato particular, Romero Ovalle es amigo personal del exgobernador del Cesar,  Luis Alberto Mosalvo Gnecco (hijo de Cielo), quien enfrentó un proceso ante la Corte Suprema de Justicia por un  supuesto caso de  corrupción al sufragante registrado en 2011. En primera instancia el alto tribunal lo condenó en julio de 2020, pero meses después revocó la decisión. 

Prueba de esta cercanía es que, no solo apoyó las dos campañas (2011 y 2019) de Molsalvo, sino que hizo parte de su equipo su empalme. Además, fue el gerente de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras en el Cesar y promovió listas al Senado y la Cámara en las elecciones de 2018. A miembros del clan Gnecco los han denunciado por vínculos con paramilitares, posibles desvíos de recursos públicos y hasta homicidio, según investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). 

Pero este no es el único candidato a las curules de paz que tendría grupos políticos tradicionales detrás. Otro que señalan en la región es a José Sebastián Ochoa de la Hoz, avalado por el Consejo Comunitario Afrocolombiano Marcelino Ochoa Álvarez, quien asegura ser víctima, debido a que miembros de su familia fueron secuestrados por la guerrilla. No obstante, es alguien con probados nexos políticos. Es sobrino del exalcalde de Valledupar (1995-1997 y 2001 -2003), Elías Ochoa Daza, condenado a seis años de cárcel por irregularidades en contratos durante su primer mandato.

Además, según medios de Valledupar, actualmente tendría respaldo del grupo político del exrepresentante a la Cámara, Pedro Muvdi, capturado en 2014 y condenado en 2017 por la Corte Suprema a 13 años de cárcel por nexos con el Frente Mártires del Cacique del Valle de Upar, del Bloque Norte de las Auc, que comandaba Jorge 40. Adicionalmente, pese a haber estado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recientemente lo expulsó por faltar a la verdad.  

Aunque dicho grupo perdió fuerza en el Cesar, tras la captura de Pedro Muvdi, su hijo Fawzi Muvdi Anillo trató de mantenerlo vivo tras aspirar a la Cámara, por el Partido de la U en 2018, con el apoyo del Clan Gnecco. En la actualidad, el grupo lo lidera el exconcejal de Valledupar, Gabriel Muvdi, hermano de Pedro, quien ha expresado su apoyo a Ochoa en redes sociales (1, 2 y 3).  

Otro candidato que tendría vínculos con la política tradicional es Pedro Norberto Castro Araújo, hijo del fallecido exsenador Guillermo ‘Pepe’ Castro Castro y tío del actual alcalde de Valledupar, Mello Castro González. Su condición de víctima la sustenta en su secuestro en 1991, a manos del frente Camilo Torres Restrepo del Eln. Aunque también asegura haber sido víctima del Bloque Norte de las Auc en 2002, cuando aspiró a la Cámara en fórmula con Juanita Ramírez y el jefe paramilitar Jorge 40 le dijo que no podía postularse a esa elección.

En la trayectoria de Castro Araújo también está que fue precandidato a la Alcaldía de Valledupar en 2015, por el movimiento significativo de ciudadanos Energía Vallenata; cónsul de Roma, en el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez; su militancia en el Centro Democrático, partido al que le pidió aval para aspirar al Senado, y su nombramiento en 2019 como veedor del partido en el Cesar, para las elecciones locales de ese año. 

A estos aspirantes por la Circunscripción 12, finalmente se suma una candidata que está inhabilitada, información que se conoció tras la revisión de antecedentes disciplinarios hecha  por la Procuraduría General de la Nación para ocupar cargos públicos. Se trata de Nurys Laudith Medrano Brito, avalada por la Asociación de Reforestadores y Productores Agropecuarios de la Troncal del Caribe, quien se inscribió en Magdalena. 

Su inhabilidad corresponde a una condena por peculado, que le impusieron en Santa Marta en el año 2005 y por la cual estuvo en prisión domiciliaria. Este dato se conoce al leer el expediente de una tutela que presentó el juez de ejecución de penas, Napoleón de Jesús Barraza, en medio de la investigación que le abrieron por el delito de prevaricato, al haberle otorgado 23 permisos a Medrano, entre 2005 y 2010, mientras cumplía su condena. 

Por los reparos a varios aspirantes fue que un grupo de candidatos de esta circunscripción envió una carta a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral solicitando el aplazamiento de las elecciones, al considerar que no contaban con garantías electorales, ni de seguridad. En su misiva señalaron que "existen candidaturas viciadas por conflictos de intereses, generados por vínculos de consanguinidad en primer grado con reconocidos victimarios y otras afinidades con el paramilitarismo protagonista del conflicto".  No obstante, su solicitud no prosperó.