Cuando respirar se hizo difícil: La maraña de los contratos para la compra de ventiladores

Por Consejo de Redacción

En la bodega de un coworking ubicado en el norte de Bogotá, se encuentran arrumados desde 2020 los elementos de la oficina de una empresa de transporte que se convirtió en importadora de equipos médicos durante la pandemia y obtuvo uno de los contratos de compra de ventiladores más costosos de Colombia, pero nunca cumplió. Y no solo eso, desapareció.

Turnkey Logistics Consultants SAS, nacida en 2016, obtuvo una contratación directa con la secretaría de Salud del Valle del Cauca en abril de 2020, gracias a los decretos de emergencia sanitaria que permitieron saltarse todo el esquema habitual de contratación pública. La empresa fue seleccionada para suministrar 300 respiradores pulmonares de las marcas Dräger (EVITA) o Eternity para el tratamiento de los pacientes afectados por el Covid-19 en el Valle del Cauca.

El contrato fue por 29 mil millones 595 mil pesos, es decir 6 millones 724 mil dólares. Cada respirador tuvo un costo de 98 millones 650 mil 126 pesos, equivalente a 22 mil 414 dólares. 

El contrato con Turnkey Logistics Consultants fue el mayor de todos los firmados por la gobernación del Valle al inicio de la emergencia, según verificó Consejo de Redacción de fuentes oficiales públicas.  Significó el 23% de la inversión hecha durante los tres primeros meses de la declaratoria. Entonces, no significó ninguna bandera roja aunque Transparencia por Colombia llamó la atención por el alto monto en uno de sus informes.  

La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, aseguró que cuando el departamento del Valle decidió iniciar el proceso de compra de ventiladores de manera individual, en marzo de 2020, el Ministerio de Salud no había ofertado aún la entrega de este tipo de equipos médicos. “Las estadísticas ya permitían calcular el déficit de ventiladores en el departamento y las proyecciones indicaban que la demanda de servicio de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) desbordaría la oferta. Era de público conocimiento la escasez en el mercado”, explicó ante la consulta de Consejo de Redacción.

Lesmes dijo que su equipo realizó un acercamiento a la red pública y privada de prestadores de servicios de salud de alta y mediana complejidad del departamento y con excepción de Fundación Valle del Lili, principal clínica privada de Cali, ninguno tenía la posibilidad de comprar los ventiladores o respiradores, pero sí podían abrir los servicios de cuidados intensivos si el ente territorial les dotaba de los equipos. Por eso, según la funcionaria, la Gobernación realizó el proceso de compra y selección a la compañía Turnkey Logistics Consultants SAS.

Sin embargo, la compañía no cumplió y dejó expuesto al departamento a no brindar  atención médica a los pacientes que requerían de un respirador para sobrevivir. 

De “entrega inmediata” a incumplimiento 

“Se aceptó la oferta de esta empresa porque fue el único proveedor que garantizó entrega inmediata. Esta empresa entregó documentos en que demostraba su trabajo con tres clínicas importantes del país en la venta de equipos médicos. Entregó constancia de la disponibilidad inmediata de los equipos en México y en Miami, y soportó el contrato de movilización de equipos a través de Avianca Cargo. Ningún otro proponente garantizaba la entrega inmediata. Su precio correspondía al promedio de las ofertas recibidas”, agregó la funcionaria.

Sin embargo, en el Sistema de Compra Pública de Colombia, Secop, no figura ningún contrato de Turnkey Logistics Consultants con hospitales públicos o entidades oficiales antes del contrato con la gobernación del Valle. 

En el estudio de mercado adjunto en el Secop, hay cinco empresas más que ofertan los ventiladores, todas más altas que Turkney pero ninguna registrada en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social que abrió convocatoria pública para recibir ofertas en el inicio de la pandemia.

El contrato no se cumplió en el plazo inicial ni en la prórroga que luego le fue autorizada. La empresa solo entregó 49 ventiladores de los 300 contratados.

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Para el 31 de mayo de 2020, en el Valle se habían confirmado 3.471 casos positivos de Covid-19 y 72 pacientes se encontraban en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); 163 personas habían fallecido. Dos meses después, 1.348 pacientes debieron ser atendidos en UCI y 963 personas habían muerto. 

Turnkey Logistics Consultants SAS no sólo no cumplió con el contrato, desapareció. Además, los datos oficiales no muestran la solidez de la compañía o de su oferta, como sostuvo la secretaria de Estado. 

Esta empresa fue matriculada el 13 de octubre de 2016 en Bogotá con actividades de transporte, representaciones en importación y temas relacionados a vehículos, pero nada parecido a suministros clínicos. Su actividad cambió un mes después de recibir el contrato de la Gobernación, tras una solicitud de su representante legal, Juan Alberto Duque, quien en 2022 no renovó la matrícula de la empresa, por lo que ya no existe legalmente. 

Los responsables de la compañía tampoco regresaron al coworking y nunca pagaron las deudas de arriendo, administración ni servicios. Por esa razón, afrontan una demanda y sus pertenencias están guardadas en una bodega, a la espera de ser rematadas como parte de pago. A ese sitio, según comprobaron los reporteros, continúa llegando la correspondencia de Turnkey Logistics Consultants SAS. Consejo de Redacción intentó comunicarse con la empresa pero los teléfonos y correos electrónicos que aparecen registrados no funcionan. 

Negocios en pandemia

Según el informe de la consultora EMIS, Turnkey reportó un aumento en sus ingresos netos de 151,34% en 2020 y sus ganancias netas se dispararon más del 250%. Su activo total registró un crecimiento de 956%. Antes de la pandemia, la compañía había registrado importaciones de alcohol etílico, biomasa y fertilizantes provenientes de empresas centroamericanas. 

Ante el incumplimiento del contrato, la Secretaría tuvo que realizar un trámite ante el Gobierno nacional y, como la mayoría de los entes territoriales, acudió al Ministerio de Salud para que tramitaran la compra de los ventiladores necesaria para responder al creciente número de pacientes necesitados de cuidados intensivos. El contrato con Turnkey Logistics Consultants SAS se liquidó con la entrega parcial y en vista del incumplimiento se aplicaron las pólizas y la aseguradora devolvió el anticipo entregado. 

Ventiladores inadecuados

Este no fue el único caso de incumplimiento de contratos entre los proveedores de respiradores en Colombia. En una investigación publicada por Consejo de Redacción en el especial “Tras la pista de los dineros del Covid-19”, se evidenció que al inicio de la pandemia, la Dirección Territorial de Salud de Caldas firmó un contrato por 721 mil 140 pesos (163 mil dólares) para alquilar 10 Unidades de Cuidados Intensivos (ventiladores, camas y monitores) con Importaciones y Distribuciones Quirumedic, una empresa de Ibagué. 

El equipo fue destinado al Hospital Santa Sofía, el más importante del departamento, que fue provisto de 10 ventiladores marca Versamed, modelo Ivent 201, que presentaban inconvenientes técnicos.

“No tenían compresor, no funcionaban automáticamente. Eran muy viejos, del año 90. No tenían las ventajas de los ventiladores nuevos en el mercado: no tenían una ventilación mixta, capacidad respiratoria para ventilar al paciente Covid ni Autoflow, que, en caso de que el paciente llegue a fallar o su diafragma se fatigue, hace la función del músculo diafragmático. Esa es su potencia”, explicó en ese informe el director del centro clínico, Carlos Piedrahíta.

La opacidad en la contratación Covid-19

La principal conclusión sobre la forma en la que el gobierno de Iván Duque manejó los dineros de la pandemia es la opacidad. La legislación colombiana permite utilizar fondos de emergencia que se activan ante cualquier evento trágico y que se replican de lo nacional a lo regional. 

A nivel nacional existe el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en cada municipio hay un sistema igual (definido por ley). Eso es lo que se activa cuando ocurren hechos como por ejemplo un sismo: de ese fondo se saca la plata para atender a las víctimas. Cuando se acaba la plata municipal se activa la nacional.

Este hubiera sido el modelo ideal para atender la emergencia ocasionada por el Covid-19; sin embargo, no fue así. Crearon nuevos fondos (alimentados a su vez por fondos ya existentes). El principal fue el FOME, Fondo de Mitigación de Emergencias, que tiene un modelo de financiación propio y terminó manejando el dinero con el que se compraron dispositivos médicos como los respiradores o ventiladores o las salas de cuidados intensivos, tan necesarias al comienzo de la emergencia. 

Los informes de Contraloría y otras organizaciones de la sociedad civil y universidades concluyeron que el manejo de los recursos no fue claro y que el dinero se invirtió mal (es decir, a destiempo, con retraso, entre otras observaciones).

Recién en marzo de 2021, un año después del inicio de la pandemia, el Ministerio de Hacienda publicó la primera versión de un documento titulado “Libro blanco”, con los reportes de gastos del FOME. Fue un primer corte de cuentas con los recursos ejecutados para atender la emergencia por el Covid-19 y tuvo luego 13 actualizaciones, la última del 5 de julio de 2022, pero con el mismo formato de la primera: sin detalles de cómo se gastaron más de 44 millones de millones de pesos destinados a la atención de la crisis; con cifras globales y sin información sobre los procesos contractuales o las compañías y empresas responsables de ejecutar y cobrar esos convenios. 

Según el “Libro blanco”, los recursos se distribuyeron en tres frentes: atención a la emergencia sanitaria, en el que se aprobaron 17 mil 672 millones de pesos; atención a la población vulnerable, con una inversión de 16 mil 377 millones de pesos; y el tercer eje es el de la protección del empleo, con 10 mil 317 millones de pesos.

Se lee en el “Libro blanco” que de los más de 17 millones de millones de pesos aprobados para la atención de la emergencia sanitaria, casi 10 millones de millones fueron para el financiamiento de las medidas dirigidas a la atención en salud en todo el territorio nacional, entre ellas la ampliación de la oferta hospitalaria: la compra de equipos biomédicos como ventiladores, monitores, camas hospitalarias, bombas de infusión, la adecuación de camas hospitalarias, unidades portátiles de rayos X, la dotación de elementos de bioseguridad, así como elementos de protección personal. En este último grupo se destinaron mil 581 millones de pesos.

Sin embargo, como en todas las demás cuentas no es posible saber cuál fue la inversión dirigida a cada ítem específico. Las cifras que se obtuvieron en esta investigación corresponden a lo que cada entidad solicitó de manera individual aunque se trata de fondos idénticos.

¿Quién paga?

El dinero para la compra de ventiladores o respiradores también circula por el FOME, el fondo creado para captar y desembolsar el dinero para la emergencia del Covid-19, y que fue financiado a través de préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

La junta directiva del FOME se reúne y analiza las solicitudes presupuestarias que le hacen las distintas entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que administra los contratos y el dinero para la compra de vacunas; el Ministerio de Salud, a cargo de implementos médicos y pruebas, entre otros; y las Fuerzas Militares, que también elevan solicitudes. 

Quien definió el número de ventiladores que se necesitaban fue el Ministerio de Salud y Protección Social, a partir de la evidencia científica y la experiencia en otros países. Así mismo, acordó conjuntamente con la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos los requisitos técnicos mínimos de los equipos a adquirir. 

Crédito: Sara Castillejo Ditta - Periodista de Datos