Curul de paz de Meta y Guaviare: entre la violencia, el optimismo de las víctimas y la falta de comunicación
La distancia de los puestos de votación, la falta de pedagogía sobre el proceso electoral y la violencia de las disidencias de las Farc obstaculizan la elección en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 7, conformada por ocho poblaciones del Meta y cuatro de Guaviare.
Autor:
Xiomara Montañez
La distancia de los puestos de votación; la falta de pedagogía sobre el proceso electoral, y la violencia de las disidencias de las Farc obstaculizan la elección en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 7 (CTEP 7), conformada por ocho poblaciones del Meta (Macarena, que son Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa) y cuatro de Guaviare (San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores).
Así lo señala Diego Alejandro Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia, de la Misión de Observación Electoral (MOE). Según la organización, 9 de los 12 municipios de la CTEP 7 presentan algún grado de alerta, en especial los que se ubican hacia la frontera con el río Guaviare como San José del Guaviare y la Macarena, donde el riesgo es extremo. Al extenderse hacia la franja del norte de la región, están en riesgo alto los municipios de El Retorno (Guaviare), Vistahermosa y Puerto Rico (Meta).
La falta de pedagogía para que las víctimas y las comunidades participen en el proceso electoral es otro de los lunares. Lo anterior se debe, como lo explica Rubiano, a que estas elecciones “se montaron casi que sobre la marcha”, ya con el proceso de elecciones ordinarias andando, en octubre del año pasado. Eso deja ver que “son normas que salen sin consideración y diálogo con los interesados. Esto generó problemas como los anticipos, la solicitud de pólizas y los requisitos para avalar las candidaturas, que se dieron en diciembre”.
La MOE también advirtió que, particularmente en esta circunscripción, los municipios son extensos y con un déficit de puestos de votación. Uno de los ejemplos más claros es Calamar (Guaviare), que pese a tener más de 200 kilómetros cuadrados, en el pasado proceso electoral solo tuvo el puesto de votación de la cabecera municipal. Rubiano explica que para estos comicios se crearon dos puestos nuevos, algo que “se acerca un poco a un proceso democrático para las personas de las zonas rurales, que son las que van a votar”.
Pese a estos hallazgos y los brotes de violencia, lo cierto es que los 20 candidatos continúan con su correría por ambos departamentos. Ellos en ocasiones se ven bloqueados por las disidencias de las Farc, en particular las asociadas a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordiscos (antes Frente Primero de esta guerrilla), y una incursión de las comandadas por alias Iván Márquez en el territorio conocido como la nueva Marquetalia.
Radiografía de algunos candidatos: ¿Quiénes son?
El cuestionado
Jorge Iván Duque Lenis, representante de la Macarena por Corporación de Desplazados Mi Consuelo Campesino (Miconcamp), es un administrador de empresas reconocido como sobreviviente de la masacre de Mapiripán en 1997, año en el que era mandatario encargado del municipio. En 2011 lo eligieron alcalde de la población, con el aval del partido de La U, pero al igual que su antecesora, Maribel Mahecha, y su predecesor, Alexánder Mejía Buitrago, lo investigaron por delitos contra la administración pública. Los hechos de una de esos procesos se remontan a 2015. De acuerdo con la Fiscalía, Mejía Buitrago celebró seis contratos, con recursos del municipio, por $5000 millones. En esto le dio participación a Duque Lenis y a 14 funcionarios más de la administración. En 2017 les dictaron medida de aseguramiento. Según la investigación del ente acusador, el dinero se usó para “comprar 137 estufas; 100 soluciones de agua potable, para familias del área rural de Mapiripán; la adquisición de utensilios o menaje para alimentación escolar, y la compra de una camioneta y 10 motos para la Policía”.
Aunque en septiembre de 2019, Duque Lenis fue destituido e inhabilitado por 16 años por la Procuraduría, al ser declarado en fallo de primera instancia responsable por los sobrecostos en la compra de los vehículos, tras la impugnación el organismo revocó la decisión el 19 de noviembre de 2020. Actualmente, según información de la Rama Judicial y el SPOA de la Fiscalía, en su contra se abrieron seis investigaciones de las cuales dos precluyeron y cuatro (1, 2, 3 y 4) aún aparecen activas, pero sin decisión definitiva, razón por la cual el candidato puede aspirar a la curul de paz.
Liderazgos femeninos en la región
María Cecilia Lozano Camacho, sobreviviente de la masacre de Mapiripán; desplazada por la violencia desde 1997, y líder social del Meta desde su retorno en 2002, es una de las que abandera la causa de la reparación colectiva y la restitución de tierras en la región. Con el respaldo de la Asociación de Mujeres Desplazadas (Asonudem), asegura que su reto en esta correría ha sido la pedagogía electoral, ya que antes de presentar sus propuestas le pregunta a la comunidad si sabe dónde puede votar.
Sobre la injerencia de partidos políticos en otras campañas a la curul de paz, comenta que es notoria. Sin embargo, “la gente no les cree a los políticos tradicionales, porque siempre los han engañado. Y eso, sumado a la inseguridad en la región, lo pone a uno en una doble tarea, porque toca explicar que nuestra campaña es por las víctimas”, explica esta líder.
Otra de las aspirantes es Paula Marcela Rojas Sotelo, de Miraflores, por la Asociación de Víctimas y Población Vulnerable La Libertad Guaviare- Vichada. Fue desplazada en 1990 y se radicó en Villavicencio. Con 32 años, es reconocida por su labor en organizaciones dedicadas a la defensa del medioambiente. Se formó en la Organización Colombiana Estudiantil (OCE); fue una de las líderes de la movilización en la Mesa Amplia Nacional por la Educación, y candidata a la asamblea del Meta, en 2015, por el Polo Democrático.
A la lista se suma la abogada y defensora de derechos humanos, Viviana Palacios Raigosa, por la Asociación por la Dignidad de las Víctimas (Asovipm). Es reconocida en el Meta por desarrollar proyectos con mujeres de distintas comunidades, incluso, excombatientes de las Farc. Sobre su campaña por el territorio dice que “la desesperanza de la población rural es un gran reto para la campaña”, pues no se puede desconocer que “se le ha incumplido tanto y por tanto tiempo a la gente de lo rural, que no les importa si hay o no elecciones”.
Ana Delia Cundumi, con el respaldo de la Asociación de Afrocolombianos del Guaviare, es otra líder que expone sus propuestas. Fue coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Guaviare y representante de su región ante la Mesa Nacional de Víctimas. Además, fue una de las participantes en la firma del acuerdo de paz. Comenta que ella “es una abanderada de la lucha de las comunidades” en los cuatro municipios del Guaviare, que integran la CTEP 7. Cuenta que no recibieron pedagogía de la Registraduría y que, incluso, aspirantes como ella tampoco recibieron formación sobre su participación como candidatos.
En medio de bloqueos y brotes de violencia de las disidencias de las Farc, los candidatos hacen correría por los municipios. Según la MOE, los territorios son extensos y con un déficit de puestos de votación.
De la mano de sus organizaciones
Efraín Silva Rodríguez, de 53 años, líder social y comunitario del municipio de Uribe (Meta), es candidato por la Asociación de Campesinos Productores Agropecuarios del Diviso (Acapradiv). Se destaca por desarrollar proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, otra de las cartas que, según él, juegan a su favor. “Cuando se firmó el acuerdo de paz, nosotros ya llevábamos un año de trabajo enfocado en la sustitución. Construimos esa propuesta con la población, pero el Gobierno no ha querido cumplirle a las familias”, según explica.
Silva Rodríguez —desplazado por la violencia— añade que se le midió a la candidatura, porque cree que es la mejor solución para darle voz a las víctimas y asegura que no hace campaña desde cero. “No vivimos cien por ciento en paz, pues existen lunares y brotes de violencia. Como candidatos, el riesgo existe. Yo tengo esquema de seguridad hace años. Somos víctimas, pero no hemos jamás abandonado el territorio en medio del problema”, comenta.
Con el respaldo de la Asociación de Campesinos Productores del Bajo Ariari, del municipio de Puerto Concordia (Meta), William Ferney Aljure Martínez, de 41 años, también aspira a la curul de paz de la CTEP 7. Su familia es reconocida por la muerte y desaparición de once de sus integrantes, en seis décadas de conflicto armado, en esa zona del país. Como lo ha contado en distintas entrevistas, uno de los episodios más dolorosos de su vida fue la tortura y posterior muerte de su mamá, en el 2000, a manos del Frente 40 de las Farc.
Su abuelo, el caudillo y militar Dumar Aljure, de los fundadores de las guerrillas liberales en los Llanos Orientales en la época de la violencia bipartidista, fue asesinado por el ejército en abril de 1964. Como lo ha relatado Aljure Martínez, junto a su abuelo desaparecieron su abuela Ana Feliza Peña y tres de sus hijos, entre esos una tía de tres años. Actualmente, tiene 41 años y vive en el municipio de Mapiripán. El 2 de agosto de 2021, en el Congreso, intervino en la audiencia pública sobre las curules de paz, donde expresó su preocupación por los señalamientos como “guerrilleros de las Farc” a los miembros de organizaciones y aspirantes, que hasta ese momento no estaban inscritos para participar y hacer campaña.
Preocupación por el presupuesto para acceder a los territorios
A algunas candidatas como María Cecilia Lozano y Ana Delia Cundumi, les preocupa que la población no salga a votar. Además, que los pocos recursos invertidos en sus campañas —préstamos y ahorros—, no les alcancen, ya que no solicitaron el anticipo al Consejo Nacional Electoral, porque el proceso para hacerlo no fue claro. Efraín Silva Rodríguez fue otro de los aspirantes de los que no adelantó el trámite, pues asegura que él y los que lo apoyan son líderes campesinos, “no políticos”.
Los que sí lo hicieron en enero de 2022, como Paula Rojas Sotelo, a menos de un mes de las elecciones, no lo han recibido. Aunque radicó un derecho de petición el 18 de enero para conocer qué ocurría con el trámite de los anticipos para las curules de paz, recibió dos respuestas que no resolvieron su inquietud. Una, el 21 de enero, firmada por Ómar Hernández, director (e) del Presupuesto Público Nacional, quien le especificó que para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz de 2022 se aprobó un presupuesto por $55 105 334 541. La segunda, de Claudia Marcela Numa Páez, directora de Presupuesto Público Nacional, con fecha del 24 de enero, en la que decía que desde el 20 de enero la Registraduría ya contaba “con los recursos para financiar la necesidad que se plantea en su comunicación”. No obstante, nadie le dijo sobre cuándo les entregarían el dinero.
Pese a lo que ocurre en la CTEP 7, Diego Rubiano, de la MOE, concluye que el panorama es más favorable para la democracia que en otros períodos electorales. Como lo dejan ver los Mapas de Riesgo Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), presentado el 9 de febrero, en esta Circunscripción la participación pasó de un 35,65 % en 2010 a un 47,66 % en 2018. No obstante, “aún tenemos falencias en temas de acceso, de cubrimiento y que no tienen vías de comunicación”, señala el investigador.
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