En el Catatumbo, las víctimas ponen la lupa en los aspirantes

Rodeados del escepticismo que generan las candidaturas, cuyos partidos tradicionales como Cambio Radical, Liberal y Conservador les hacen el guiño; analizando y respaldando a aquellos con liderazgo comunitario, incluso, prestando atención a si los aspirantes conocen la Ley 1448 de 2011 o Ley de reparación integral a las víctimas, durante sus visitas a las veredas, las organizaciones acompañan el proceso y actúan como garantes para que los pobladores no pierdan la oportunidad de elegir.  

Daxar Bacca, coordinador municipal de la Mesa de Víctimas de El Carmen, dice que están “cansados de lo mismo y de los políticos tradicionales”. Añade que la mayoría habla de educación, salud y vías, pero “las personas están metidas en sus temas, en lo que les dejó el conflicto y el abandono del Estado. Muchos hijos de las víctimas solo quieren indemnizaciones; que les ayuden terminar su carrera universitaria, o que les den una casa. Algunos candidatos no tocan esos temas. Lo desconocen”, explica este líder social. 

Con o sin publicidad política, hasta los ocho municipios de la región de El Catatumbo —Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú— han llegado los candidatos. El potencial electoral en la región a 2018 era de 112 404 votantes, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, recopilados en un estudio realizado por la MOE. 

Algunos aspirantes, como lo cuenta Bacca, se han acercado a los líderes para hacer las convocatorias y otros lo han hecho por su cuenta. “Como Mesa de Víctimas hemos trabajado en hacer pedagogía, pero en El Carmen, por ejemplo, la gente está alerta en este tema y saben quiénes vienen del sector público y quiénes no. Insisto, el tema de las indemnizaciones es recurrente”. 

Guerrero, representante de las víctimas de Tibú, comenta que los primeros en capacitarse en qué consisten las Circunscripciones Transitorias Especiales de la Paz (CTEP) fueron los líderes que informaron a las comunidades. “Luego le abrimos la puerta a los candidatos para que todos sean escuchados por igual. Estamos cansados de la politiquería”, añade la representante. 

Acciones violentas 

De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), la presencia de grupos armados ilegales tiene un impacto en el proceso electoral, que puede desembocar en acciones violentas el día de las votaciones. Sin embargo, en el Catatumbo, los líderes sociales y los candidatos aseguran que han podido llegar a las comunidades y que no han recibido amenazas hasta el momento. 

Pero a los representantes de las víctimas sí les preocupa que el que llegue a la Cámara no les cumpla, ya que en la Circunscripción 4, algunos candidatos no solo son visibles por su labor con comunidades y por sus historias como víctimas del conflicto. También lo son por su trayectoria y aspiración a cargos públicos, especialmente en entidades como la Defensoría del Pueblo, las alcaldías de municipios como Teorama y San Calixto y hospitales públicos. “El que sea elegido debe estar a favor de las víctimas, de la reparación, y debe trabajar por ayudarnos en lo jurídico. Así podemos comunicarnos con las entidades sobre cómo avanzan nuestros casos”, enfatiza Lisseth Guerrero, representante de la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado en Tibú.  

Liderazgos bajo la política tradicional

Uno de los aspirantes a esta curul de paz es el abogado Diógenes Quintero Amaya, personero del municipio de Hacarí entre 2010 y 2018; expresidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo, en 2016; exdefensor Regional del Pueblo en Ocaña, de mayo de 2019 a septiembre de 2021, y asesor del despacho del Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis, en marzo de 2021. 

Con el aval de la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí (Asofadhaca) desarrolla su campaña desde noviembre. Fue Defensor Regional del Pueblo en Ocaña en 2019 y fue nombrado asesor de la entidad en marzo de 2021. No desconoce que su experiencia en estos cargos le da ventaja frente a otros aspirantes, pero añade que lo hace por vocación y que representa las “necesidades de los campesinos y los indígenas de la región”.  

El desplazamiento forzado lo convirtió a él y a su familia en víctimas del conflicto. Según cuenta, su padre, Pedro Ismael Quintero, fue un reconocido líder de la zona rural de Hacarí durante 20 años y también presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Montaña.  

A la luz del artículo transitorio número 5 —parágrafo 2— del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, que respalda la creación de las Circunscripciones Especiales para la Paz, hay dudas sobre si Quintero cumple el requisito para ser candidato. Según la norma, no pueden aspirar “quiénes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos, con el aval de partidos o movimientos políticos”, cinco años antes de la elección —que fue en noviembre de 2021—. No obstante, no aclara si son solo cargos de elección popular o cualquier cargo público.

Un caso similar es el de Pedro Elías Quintero Montejo, avalado por la Asociación de Víctimas Camino de la Esperanza del corregimiento Las Mercedes (Avcem), quien es otro de los candidatos con trayectoria política en la región. El abogado especialista en derecho Penal y Administrativo de la Universidad Simón Bolívar de Cúcuta, oriundo de Teorama, aspiró a la Alcaldía de ese municipio en dos oportunidades: en 2011, con el aval del Partido Verde y 2015, respaldado por los partidos Unión Patriótica y Alianza Verde, quedando en el segundo y tercer lugar, respectivamente. 

Él y su familia fueron desplazados por la violencia, y su hermano, Rigoberto Quintero Montejo, fue asesinado el 6 de octubre de 1997 por milicianos del Eln. Según la versión de los testigos, perdió la vida supuestamente por “vender carne al Ejército y a la Policía”.  Entre 2001 y 2004 fue personero municipal y, como lo explica, empezó a detectar el atropello del Ejército a las comunidades, las cuales denunció a la Fiscalía General. “Eso me ocasionó un gran problema de tipo personal”, según manifiesta. 

Para 2002, debido a amenazas que recibió por denunciar hechos cometidos por los paramilitares, tuvo que salir del país rumbo a Uruguay. “Salí protegido por Amnistía Internacional y después de un tiempo regresé. Para 2008 volví al país y me convertí en personero, en San Calixto. En 2009 sufrí un atentado al parecer por milicianos del Eln y estuve al borde de la muerte”, explica Quintero Montejo. 

Sobre su apoyo al exgobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y el actual mandatario de este departamento, Silvano Serrano, Quintero dice que “ha tratado de ayudar a la clase política que nos han hecho falsas promesas. Nos mienten y nos terminan usando. Hoy es el momento histórico en que nos hemos levantado contra estas maquinarias políticas o departamentales, y decirles por qué hay una oportunidad histórica para el Catatumbo”. 

Y por último, pero no menos importante, promovido por la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh), está Naún Arévalo Cañizares, abogado de la Universidad Francisco de Paula Santander, sede Ocaña. Es oriundo del municipio de El Carmen, de la vereda Guamalito, y tanto él como su familia fueron desplazados por paramilitares. 

De llegar a la Cámara de Representantes, Arévalo Cañizares dice que trabajaría por desarrollar programas para los campesinos y por adecuar la red hospitalaria. Dentro de su trayectoria como funcionario público cuenta con su paso por la Secretaría de Cultura de El Carmen, en 2018. Posterior a esto, en julio de 2020, durante el VII Congreso Nacional de Juventudes Liberales, fue acreditado como integrante de esa organización. 

Trabajo con comunidades campesinas 

Alejado de los cargos públicos figura uno de los fundadores en 2005 de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), Juan Carlos Quintero Sierra, quien en la actualidad es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y vocero en Norte de Santander de la Marcha Patriótica. Este zootecnista de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) se ha ganado el reconocimiento de las comunidades campesinas del Catatumbo por hacer visibles los hostigamientos a la comunidad por parte de los grupos paramilitares, del Eln y de las extintas Farc.  

En abril de 2021 fue retenido por el Eln junto a su hermano Guillermo Antonio Quintero y dos miembros de la Acción Internacional de Paz (AIP). El hecho generó el rechazo en las organizaciones del Catatumbo, que expresaron a través de una carta a los guerrilleros. Quintero Sierra, candidato por la Corporación Mesa de Fortalecimiento de Organizaciones de Población Desplazada de Norte de Santander, también es reconocido por haber sido coadyuvante en la acción de tutela interpuesta por el senador Roy Barreras para revivir las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, luego de que este mecanismo se hundiera en el Congreso de la República en 2017. Cuenta con el apoyo de 28 organizaciones del Catatumbo, de las cuales 12 desarrollan labores en los municipios PDET. 

Explica que lleva 17 años como líder social en el Catatumbo y que durante la campaña a la CTEP 4 se han enfrentado a dificultad de acceder a los territorios por la falta de vías y los enfrentamientos de grupos armados. “Tengo entendido que ninguno de los candidatos ha recibido amenazas, pero en medio de estas violencias nos hemos venido moviendo”, expresa este candidato. 

Tania Mallorga Ropero, líder comunitaria en el municipio de Hacarí, ha ejercido su liderazgo a través de juntas de acción comunal desde hace ocho años. No obstante, su trabajo en pro de la defensa del territorio alcanza casi dos décadas, ya que participó en la creación del Movimiento Comunal Catatumbo, junto a otros líderes. Esta organización ha trabajado por lograr la paz en medio de las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl). 

Como Arévalo, su candidatura es promovida por la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos (Corporeddeh). Añade que la falta de recursos para movilizarse en el territorio y llegar a todas esas comunidades, el no contar con publicidad y medios audiovisuales, la han limitado durante su campaña. 

Sin financiación del Estado 

La ausencia de recursos para hacer campaña política con tiempo ha sido evidente y a pesar de lo expresado en el Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, artículo transitorio número ocho, la financiación de las campañas por las curules de paz será “preponderantemente estatal, mediante el sistema de reposición de votos y acceso a los anticipos”, existe un condicionante que limita a los candidatos: para la entrega del 50 % de dicho anticipo, las organizaciones promotoras deben adquirir una póliza, que respalde el dinero entregado y en muchos casos, no cuentan con ese porcentaje para acceder al mismo.

Precisamente, Diógenes Quintero Amaya, Pedro Elías Quintero Montejo, Juan Carlos Quintero Sierra, Tania Mallorga Ropero y Naún Arévalo Cañizares aseguran que no han hecho uso de este recurso. “Se me presentaron trabas en el momento de adquirir la póliza que se debe comprar para reclamar el anticipo y no lo hice”, explica Quintero Amaya. Juan Carlos Quintero dice que al cierre de enero de 2022 no se hizo el desembolso de estos recursos y que esto deja ver la irresponsabilidad del Gobierno que tiene la orden de la Corte de financiar las campañas, lo que los pone en desventaja con otros candidatos que sí pueden financiarse. 

Señala además, que el Gobierno también ha incumplido en la instalación de los Tribunales de Paz, encargados de recibir las denuncias sobre la violencia política y la financiación de partidos tradicionales. “En Ocaña, donde debería estar abierto uno, no se cuenta ni con una sede. Estamos desarrollando una campaña en desigualdad de condiciones. No quiero señalar candidatos, porque pongo en riesgo mi vida, pero se están instalando vallas y se pagan pautas publicitarias en emisoras”, concluye Quintero Sierra. 

Pedro Elías Quintero afirma que tampoco hizo uso del anticipo porque no está de acuerdo. “Eso es revictimizarnos. Las Circunscripciones fueron resultado de una negociación que hizo el Gobierno colombiano. Aquí no participa la guerrilla sino el pueblo, y es una participación que se hizo como eje central para las víctimas del conflicto armado”. Entre tanto, Naún Arévalo cuenta que la campaña la ha desarrollado con el apoyo de Corporeddeh, con recursos propios, en medio de la desigualdad con otros candidatos. “Hasta en las donaciones que nos quieran hacer los amigos estamos limitados”, asegura este candidato. 

En riesgo alto se mantiene Norte de Santander 

De acuerdo con  el mapa y factores de riesgo presentados por la Misión de Observación Electoral (MOE), el pasado 9 de febrero, Norte de Santander, así como Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño concentran el “56,4 % del total de municipios en riesgo” electoral en los comicios para las curules de paz.

Esto significa que si bien la violencia es un factor a destacar y que está asociado a lógicas económicas como el narcotráfico, el contrabando y el robo de gasolina, por mencionar algunos, también lo es el fraude electoral. Según el informe de la MOE, esto puede amenazar la vida de los candidatos y coartar a la comunidad en el momento de votar. Por esto, es indispensable que las autoridades locales brinden la protección necesaria en estos comicios.