En Pisojé sienten efectos de crecimiento descontrolado

Don José Pérez no olvida aquel 31 de octubre de 2022, cuando pasadas las cuatro de la tarde le madrugó la noche de brujas, gigantescas nubes negras escondieron el sol y en medio de retumbantes rayos se desgranaron en copiosa tormenta. En pocos minutos, la pendiente carretera que desciende desde Pisojé Alto, en Popayán, se convirtió en un desbordado río que arrastró un amasijo de lodo, arena y piedras de variados tamaños. Aquella tarde la fuerza de las aguas desembocó en la carrera 5D y dañó varios vehículos. Continuó hacia la urbanización Guayacanes del Río y contra la tienda de José, la primera al lado de la portería. Las aguas golpearon con tal fuerza que en minutos la inundaron, rompieron una pared y se llevaron todo el surtido y los enseres flotando sobre las encrespadas aguas del río Cauca, situado a trescientos metros de allí. “Es mejor no recordar tristezas”, dice José. “Lo importante es que ya recuperé la tienda”, explica.

Retiradas las aguas y el revoltijo de materiales, desapareció lo que restaba de la carpeta asfáltica de la transitada carrera 5D y también fue afectado el pavimento de vías internas de la urbanización Guayacanes del Río, del vecino barrio San Fernando y el restaurante Totoys, que también se inundó.

Movimiento de tierra sin autorización en lote contiguo a la urbanización Guayacanes del Río. Foto: Pipo.

La emergencia llevó a que un nutrido grupo de habitantes de las 113 casas de Guayacanes del Río y 54 del barrio San Fernando bloquearan la vía y solicitaran a la administración municipal una solución definitiva a un problema crónico que afecta al sector de Pisojé Bajo, pues por estar al final de la pendiente, es el más perjudicado por los continuos movimientos de tierras en las veredas La Claridad y Pisojé Alto, provocados desde hace más de 40 años, cuando construyeron una carretera de ocho kilómetros hasta la cantera de Pisojé Alto, explotada por la empresa Conexpe.

Los orígenes del problema

Esta vía, que comunica a los habitantes de la vereda La Claridad, también favoreció la creciente urbanización a lado y lado del trayecto, por cuenta de particulares que lotean sin todos los permisos, aprovechando la desactualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), vigente desde 2002, aunque por norma debería actualizarse cada nueve años.

El crecimiento del casco urbano de Popayán, con numerosos asentamientos improvisados en terrenos que no contaban con suficiente cobertura de servicios públicos, se aceleró desde el terremoto del Jueves Santo de 1983. El fenómeno continuó a finales del siglo XX y en lo que va del XXI, debido a la inmigración forzada de población desplazada por la prolongada violencia que afecta al departamento del Cauca y el suroccidente colombiano. La ciudad, de vocación turística y universitaria, sin grandes industrias, pasó de una población de 128.627 habitantes en 1983, a cerca de 350.000 en 2023.

Allí, el desarrollo institucional del municipio ha sido lento. Apenas en 2017 la Oficina de Planeación se convirtió en Secretaría, y solo hasta 2020, durante la administración de Juan Carlos López Castrillón, crearon el Sistema de Información Geográfica (SIG) y adelantaron el 93 por ciento de los estudios de actualización del POT, que habían iniciado los anteriores alcaldes, Francisco Fuentes y César Cristian Gómez.

Mapa de Pisojé Bajo, que fue absorbida por la ciudad y fue urbanizada progresivamente desde hace treinta años. En el POT aún figura como vereda. Imagen: Sistema de Información Geográfica de la Secretaria de Planeación municipal de Popayán.

En estas circunstancias se ha podido evidenciar también la descoordinación de las entidades encargadas del manejo planificado de los recursos naturales en el municipio y el departamento, por ejemplo, la Corporación Autónoma del Cauca y las curadurías urbanas, encargadas de la expedición de licencias de construcción.

Lo común en los cuatro puntos cardinales de Popayán es que, sin contar con todos los permisos de las autoridades correspondientes, propietarios de fincas y terrenos ubicados en las confusamente delimitadas áreas rural y urbana, primero loteen metiendo maquinaria para mover tierras, luego delimiten predios por vender y creen vías de acceso, alterando cuencas de ríos, humedales y ecosistemas enteros, y en el caso de la vereda Pisojé, rellenando y destruyendo las alcantarillas y colectores de la vía.

Javier Guerra, ingeniero contratista de la oficina de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Popayán, destaca que “el municipio cuenta con estudios adelantados por Ingeominas y por la Universidad del Cauca, en 2015, para georreferenciar y cruzar información sobre la vulnerabilidad de distintos sectores de la ciudad con respecto a terremotos, movimientos de masas e inundaciones”.

Sobre la vereda Pisojé Bajo, al noreste, ya absorbida por la ciudad, el ingeniero Guerra destaca que el mayor riesgo “viene de arriba”, pues en temporada de lluvias intensas el agua desciende arrastrando tierra y materiales por la carretera, “a la que los habitantes del condominio Anarkos le destruyeron el alcantarillado para conducir las aguas lluvias, cuando por su cuenta empezaron a construir”. El ingeniero Obeimar Medina, de Conexpe, explica que, según estudios realizados durante los aguaceros más intensos, el agua sube hasta 15 centímetros sobre el nivel de la vía, con un volumen de 1.250 litros por segundo.

Vista de Pisojé Bajo, desde El Tierrero. En primer plano, casas del condominio Anarkos. Al fondo, las urbanizaciones Guayacanes del Río y San Fernando, más un edificio de apartamentos en construcción. Al no haber redes principales de alcantarillado en el sector, todas las construcciones disponen sus aguas servidas en pozos sépticos. Foto: Pipo.

Otro factor que dificulta el drenaje en Pisojé Bajo, una zona de humedales y nacimientos de agua cercanos al río Cauca, es que las edificaciones y viviendas construidas desde hace más de 30 años no cuentan con red de alcantarillado y acumulan sus desechos en pozos sépticos: “rellenaron humedales apenas cubiertos por tierra y, debido a movimientos internos de las aguas, estas afloran a la superficie, arrastrando los desechos acumulados en los pozos sépticos de las viviendas, especialmente en temporada de lluvias. Estos desembocan en las vías de acceso y también causan un problema de salud pública. Estamos en verano y las aguas servidas siguen fluyendo, salen a la carretera y se empozan, causando malos olores y un problema de salubridad por la humedad, además de daños en el tramo de la vía recientemente reparada por el municipio”, explica Medina.

Urbanización descontrolada

Al nororiente de la ciudad la expansión urbana se presentó a lado y lado de la antigua carrilera del tren, convertida en ciclovía; y de la carrera 5D, que atravesando Pisojé y la vereda González, desemboca a la carrera novena, antigua carretera Panamericana.

Progresivamente construyeron el centro recreacional de Comfacauca, con piscinas, canchas y centro de convenciones; urbanizaciones como las Quintas de José Miguel, San Miguel del Río, Guayacanes del Río y San Fernando; la embotelladora de agua Forte Vida; la sede de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), varias viviendas de particulares y un edificio de diez pisos para apartamentos, que está en obra negra. Todas estas edificaciones solo cuentan con redes de acueducto, pues las de alcantarillado desembocan en pozos sépticos, algunos construidos sobre humedales que se desbordan en temporada invernal.

Hasta el momento, ni la alcaldía de Juan Carlos López, a pocas semanas de terminar su período, ni la empresa de acueducto, en dificultades financieras, tienen planeado ni presupuestado instalar tuberías para transportar aguas lluvias y residuales con sus respectivos colectores y solo han emprendido soluciones temporales después de las protestas de la comunidad, afectada por la inundación del 31 de octubre de 2021.

Interior de El Tierrero, donde despojaron de vegetación una colina y durante seis años excavaron para extraer material de relleno destinado a obras públicas en el municipio. Foto: Pipo.

Otro factor que aumentó el riesgo en el sector fue el progresivo aplanamiento de una colina para extraer tierra amarilla en El Tierrero, propiedad del exconcejal Alirio Calderón Benavidez, con el visto bueno de la Alcaldía municipal y de la empresa Nuevo Acueducto de Popayán S. A. De allí, durante seis años extrajeron material de relleno para varias vías de la ciudad y otras obras públicas, incluidas en el Plan de Movilidad.

Al terminar la explotación de materiales a gran escala, parte del predio aplanado progresivamente ha sido loteado entre particulares y proyectan construir allí una urbanización ubicada a 200 metros de la carretera que desemboca en la carrera 5D. “No han podido construir casas porque no hay agua”, dice el vigilante del predio.

La progresiva tala de la vegetación a medida que se aplanaba el cerro y removían tierras para lotear, llevó a que en temporadas de lluvias intensas el agua no fuera absorbida por el suelo, se desbordara y arrastrara materiales que también iban a parar en la parte baja, a las urbanizaciones Guayacanes del Río y San Fernando.

En la actualidad, ni la alcaldía ni el acueducto están explotando El Tierrero, pero alrededor del lote principal continúan explanando para lotear y que cada propietario construya por su cuenta.

Sector externo de El Tierrero, habilitado por sus dueños para lotear. Foto: Pipo.

En Pisojé Alto, a ocho kilómetros de la carrera 5D, opera una explotación de triturados de piedra propiedad de la empresa Conexpe, y cuyo transporte se hace en grandes volquetas que dañan la vía. El gerente, Héctor Martínez, defiende los empleos que genera la empresa, con 69 empleados en nómina y más de 250 personas trabajando, entre el personal administrativo y técnico, los obreros, los dueños de las volquetas y los ayudantes que a diario procesan y movilizan triturados de grava que se transportan para afirmar calles y vías del municipio, acueductos y otras obras, como la doble calzada Popayán-Santander de Quilichao.

Buscar soluciones

Rodríguez es consciente de que el transporte de materiales causa malestar entre habitantes del sector y daños en la vía. Por esta razón se han mostrado dispuestos a colaborar con el municipio en la solución del problema a corto, mediano y largo plazo, incluso contribuyendo a la pavimentación de la carretera. Por lo pronto, trazaron un plan de contingencia en conjunto con la Secretaría de Infraestructura al asumir el diseño y costo de obras, como la reparación de alcantarillas en Pisojé Alto y las destruidas en el condominio Anarkos en Pisojé Bajo, más la construcción de los canales de conducción de aguas lluvias revestidos en concreto hasta la carrera 5D, para que descarguen en el colector más cercano. Además, gestionaron sin éxito la autorización de propietarios del condominio Anarkos y la arquitecta Lucy Bastidas, a fin de construir un sistema de conducción de aguas lluvias de mayor capacidad, para llevarlas a colectores más cercanos y desde ahí al río Cauca.

Sin embargo, ve con preocupación que la propietaria del lote por urbanizar no les haya dado autorización y que, sumando otro factor de riesgo, en agosto de 2023 el señor César Echeverry, propietario de la empresa de vigilancia privada Servagro, sin autorización de ninguna curaduría urbana, abrió una vía y adecuó un área para lotear predios y construir una cancha de squash.

Vertido de material sobrante desde El Tierrero hacia el condominio Anarkos. Foto: Pipo.

Estas obras generaron remoción de un gran volumen de tierra al abrir una vía interna descendente desde la parte alta, que según el ingeniero Luis Martínez están prohibidas para ese tipo de proyectos en terrenos con una inclinación mayor de 15 grados y que aumentarán el riesgo de avalanchas. Aunque intentamos conocer la versión del señor Echeverry, no respondió.

“Ahora, en verano, no hay problema”, explica el ingeniero Martínez, “pero cuando regresen las lluvias, gracias a la inclinación y gravedad, el arrastre de tierra removida recientemente, sumado al de materiales de la carretera, será mayor e inutilizará los canales de emergencia profundizados a un lado de la vía después de la inundación del 31 de octubre de 2022; y con mayor razón, cuando no nos hemos puesto de acuerdo con la arquitecta Lucy Amparo Bastidas, dueña de los terrenos situados desde la carrera 5 hasta orillas del río Cauca, por los que la Alcaldía y Conexpe propusimos construir un sistema de conducción y colector de aguas lluvias. Fui a averiguar a la curaduría urbana y me dijeron que en Popayán no están autorizando obras de ese tipo ni movimientos de tierras, porque no hay dónde depositar escombros; nos quedamos sin escombreras”, agrega.

Por su parte, el ingeniero Javier Guerra destaca que con la Ley 1523 de 2012, sobre cómo afrontar riesgos y emergencias derivadas de malos manejos ambientales generados por construcciones no autorizadas, y con la reciente creación de la Policía Urbanística, en Popayán cuentan con mejores herramientas para afrontar este tipo de situaciones.

Sobre la propuesta de la administración municipal para construir el sistema de conducción de aguas a través de sus terrenos, la arquitecta Bastidas respondió que: “dada la solicitud que me hizo el alcalde al respecto, envié una propuesta seria, que da solución definitiva y no temporal como ellos propusieron. Así que les presenté un proyecto de vía urbana que atravesará mi lote y que, por allí, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán podrá pasar sus redes desde la carrera 5D hasta el río Cauca. Obviamente la Alcaldía debe comprar el área de terreno para esas obras. Su respuesta fue negativa. Simplemente quieren una obra provisional que bien sabemos se vuelve definitiva. Ese sector merece un estudio serio de redes de aguas lluvias y alcantarillado, dada la magnitud del crecimiento urbanístico que se ha dado en la zona”, concluyó.

Esta historia forma parte del especial periodístico ‘Historias en clave verde: reportajes sobre justicia ambiental’, como resultado de la formación ‘CdR/Lab Memorias de la tierra: periodismo para cubrir temas de justicia ambiental’, apoyada por el Servicio Civil para la Paz de Agiamondo en Colombia.