Inversiones chinas: una agenda pendiente con los pueblos indígenas

“Cuando los brasileños se fueron y llegaron los chinos, las cosas no mejoraron para nuestros pueblos. Cambiaron solamente el nombre de la empresa, pero mantuvieron al personal, que no tiene un buen trato con las comunidades de la Amazonía”, recuerda Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), desde los territorios indígenas del Cusco, donde se encuentran los principales yacimientos de gas natural del Perú, el segundo país con mayores reservas de este hidrocarburo en Latinoamérica.

La empresa CNPC Perú, filial de la corporación China National Petroleum Corporation (CNPC), propiedad del gobierno chino, en el 2013 compró las acciones de la brasileña Petrobras Energía Perú en el Lote 58 y, en el año 2014, asumió los derechos y obligaciones de su predecesora. Pero también heredó sus malas relaciones con las comunidades nativas de la zona de influencia de esta reserva de gas, en el distrito de Megantoni, en la provincia cusqueña de La Convención.

“Hemos pedido que haya nuevamente una consulta entre las comunidades. No hemos tenido respuesta de la empresa ni del Estado, pero seguimos enviando protestas a nivel nacional e internacional por los atropellos que viene realizando la empresa”, dice Agilio Semperi, quien advierte que se ha estancado el diálogo entre la compañía estatal china y las comunidades que integran el Comaru.

El dirigente indígena reconoce que todo proyecto extractivo siempre tiene un impacto en la zona donde opera, pero resalta que lo importante es que se considere la reparación ambiental y un plan para mitigar los efectos negativos entre las comunidades.

Algo que, sin embargo, no sucede en la realidad: en los territorios de sus comunidades, las autoridades han identificado áreas de suelo y agua contaminados con hidrocarburos e insumos químicos provenientes de las empresas que explotan estos recursos en la Amazonía.

CNPC Perú explota el Lote 58, que ocupa territorios de comunidades indígenas en la Amazonía del Cusco. Foto: Agencia Andina.

Lo que pide Agilio Semperi, en representación de las comunidades machiguengas asentadas en la cuenca del río Urubamba, está contemplado en la ley peruana: la consulta previa a los pueblos indígenas antes de que se explote un territorio donde se podrían afectar sus derechos colectivos.

En el caso de la empresa china CNPC, la consulta previa que reclaman los pobladores es sobre la aprobación de las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos. Pero hasta ahora no les han hecho caso.

Iván Lanegra, exviceministro de Interculturalidad, recordó que, en los últimos años, no hubo un cambio normativo importante sobre la consulta previa, pero sí en la implementación. Explicó que, por la pandemia del covid-19, hubo un retraso muy grande y varias dificultades porque este proceso fue diseñado para actividades presenciales.

Entre la agenda pendiente, Lanegra destaca que, tras 11 años de la promulgación de la Ley del derecho a la consulta previa, el Congreso de la República todavía no ha determinado el proceso para regularla. Además, recuerda que falta establecer cómo vincular el tema de evaluación de impacto ambiental con el de consultas, relacionado con posibles afectaciones de los derechos de los pueblos.

“Los logros que se obtienen a través de las incorporaciones normativas se ven limitados por la dificultad de capacidades estatales, como los limitados recursos que se asignan. Hay consultas que logran avances en el reconocimiento de los intereses y las visiones indígenas, pero que también chocan con la capacidad del Estado para hacerlas reales”, destaca Lanegra.

Representantes de comunidades indígenas del Pastaza, en la región Loreto, firman un acta de consulta previa del Lote 192. Foto: Ministerio de Energía y Minas.

CNPC es una de las más de 170 empresas de capital chino que operan en el Perú. En este grupo destacan las dedicadas a las actividades extractivas, como Minera Chinalco, Shougang Hierro Perú y Minera Las Bambas. Estas compañías no solo tienen en común millonarias inversiones en los sectores de minería e hidrocarburos, sino también conflictos sociales con las poblaciones ubicadas en sus áreas de influencia.

Los desencuentros con las poblaciones indígenas por no realizar la consulta previa para operar en sus territorios, por contaminar el agua y el suelo, por no pagar compensaciones justas y oportunas, entre otros motivos, son parte de la historia de la explotación del gas natural, que ha mostrado durante años un claro desinterés por compartir los beneficios de su explotación con las comunidades nativas.

Las autoridades peruanas han detectado 58 infracciones a las normas ambientales en el Lote 58, que opera CNPC en el Cusco. Sin embargo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente, solo le impuso multas por cinco de estas faltas, cometidas en los años 2018 y 2019, que equivalen a un total de apenas 7.200 dólares.

Las infracciones a las leyes y normas que generaron las multas se deben a que CNPC Perú excedió, reiteradas veces, los límites máximos permisibles de la concentración de efluentes domésticos (exceso de fósforo en sus aguas residuales) para el sector hidrocarburos en su campamento base “La Peruanita”, y no realizó las capacitaciones técnicas al Equipo de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana en la comunidad nativa de Camisea, referidas a temas de la legislación aplicable por las entidades estatales.

CNPC es un grupo muy importante en el sector energético peruano. Representa el 47,5 % de la producción de petróleo del país, que se extrae en la costa norte, y el 17,5 % de la producción de gas licuado, que proviene de la Amazonía.

Desde el año 2012, CNPC Perú ha acumulado en todas sus operaciones del sector hidrocarburos 153 infracciones a las normas ambientales, por las cuales el OEFA le aplicó multas por más de 270.000 dólares. Esta es una cifra irrisoria para una empresa que, tan solo el año 2021, obtuvo un beneficio operativo de 68.450 millones de yuanes chino (Más de 10 millones de dólares). Seis de estas sanciones se debieron a operaciones en el Lote 10, en la costa de Piura y Tumbes, y cinco en el Lote 58, en la selva de Cusco.

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Los procesos administrativos sancionadores abiertos por la autoridad ambiental a CNPC Perú y las empresas con las que está asociada no han servido para disuadir a estas compañías de cesar sus conductas infractoras y malas prácticas, según se evidencia en los procesos administrativos y multas impuestas por las autoridades ambientales.

“La empresa solamente quiere trabajar, sacar el gas, petróleo, y no hay común acuerdo. A veces imponen (...). Como siempre, el granito le están dando a la comunidad. No están dando lo que la comunidad quiere”, dice a Convoca.pe Fredy Gregorio Sergio, jefe de la comunidad nativa de Kitepampani, ubicada en el distrito de Megantoni, en la zona de influencia del Lote 57, que opera la subsidiaria de la corporación española Repsol en sociedad con CNPC.

En el distrito de Megantoni habitan comunidades de las etnias machiguenga y ashaninka, que no cuentan con el servicio de agua potable y alcantarillado a pesar de que esta jurisdicción recibe el mayor presupuesto por regalías del canon gasífero en todo el Perú. Ninguna de las comunidades tiene acceso al gas natural y deben comprar balones de GLP (gas licuado de petróleo), que cuestan por encima del precio promedio en las zonas urbanas. Una explicación es que el dinero que recibe este distrito solo puede usarse en infraestructura, mas no en asistencia social, según ha explicado el alcalde de Megantoni, Daniel Ríos.

“Dicen que las comunidades se están desarrollando. Megantoni, dicen que es rico, pero en las comunidades no hay saneamiento, hay chocitas. Nos dicen que Megantoni es rico, pero no hay señal de teléfono”, comenta Fredy Gregorio, líder indígena de Kitepampani.

Pobladores de la comunidad de Kitepampami, en el distrito cusqueño de Megantoni, reciben víveres de autoridades pues viven en extrema pobreza. Foto: Municipalidad de Megantoni.

Además de los lotes 58 (a cargo de CNPC) y 57 (explotado por Repsol y CNPC), en el distrito de Megantoni, en la provincia cusqueña de La Convención, se encuentran los lotes 56 y 88 (administrados por la argentina Pluspetrol) y opera la distribuidora Transportadora de Gas del Perú (TGP). Las comunidades han tenido problemas con todas estas empresas, tanto las que están en etapa de exploración como las que ya están explotando el gas natural de estos yacimientos.

Ante los conflictos sociales, en la última década el Ministerio de Energía y Minas ha venido convocando a reuniones entre representantes de este portafolio, el gobierno regional de Cusco, los municipios distritales, las comunidades nativas del Bajo Urubamba, las empresas que operan los lotes de hidrocarburos y otras entidades del Ejecutivo. En dichos espacios de diálogo se suscriben acuerdos sobre diversos temas, como medioambiente, salud, cultura y electrificación.

El 21 de diciembre, se realizó en Cusco la XLII Reunión Trimestral entre representantes del Estado, las comunidades nativas del Bajo Urubamba y las empresas TGP, Pluspetrol, Repsol y la china CNPC Perú. Una vez más, los participantes suscribieron un acta con diversos acuerdos. La última reunión fue este 8 de marzo, en Lima. Este medio tuvo acceso a una de las actas de estos encuentros, en la cual se suscriben compromisos para realizar nuevas convocatorias a las partes involucradas sobre reclamos específicos de las comunidades, pero no se precisan fechas de solución.

Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), no se muestra optimista respecto a las reuniones trimestrales entre el Estado, las comunidades nativas y las empresas. “Hace tres años que estamos participando. Tenemos reuniones, pero muchos acuerdos no se cumplen”, dice a Convoca.pe.

Comunidades nativas del Bajo Urubamba, empresas y el Estado se reúnen cada tres meses y suscriben acuerdos, pero muchos “no se cumplen”. Foto: Presidencia del Consejo de Ministros.

Conflictos con otras empresas chinas

Además de CNPC, otras empresas de capitales chinos, como Minera Las Bambas, Minera Chinalco Perú, Shougang Hierro Perú y Sinohydro tienen un historial de conflictos sociales con las poblaciones del entorno donde operan. Algunos están activos y otros están latentes y se reactivan ante determinadas coyunturas.

Actualmente, la empresa Minera Las Bambas, propiedad de la compañía china MMG, no puede transportar el cobre que extrae de su unidad minera en Apurímac. Debido a los conflictos con la Comunidad Campesina de Fuerabamba y otras comunidades de la zona de influencia, la empresa paralizó sus operaciones el 20 de abril último. Los comuneros reclaman por el incumplimiento de los compromisos asumidos por la compañía, a cambio de la venta de sus tierras para las operaciones mineras. Los intentos del gobierno para instalar una mesa de diálogo han fracasado.

Perú es el segundo productor mundial de cobre (después de Chile) y Las Bambas es una de sus operaciones mineras más grandes. Entre los años 2016 y 2021, Las Bambas ha experimentado bloqueos intermitentes en esta vía por un total de 421 días, lo que le impidió sacar el mineral hasta el puerto de Matarani, en la costa de Arequipa, así como trasladar insumos y personal. Cada día sin operar representa una pérdida de 20 millones de dólares para la empresa, mientras que el Perú deja de recibir más de 5 millones de dólares diarios en pago de canon y regalías, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Además, comunidades campesinas de las provincias de Chumbivilcas, en Cusco, y de Cotabambas, en Apurímac, han venido exigiendo una compensación e indemnización por daños y perjuicios ambientales —como el efecto negativo que tiene sobre sus territorios el paso de camiones con mineral—, el pago de derechos de servidumbre minera, que no criminalicen sus protestas, entre otros reclamos. Varias veces han bloqueado la vía del corredor minero del sur para protestar contra el Estado y la empresa Minera Las Bambas.

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Comuneros de Chumbivilcas, en Cusco, impiden el paso de camiones de la Minera Las Bambas por el corredor vial del sur para que atiendan sus reclamos. Foto: DHSF.

En el distrito de Morococha, en la región andina de Junín, desde el 2008 un grupo de habitantes rechaza el proceso de reasentamiento de la población en una nueva ciudad llamada Nueva Morococha. Esta fue construida por Minera Chinalco Perú, subsidiaria de la compañía estatal china Aluminium Corporation of China, que opera el proyecto minero de cobre Toromocho en dicha localidad. El Estudio de Impacto Ambiental prometía mejores condiciones económicas y laborales en la nueva ciudad, pero ello no ha ocurrido, según denuncia la población reasentada, y muchos han tenido que abandonarla.

En la región costera de Ica, la empresa Shougang Hierro Perú SAA, propiedad de la siderúrgica estatal china Shougang Corporation, ha estado involucrada en varios conflictos sociales con la población local por la contaminación del mar y, en otras zonas de influencia del complejo minero, por problemas con los servicios básicos y daños a la salud de la población.

Durante la pandemia del covid-19 familiares de trabajadores fallecidos por esta enfermedad denunciaron que la empresa Shougang Hierro Perú no les prestó la debida atención médica y permitió que se contagiaran en sus instalaciones. 

En Loreto y Ucayali, desde enero del 2020 está paralizado el proyecto de la Hidrovía Amazónica, que fue otorgado en concesión al consorcio Cohidro, conformado por la empresa china Sinohydro Corporation Ltd. y la peruana Casa Construcción y Administración SA. El Estudio de Impacto Ambiental de esta obra de infraestructura, que busca facilitar el transporte fluvial en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas, no fue sometido a una consulta previa, a pesar de que podría afectar a más de 400 comunidades nativas ubicadas en los márgenes de dichos ríos.