A pesar de todos estos antecedentes, en diciembre de 2017 se produjo un nuevo golpe: el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto a Alberto Fujimori por supuestas razones humanitarias, una decisión que fue interpretada como el pago de Kuczynski por el apoyo político que una parte de los fujimoristas le brindaron en el juicio político que la oposición le practicó el 21 de diciembre por sus supuestos nexos con Odebrecht, la constructora brasileña implicada en distintos casos de corrupción en Latinoamérica.

Meses después la oposición fujimorista publicó audios y videos que muestran a Kenji Fujimori, hijo del exmandatario, y a otros congresistas de esta bancada intentado comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución de Kuczynski. En medio del escándalo y tras solo 20 meses de haber sido nombrado como presidente de Perú, el 21 de marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció.

Reactivos vencidos

Para avanzar en la identificación de las víctimas, las autoridades deben tomar varias medidas urgentes. El análisis de las muestras de ADN de los familiares de los desaparecidos, demanda unos reactivos químicos que, en múltiples ocasiones, han desbordado el presupuesto anual para investigaciones forenses, según diversas fuentes consultadas.

Lo preocupante es que se trata de una carrera contra el tiempo. Los restos permanecen bajo tierra durante tres décadas, lo cual genera un impacto en el estado en que se encuentran y se reducen las posibilidades de identificar a las víctimas como en el caso Río Blanco. La mayoría de los familiares de los desaparecidos rondan los sesenta años; varios han ido muriendo. Pero aún hay más de mil 500 familiares esperando resultados de ADN para el reconocimiento de los restos de las víctimas, según Luis Zuñiga, biólogo del área de Lesa Humanidad del Laboratorio de Biología molecular y genética del Instituto de Medicina Legal.

En marzo de este año, María Bermejo, subgerente del Laboratorio de Biología Molecular y de Genética del Instituto de Medicina Legal, dijo a Convoca.pe que nunca hubo un presupuesto específico destinado a la identificación de los desaparecidos en el periodo de violencia debido a que éste siempre ha estado dividido en pruebas de paternidad y criminalística.

“Los casos en donde ya han sido identificados los restos, cuenta Bermejo, se realizaron con el presupuesto del proyecto Fortalecimiento Laboratorio Ayacucho 2011-2012, donde el Ministerio Público con apoyo del Ministerio de Justicia accedió a 1 millón cien mil soles, aproximadamente, [el equivalente a 300.000 dólares]”. Según ella “se pudieron resolver más casos pero no le dieron un adecuado uso al dinero, se compraron reactivos que no se utilizaron y que ahora se encuentran vencidos en el laboratorio, sin contar que se contrató personal sin experiencia que no realizó bien su trabajo”.

Sobre el terreno de La Hoyada aún permanece el tanque de gasolina (al fondo) que abastecía los hornos crematorios donde la fuerza pública quemaba a los civiles que capturaba por presuntamente ser subversivos. Foto: Laura Campos Encinales.

Este año, añadió la funcionaria, se programó con la Fiscalía la atención de los casos pequeños de lesa humanidad. “Para los casos grandes se están contemplando proyectos para que por medio de ellos se implemente un nuevo laboratorio en Lima con personal especializado y con su propio presupuesto (los proyectos demandan aproximadamente 8 o 10 millones de soles)”.

Pero estas noticias no llegan a los territorios donde viven los familiares de los desaparecidos. Sus pueblos generalmente no tienen acceso a Internet y la señal de televisión falla mucho; se sienten lejos de todo. El tiempo transcurre más lento sin saber qué pasó con los Oswaldo, los Albino, las Edith, los Leonidas y otros campesinos que desaparecieron a comienzos de los ochenta.

Pelagia Echaccaya es uno de esos familiares. Tiene 81 años y habla quechua. Tampoco tiene dos de los hijos que trajo al mundo. Uno desapareció en la selva y al otro, Teófilo, se lo llevó Sendero Luminoso el 12 de mayo de 1983 en la incursión al caserío Río Blanco. Ella asistió en 2008 a la exhumación del sitio de entierro donde presuntamente estaba enterrado Teófilo. “Nada pasó, no era él”, nos dice con la ayuda de un intérprete mientras ella se seca las lágrimas por el dolor que le produce no saber nada de sus hijos. Casi al final de nuestra conversación, Pelagia le comunica algo al intérprete: “El de la selva quizás esté vivo, de pronto no supo él cómo regresar”.

Pelagia Echaccaya solo habla quechua. Uno de los aspectos que más ha jugado en contra de las víctimas de la violencia en Perú es que no hablan español. Su idioma es el quechua y se cree que muchas de sus declaraciones han sido malinterpretadas. Foto: Laura Campos Encinales.

El Estado tampoco ha brindado un acompañamiento psicosocial pertinente a los familiares, en especial a las mujeres, quienes difícilmente aceptan la muerte del desaparecido, lo buscan en la calle todo el tiempo, inventan fábulas e incluso adoptan hábitos para no desfallecer.

“Supe de una señora que se levantaba de madrugada y ponía en la ventana platos de comida esperando que sus hijos llegaran a comer….”.

Gloria Cano, directora de APRODEH, una de las ONG que acompaña a las familias. 

Durante los treinta años que Pelagia, Sergia y el resto de familiares llevan buscando a sus familiares, la presencia del Estado ha sido escasa principalmente para acceder a la justicia. Son ellas las que casi siempre tienen que movilizarse a hacer las diligencias necesarias para que la investigación avance, ya sea en Huamanga, a cinco horas en bus desde el caserío Río Blanco, o a Lima, a más de 14 horas.

En ocasiones tienen que pagar su propio transporte, unos 120 soles (36 dólares) ida y vuelta aproximadamente, cuando sus ingresos mensuales por los cultivos que siembran o los ponchos que tejen, rondan los 100 soles (unos 30 dólares). Y cuando finalmente les entregan los restos de sus familiares comienza otra tragedia: el traslado.

El doloroso trasladado de los restos de sus familiares también forman parte de esta cadena de deudas. Eva Esteban, psicóloga del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ayacucho, ve la siguiente situación de manera recurrente:Muchos de estos crímenes ocurrieron en Ayacucho. Su nombre, que viene del quechua, es casi una premonición: “rincón de las almas o de los muertos”. El impacto de la violencia en este territorio se expresa en estas cifras: 8 mil 660 muertos y desaparecidos. Tan grande que, en su momento, la CVR planteó que si la tasa de víctimas reportadas respecto a la población de Ayacucho hubiera sido similar en todo el país, la violencia habría ocasionado un millón 200 mil muertos y desaparecidos de los cuales 340 mil le corresponderían a Lima, la capital del Perú.

– Generalmente los conductores de buses o taxis no las dejan subir con el osario –dice Eva.

– ¿Por qué?– preguntamos.

– Dicen que la muerte trae muerte

– ¿Y entonces?

– Desempacan los huesos, los meten en el bolso, marcan el osario como una caja de encomienda o, a veces, lo empacan en un costal. Como si fuera un bulto de papa.

Del total de víctimas reportadas por la CVR, el 79 por ciento vivía en zonas rurales, el 56 por ciento trabajaba en actividades agropecuarias, el 75 por ciento tenía el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, y el 68 por ciento tenía un nivel educativo inferior a educación secundaria. Foto: Laura Campos Encinales.

El nuevo registro y el banco

En 2016 surgió una esperanza. Luego de que la evidencia diera cuenta que por la vía judicial se tardaría décadas en encontrar a los desaparecidos, se aprobó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas con un enfoque distinto. “En el mundo, apenas cuatro países se han atrevido a hacerlo; de Latinoamérica, solo Colombia y Perú”, dice Rafael Barrantes, quien hasta octubre de 2017 estuvo encargado del Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja en Perú.

Barrantes destacó el carácter humanitario de la norma, que prioriza “la búsqueda, identificación y restitución del desaparecido a sus familiares y no la responsabilización de los culpables”. De esta manera, el Estado peruano, en vez de ofrecer verdad a través de un proceso judicial, reparación, a través de una sentencia, y búsqueda de personas desaparecidas mediante investigaciones judiciales, se compromete a crear una infraestructura dedicada exclusivamente a encontrar al desaparecido y a entregárselo a su familia.

Esta es La Hoyada, el antiguo campo de tiro del cuartel militar Los Cabitos, donde se han encontrado 109 restos incinerados y sepultados, y se estima que hay 500 más bajo tierra. Foto: Laura Campos Encinales.

Con la ley, la entidad que quedó a cargo del tema es la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en junio de 2017, como parte del Ministerio de Justicia. Como primera tarea, presentó en abril de este año, el Listado Base del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade), que asciende a 20 mil 329 personas durante el periodo de violencia (1980-2000). Se trata de una primera mirada de las personas desaparecidas en Perú con el nombre de cada persona, lugar, fecha de la desaparición y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Durante la presentación del registro, el Ministerio de Justicia admitió que "desconoce o es incierto el paradero” de 13 mil 764 personas, que se conoce el destino de 5 mil 700 personas aunque “no se tiene certeza legal de su muerte". El registro tiene como fuente de información los casos recogidos por el Estado, la Comisión de la Verdad y los organismos de derechos humanos.

Según Mónica Barriga, funcionaria de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se continúa trabajando en el registro nacional para avanzar en la búsqueda.

“Sin una investigación de contexto que arroje hipótesis sobre dónde pueden estar los desaparecidos y quiénes son, era una lotería encontrarlos. Ese fue uno de los errores que se cometió en el modelo anterior”, dice Barriga. Antes, primero se encontraba el sitio de entierro y después se hacía la pregunta de quién puede estar allí, una práctica que llevó a que existan más de mil restos sin identificar y cientos de familias basando toda su esperanza en un resultado de ADN que puede tardar hasta diez años.

El registro permitirá planificar mejor las intervenciones y priorizar los casos según la cantidad de información existente, la conexión entre estos, el contacto con los familiares, y el nivel de riesgo de destrucción o alteración del sitio de entierro, de tal manera que las exhumaciones se hagan solo si el Estado tiene información suficiente para determinar de quiénes son los restos y ubicar a los familiares. Entre junio y diciembre, esta dirección asegura que se recuperaron los restos de 38 personas.

“El problema es muy complejo, se están dando los primeros pasos con cierta lentitud pero se está ajustando la estrategia de trabajo acorde a la realidad de las personas desaparecidas en el Perú, esto con el valioso apoyo de las familias que están representadas en el grupo de trabajo de actores involucrados en este proceso de búsqueda con enfoque humanitario”, consideró la historiadora Carola Falconí, directora de Comisedh, quien ha seguido de cerca el tema desde hace más de 30 años.

“El nuevo modelo (para buscar a los desaparecidos) ofrecerá mejores resultados porque el abordaje es sistémico y porque lo que se espera es ofrecer respuesta a los familiares”.

Rafael Barrantes, exencargado del Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas del CICR en Perú.

En septiembre último se dio otro paso: el presidente Martín Vizcarra promulgó la norma para crear el Banco de Datos Genéticos que permitirá almacenar la información biológica de los familiares y de los restos recuperados, cruzar los perfiles e identificar con mayor facilidad a las personas. Este es un paso importante debido a que el Ministerio Público solo tomaba las muestras pero no las sistematizaba.

Sin embargo, el presupuesto para los reactivos de ADN todavía es una incógnita. El Ministerio Público aún no se pronuncia al respecto y, por el momento, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas sólo puede asegurar que la coyuntura es perfecta para que el equipo encargado de la identificación de los restos solicite un aumento de sus fondos.

En octubre de 2017, Mónica Barriga contó a SEMANA que el acompañamiento psicosocial sería permanente para las víctimas del horror, “desde el primer contacto con los familiares hasta el traslado de los restos al nicho, y prolongable en los casos en que sea necesario”. Para ese momento, se habló de una Subdirección de Acompañamiento y Atención, que brindaría el apoyo logístico necesario para que los restos puedan trasladarse hasta el lugar donde los familiares quieran inhumarlos.

Kruzcaya (la primera a la izquierda), Pelagia (en medio y con trenzas) y Soledad (detrás de Pelagia con camisa blanca), durante la exhumación del sitio de entierro donde presuntamente estaban los restos de sus familiares, en 2008. Foto: Carmen Palomino.

Inhumados e identificados, el familiar tendría la posibilidad de decidir si quiere continuar con la investigación judicial para encontrar al responsable de la desaparición de su ser querido y, si así lo quiere, el proceso seguiría su curso en la justicia ordinaria. De esta manera acabaría la larga agonía de tres décadas de Soledad, Carmen, Sergia, Pelagia, Ventura y miles de peruanos.

Consultados para este reportaje, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas informó que hasta el momento han brindado acompañamiento psicosocial a alrededor de 400 familias.

Pero hasta el momento la situación de estas mujeres no ha cambiado. Ellas viven un duelo que no cesa.

Esta es una investigación periodística, resultado de la pasantía de Laura Campos Encinales en Convoca (Perú), en el marco del Premio ¡Investiga! 2017, organizado por Consejo de Redacción, con el apoyo de la DW Akademie, La Universidad del Norte de Barranquilla y Google Colombia.