La pandemia que existía antes del COVID-19

“Nosotros no sabíamos lo grave que era la COVID-19, eso fue como cuando hay una inundación y usted está dormido y se despierta diciendo ‘pero ¿qué pasó aquí? Medio mundo muerto y ¿por qué?’”. Así relata Amalia Ramírez el inicio de la pandemia en la ciudad más austral de Colombia.

La llegada del SARS-CoV-2 al departamento del Amazonas, que comparte frontera con Brasil y Perú, se dio de manera precipitada. Todo comenzó el pasado 17 de abril con el reporte del primer infectado, y al cabo de cinco meses el departamento sigue teniendo los índices más altos por millón de habitantes en número de contagios y muertes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, que reporta para la fecha 2.742 personas infectadas. (a 26 de septiembre)

“Aquí al inicio no había nada, todo estaba tranquilo, pero empezó la infección en el Brasil, llegó a Tabatinga, que es un pueblo que está pegado prácticamente a Leticia”, cuenta Amalia, profesora bogotana que reside en el trapecio amazónico desde hace 41 años. Para ella no es extraño que uno de los lugares más inaccesibles del país haya sido uno de los principales focos de infección, dado que su ubicación estratégica sobre la ribera del río más caudaloso del mundo la pone al borde de una ruta fluvial de más de 6.500 km.

El río Amazonas es una importante ruta de comercio y servicios que conecta a varias poblaciones que se asientan en su ribera. Foto: Johan Francisco Velasco.

Mientras en la mayor parte de Colombia se preparaban para la contingencia, en Leticia sucedía todo lo contrario; el 20 de abril el personal médico del San Rafael, el único hospital público del departamento, renunciaba de manera masiva. La falta de elementos de bioseguridad, de insumos y equipos necesarios para atender a los pacientes infectados, sumado a la ausencia de garantías laborales, fueron las razones del cese de actividades de los contratistas que prestaban sus servicios en este lugar.

“El hospital no tenía cómo atender a las personas, los primeros muertos fueron porque no tenían cómo ayudarlos, la gente se asfixiaba antes de llegar al hospital y con el río todo se empezó a regar. Yo como estaba enferma no salía. Empezaron en la radio a pedir ayuda, a pedir auxilio, a regar la bulla”, relata Amalia Ramírez.

A solo nueve días del primer caso reportado, el gobernador del departamento, Jesús Galdino Cedeño, hizo un llamado de emergencia al Gobierno Nacional, advirtiendo además cómo en los países vecinos la situación se estaba saliendo de control. “Por favor, necesitamos la ayuda del Gobierno central en esto, se ve de manera inminente el aumento de casos por COVID-19 en el departamento del Amazonas por las dos fronteras que tenemos con Brasil y Perú; en nuestros países vecinos esos casos van en un aumento exponencial”, declaraba el mandatario por medio de la cuenta de Twitter de la Gobernación.

El 3 de mayo la Secretaría de Salud del Amazonas reportaba para el departamento 182 infectados, 11 muertes confirmadas, nueve más en estudio y 426 casos probables de SARS-CoV-2. El Hospital San Rafael acababa de ser intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) tras reportar fallas de tipo administrativo, financiero, jurídico y asistencial. Según el comunicado de prensa 044 del 2020 de esta entidad, en el hospital no se estaban garantizando los servicios de manera oportuna, continua y segura, con lo cual se genera además un riesgo para la vida de los usuarios.

 Hospital San Rafael de Leticia, Amazonas. Foto: Facebook ESE San Rafael

Llegada de la Misión Amazonas

Como apoyo al recién intervenido hospital departamental, el 22 de mayo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo, de Leticia, una delegación de 22 profesionales quienes formaban parte del programa humanitario Misión Amazonas, iniciativa encargada de brindar asistencia médica a esta zona golpeada por la pandemia. Entre los voluntarios se encontraba Francisco Márquez, médico venezolano graduado en la Universidad de Carabobo.

Llegada de voluntarios del programa humanitaria Misión Amazonas a la ciudad de Leticia. Foto: Archivo personal Francisco Márquez

“Nosotros lo que queríamos era ayudar, lo que nos habían comentado es que había solo un médico internista para la cantidad de pacientes que llegaban al hospital. Muchos requerían ventilación mecánica y el índice de mortalidad estaba en aumento”, recuerda Márquez sobre su paso por la capital del Amazonas. En ese momento Francisco no imaginaba que iba a vivir en carne propia los efectos de la COVID-19.

Según el médico, las personas que eran hospitalizadas en Leticia presentaban un cuadro clínico similar: “Comenzaban con un resfriado común, malestar general, fiebre, dolor de garganta, tos, mucosidad por la nariz y a medida que empezaban a evolucionar, los pacientes presentaban un aumento de fiebre y aparecían síntomas respiratorios como la dificultad para respirar. Cuando aparece este último síntoma, las personas empiezan a complicarse, en esta etapa se procede a la desaturación y a la ventilación mecánica”.

A la izquierda Francisco Márquez prestando sus servicios como médico en el hospital San Rafael de la ciudad de Leticia. Foto: Archivo Francisco Márquez.

Según el médico venezolano, los primeros días fueron los más intensos, el índice de mortalidad había aumentado, a diario se intubaban de uno a dos pacientes y fallecían hasta dos personas. En ese momento álgido de la epidemia se realizaron pruebas de COVID-19 al personal de salud que prestaba sus servicios en el hospital y tres dieron positivo, incluido Francisco. “Cuando me dieron el resultado por supuesto que me asusté un poco, porque uno tiene el conocimiento de la enfermedad y al estar en un área del hospital donde vemos pacientes tan graves uno piensa lo peor”, menciona Márquez.    

Por el resultado de la prueba el médico venezolano fue puesto en cuarentena durante siete días. Desde su hotel continuó sus actividades a través de llamadas telefónicas, dándoles recomendaciones a sus colegas, sin poder salir siquiera de su habitación.

“En mi caso yo soy diabético y cuando me fui a la misión todo el mundo sabía de mi condición, igual yo tenía mi prueba de COVID-19 negativa, tenía mi enfermedad de base controlada y fui para atender pacientes. Con mi prueba positiva esto cambió, todos los días tenía que reportarle al coordinador general del grupo mi saturación de oxígeno, y que la glucometría estuviera bien, porque si algo se me alteraba me tenían que sacar inmediatamente, a mí y a mis compañeros. Afortunadamente todo salió bien”.

Después de una semana de aislamiento, Francisco Márquez salió negativo para SARS-CoV-2 y se reincorporó al hospital hasta finalizar la misión el 7 de junio. Durante el tiempo que prestó sus servicios médicos, más los días que lo hizo desde su aislamiento, le llamó la atención un factor común que compartían la mayoría de pacientes que fallecieron o tuvieron complicaciones por COVID-19: la obesidad.

La obesidad, una pandemia silenciosa

“Las comorbilidades que se demostraron que afectaban más al paciente y lo llevaban ya sea a la muerte o a la complicación eran el sobrepeso y la obesidad”, señala Márquez. Su experiencia médica en Leticia concuerda con la tendencia nacional. Cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud (INS) revelan que el 60 % de las personas fallecidas en el país a causa del coronavirus (a 26 de septiembre) tenían comorbilidades asociadas al exceso de peso y a la mala alimentación como: obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades renales. Este porcentaje no contempla los 11.699 casos de muertes por COVID-19 que aún están en estudio.

“Cuando nosotros llegamos había una auxiliar de enfermería que fue hospitalizada en nuestra área, después la tuvimos que trasladar a cuidados intermedios y terminó intubada e incluso hizo un paro cardiaco. Ella era una paciente obesa que fue remitida finalmente a Bogotá en aeroambulancia”, recuerda Francisco Márquez, quien reside actualmente en la ciudad de Popayán.

Al considerar el exceso de peso como uno de los factores de riesgo frente al coronavirus, la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional - ENSIN 2015, que divulgó sus resultados entre el 2017 y 2019, explica una parte de la ecuación de los altos índices de mortalidad que vivió la región amazónica en el mes de mayo. Según el estudio en mención, mientras en el país cinco de cada diez colombianos adultos sufren de exceso de peso, en el departamento amazónico esta cifra asciende a siete de cada diez personas.

Mujer recolectora nukak makú. Las poblaciones indígenas asentadas en la Amazonía fueron los grupos étnicos más azotados por COVID-19 en Colombia. En todo el territorio nacional se estima que hay por lo menos 62 grupos indígenas afectados por la pandemia. Foto: Johan Francisco Velasco.

Artículos científicos como ‘Obesity and mortality of COVID-19. Meta-analysis’ (Obesidad y mortalidad de COVID-19: Meta-análisis), publicado por la revista especializada en ciencia y salud, Elsevier, confirman que en el mundo la obesidad es un factor asociado importante para la mortalidad en pacientes con COVID-19. Los científicos de la investigación llegaron a esa conclusión tras identificar más de 572 estudios sobre el tema y analizar cuantitativamente 14 de ellos que les permitieron asegurar que “los pacientes obesos presentan un sistema inmunológico defectuoso que los hace más vulnerables a este tipo de infecciones”.

Por otro lado, la investigación ‘Obesity and COVID-19 Severity in a Designated Hospital in Shenzhen, China’ (Obesidad y gravedad sintomatológica de COVID-19 en un hospital designado para su tratamiento en Shenzhen, China), publicada en el mes de julio por la Asociación Americana de Diabetes, revela que en el Hospital Designado en Shenzhen, China, los pacientes que presentaban sobrepeso tenían el doble de probabilidades de desarrollar síntomas graves por COVID-19 frente a los pacientes de peso normal; para los pacientes con obesidad la probabilidad era tres veces mayor.

Lo anterior no sorprende al nutricionista de la Universidad Nacional, Rubén Orjuela, quien explica que “la COVID-19 puso al descubierto otra pandemia que el mundo viene enfrentando desde hace varios años de manera silenciosa y sin mucho éxito: la pandemia de la obesidad”. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene alarmando sobre esta situación, que al año causa la muerte a 2,8 millones de personas en el mundo.  

¿Hay un enemigo visible en la lucha contra la obesidad?

En los dieciocho años que lleva ejerciendo su profesión como nutricionista, tiempo en el cual ha recorrido diversas zonas del país, Orjuela se ha cuestionado sobre las causas de la obesidad y advierte que ha habido un cambio drástico en los patrones de alimentación en Colombia, donde los alimentos ancestrales y nutritivos se han venido reemplazando por productos comestibles ultraprocesados –PCU–.

La Organización Mundial de la Salud viene utilizando el término Producto Comestible Ultraprocesado en su modelo de perfil de nutrientes para clasificar a los productos elaborados de forma industrial, incluyendo las bebidas azucaradas, que se caracterizan por tratar de imitar a los alimentos reales y que contienen exceso de azúcares, grasas, sal o sodio y aditivos químicos.

En el país el consumo de este tipo de productos se ha incrementado en los últimos años. La Organización Panamericana de la Salud estimó que en el 2013 cada colombiano consumió cerca de 92 kg de PCU y según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida realizada por el DANE,  publicada en el 2017, el 71,5 % de los colombianos mayores de cuatro años consumía bebidas azucaradas habitualmente.  

Las bebidas azucaradas se han popularizado en todo el territorio nacional, su consumo excesivo se lo vincula a la aparición de la diabetes, enfermedad que ha sido diagnosticada a 2,5 millones de colombianos según la International Diabetes Federation (2017). Foto: David Esteban Bucheli

“Cada vez hay más evidencia científica que relaciona estos productos con el exceso de peso, con la diabetes desde tempranas edades, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer”, advierte Orjuela, quien por otro lado hace un llamado para resaltar el papel que tiene la gastronomía tradicional, elaborada con ingredientes naturales en la lucha contra la obesidad.

Frente a este argumento llaman la atención otras perspectivas que se suman al planteamiento de Rubén, como los de la antropóloga Luz Stella Cataño, quien afirma que los alimentos nativos en muchos lugares del mundo vienen perdiendo su uso, “lo que está sucediendo es una lástima, porque estos alimentos y recetas gastronómicas evolucionan con las comunidades, aportando a los seres humanos los nutrientes necesarios para adaptarse a su entorno”, concluye Cataño.

Luz Stella Cataño trabajó durante siete años en el trapecio amazónico como consultora de UNICEF en temas de etnoeducación y coordinó acciones con instituciones educativas en los resguardos indígenas de Nazareth, Macedonia, Mocagua, entre otros.

Para Gloria Revelo, comunicadora y directora de la revista cultural Panorama Amazónico, “el desconocimiento de lo que posee el territorio hace que no se valore lo propio”. Afirma que es necesario conocer y rescatar la cocina local, “por ejemplo aquí no cultivamos la espinaca, porque no es de la región, pero hacemos una crema de ortiga que tiene mucho hierro y un gran valor nutricional”.

Mercado de la Amazonía

Plazas de mercado tradicionales de la región amazónica y del macizo colombiano. Fotos: Johan Francisco Velasco – David Esteban Bucheli.

Recomendaciones internacionales, detractores transnacionales.

Eliana Pérez, docente de la escuela de nutrición y dietética de la Universidad de Antioquia, habla de un fenómeno que se conoce como la ‘macdonalización’ de los patrones alimentarios, una situación que se está presentando en todos los entornos alimentarios del mundo.

“Este fenómeno no es ajeno a nosotros”, afirma Pérez, quien tiene más de 25 años de experiencia profesional. “Aquí en Medellín en las comunas y los barrios existen las tiendas por conveniencia, donde hay una gran cantidad de productos comestibles ultraprocesados de muy bajo costo, con un alto aporte calórico, con publicidad y bastante promoción en estas tiendas”. Para ella esto no es casual y su ejercicio investigativo la ha llevado a pensar que existe una actividad intencionada de grupos empresariales y corporaciones transnacionales con mucho poder, político y económico, que definen los patrones de alimentación de las personas.

Lo anterior se puede ejemplificar con lo que sucede en pleno corazón del Amazonas; Amalia Ramírez expresa que es ilógico que en algunos lugares del parque Santander de Leticia es más barato tomar una Coca-Cola que un jugo natural hecho con frutas de la selva. “Yo creo que la alimentación local ha desmejorado con los años, por ejemplo aquí los indígenas ya no comen el pescado como antes, ahora venden lo que producen para comprar enlatados, venden la fariña para comprar la fariña”, asevera Amalia de los cambios de alimentación que ha visto en el transcurso de cuatro décadas.

El nutricionista Orjuela señala que justamente este es el resultado de muchos años del trabajo de corporaciones como Coca-Cola, que han logrado canales de distribución más robustos que los del propio Estado, que aún no puede garantizar a toda la población el acceso y disponibilidad de alimentos saludables.

Conscientes de esta problemática, distintas organizaciones de la sociedad civil decidieron promover políticas públicas para reducir los elevados índices de obesidad en Colombia de acuerdo con las recomendaciones contenidas en los informes presentados por la Organización Mundial de la Salud en el 2016. El informe de la Comisión para acabar con la obesidad infantil de la OMS, respaldado por amplia evidencia científica, recomienda desestimular el consumo de PCU por medio de impuestos a las bebidas azucaradas, etiquetado frontal de advertencia, ambientes escolares saludables, restricción de la publicidad de PCU dirigida a niñas y niños, y la promoción de la lactancia materna.

Hasta el día de hoy ninguna de las políticas recomendadas por la máxima autoridad de salud en el mundo ha sido aprobada por el órgano legislativo colombiano, y para sorpresa de varias ONG que trabajan en el tema, hablar de políticas de salud pública les ha ocasionado censuras por parte de las mismas instituciones del Estado e intimidaciones a sus voceros.

“No podíamos creer que por un mensaje de salud pública nos amenazaran”

Esperanza Cerón, médica de la Universidad del Cauca y directora de la organización Educar Consumidores, afirma que la industria de comestibles ultraprocesados ha tenido una reacción muy fuerte particularmente en tres países de Latinoamérica: Brasil, México y Colombia. “La industria desarrolló estrategias de rechazo a las propuestas que veníamos haciendo desde la salud pública y esas reacciones incluyeron acciones ilegales tales como sucedió en los tres países, incluso se hicieron amenazas a personas que estaban en la vocería de este tipo de campañas”, cuenta esta activista.

Frente a estos hechos, la investigación ‘Nunca había visto tantos lobistas: prácticas políticas de la industria alimentaria durante el desarrollo de un nuevo sistema de etiquetado nutricional en Colombia’ publicada en el pasado mes de agosto por la Ph. D. Melissa Mialón, de la Universidad de São Paulo, y los profesores de la Universidad de Antioquia Diego Gaitán, Gustavo Cediel y Eliana Pérez confirman las denuncias realizadas por distintas organizaciones.

Este artículo fue incluido en la revista indexada Public Health Nutrition y trata sobre las prácticas que la industria de comestibles ultraprocesados han realizado en el país para torpedear algunas de las “medidas saludables” propuestas en el Congreso de la República.

La investigadora francesa Melissa Mialón, participando como ponente en el foro ‘¿Cómo hacerle frente a la interferencia de la industria en la salud pública?’ realizado en la ciudad de Bogotá en el 2019. Foto: David Bucheli.

El trabajo científico describe detalladamente las estrategias usadas en Colombia para hundir proyectos de ley que buscan frenar la pandemia de la obesidad. Las estrategias van desde desviar la atención sobre la alimentación como una de las principales causas de la obesidad, patrocinar estudios de centros de investigación, con conflictos de interés, que desinforman a la opinión pública, hasta ejercer acciones legales en contra de quienes estas industrias consideran sus oponentes.

Eliana Pérez, coautora de esta investigación, comenta que la metodología utilizada en el ejercicio investigativo es de carácter científico, avalada por la academia y usada en otros países. Según la coautora, los resultados de esta investigación comprueban el alto nivel de interferencia de la industria en la toma de decisiones de salud pública en el país, “en esta investigación nosotros encontramos 275 ocurrencias de actividad política corporativa en Colombia”, asegura.

Por otra parte, Esperanza Cerón viene librando, desde hace más de cinco años, una batalla contra el exceso de azúcar en las bebidas endulzadas y la comida chatarra. En el 2016, mientras se daba en el Congreso uno de los debates más álgidos sobre gravar con un impuesto del 20 % el consumo de bebidas azucaradas en el país, Esperanza fue amenazada de muerte.

“Esto se trataba de una reacción desmedida e ilegal posiblemente proveniente de la industria, frente a una propuesta de salud pública. Y lo que nos interesa resaltar es ¿quién realmente toma las decisiones en materia de salud en el país?”, manifiesta Cerón, quien denunció ante la Fiscalía las amenazas verbales que sufrió por parte de personas que le recomendaban quedarse callada. “Esto nos suscitó una situación de pánico y de incredulidad, porque no podíamos creer que por un mensaje de salud pública nos amenazaran, todavía no lo podemos creer”. No obstante, la Fiscalía archivó la investigación el 19 de abril del 2017, sin haber vinculado directamente a ninguna persona a la misma, al considerar que no existían motivos o circunstancias fácticas que permitieran caracterizar los hechos denunciados como un delito.

Casi en simultáneo a las amenazas anónimas contra Esperanza Cerón, la Superintendencia de Industria y Comercio censuró una campaña informativa que Educar Consumidores puso al aire advirtiendo a los televidentes sobre los posibles efectos que tiene para la salud el consumo excesivo de azúcares contenidos en las bebidas endulzadas. Esta situación llega a los tribunales y es la propia Corte Constitucional en su Sentencia T-543/17 la que falló a favor de la ONG, donde reconoce el derecho de los consumidores a “acceder a la información sobre las consecuencias positivas o negativas que pueda tener en su integridad física y mental consumir un determinado producto”.

Esta persecución descrita fue retratada por el diario New York Times en el 2017 en el reportaje “Nos silenciaron: la lucha en Colombia por gravar las bebidas azucaradas”; la historia se ganó un lugar en la primera página de este prestigioso medio el 14 de noviembre de aquel año.

“Yo creo que el diario más importante de Estados Unidos pone sus ojos en ese tema a razón de lo que está sucediendo en varios países de América Latina”, explica Cerón, y comenta a continuación que “en la región habíamos empezado a llamar la atención en torno al daño que hacen las bebidas endulzadas y el asocio directo con el desarrollo de la obesidad”.

Desde esta época hasta la actualidad, el proyecto de impuestos a las bebidas azucaradas ha sido radicado tres veces en el Congreso de la República y aún no ha logrado pasar ni siquiera el primer debate para poder ser avalado como ley en el país. En contraste, cerca del 40 % de los países miembros de la OCDE ya han adoptado esta medida.

Colombia aún no tiene políticas costo-efectivas para reducir la obesidad

Para el senador Juan Luis Castro, del partido Alianza Verde, la pandemia le ha pasado la cuenta de cobro al sistema de salud colombiano. “La problemática principal del país es que aquí no hay políticas de prevención y promoción de salud, y los ciudadanos están sufriendo de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades que se pueden evitar si cambiamos algunos hábitos de vida”.

Castro es uno de los parlamentarios que hacen parte de una iniciativa multipartidista que radicó en el Capitolio Nacional un paquete de proyectos de ley cuyo principal objetivo es garantizar la salud pública.  

Radicación del ‘paquete de medidas saludables’ en el Congreso de la República en el año 2019. Se presentaron seis proyectos y dos de ellos no fueron aprobados en primer debate en la Comisión III de la Cámara de Representantes: Prevención de consumo de alimentos no saludables y prevención de consumo de tabaco. Foto: archivo senador Juan Luis Castro.

El ‘paquete de medidas saludables’, como se denominó a este conjunto de proyectos, empezó a ser debatido en el 2019 en el segundo periodo legislativo del Congreso. Entre las iniciativas propuestas se incluyen varios proyectos que promueven las recomendaciones realizadas por la OMS para reducir los índices de exceso de peso y obesidad en el país.

Sin embargo, a pesar de todos los beneficios que traería adoptar políticas que mejoren los hábitos de consumo de la población, proyectos como el de impuestos a las bebidas azucaradas tiene grandes detractores. Esto puede explicarse por las altas donaciones que muchos partidos políticos y congresistas reciben de la industria alimentaria y que fueron denunciadas ante la opinión pública por la Liga Contra el Silencio.

Justamente esta alianza de medios publicó en el 2019 el reportaje ‘Donaciones dulces aceitan la política en Colombia’, para explicar esta problemática, que se ha traducido en no aprobar proyectos de ley a favor de la prevención de enfermedades. Según este medio, partidos como el Conservador, Centro Democrático y Cambio Radical serían los más beneficiados por estas donaciones y a su vez coinciden con ser las bancadas que más se oponen a votar a favor del ‘paquete de medidas saludables’.

Este reportaje afirma que, de acuerdo con el portal Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, las donaciones por parte de la industria de bebidas azucaradas para las campañas del Senado en el 2018 recibidas por el partido Conservador ascienden a 1.466 millones de pesos, el partido Cambio Radical reporta 1.966 millones de estas mismas donaciones y el Centro Democrático, 132 millones.

“Este proyecto (impuesto a las bebidas azucaradas) ha tenido muchas dificultades por la presión de las industrias relacionadas a estos productos, a pesar de que ya está demostrada la correlación entre el exceso de azúcar en las bebidas endulzadas y la obesidad”, expone el senador Juan Luis Castro. La falta de voluntad para aprobar estas medidas de salud pública no obedece a razones técnicas ni científicas, sino en muchos casos a intereses económicos.

Esperanza Cerón insiste en que si el órgano legislativo colombiano no da un giro para comprender la salud desde la prevención de enfermedades y a su vez esta prevención no contempla el papel que juega la alimentación saludable, no habrá avances y cambios significativos para garantizar la salud pública del país.

“En países desarrollados la medicina preventiva es la piedra angular de todo el proceso de atención de un paciente, si usted no previene una enfermedad va a tener que atenerse a las consecuencias de la enfermedad”, afirma el médico Francisco Márquez, quien sigue participando en misiones humanitarias en todo el país, trabajando en zonas donde, según él, aún no toman en serio las consecuencias del coronavirus y menos aún las consecuencias de la obesidad, una pandemia que aprendió a convivir en la sociedad de manera silenciosa.

Esta investigación es resultado de la convocatoria Becas Consejo de Redacción 2020