Los riesgos que envuelven la elección de la curul de paz del Bajo Cauca

La investigadora Monig Lilley Rodríguez, de la Misión de Observación Electoral (MOE), explica que se trata de la circunscripción con mayor amenaza de fraude electoral en el país, compartiendo lugar con la región pacífica y el Valle del Cauca. Según el último informe de Riesgo Electoral de la MOE, Amalfi, Anorí y Segovia son los municipios con riesgo más alto, pero Rodríguez aclara que la totalidad de estos tienen algún nivel de alerta. “Identificamos dominio electoral de partidos políticos; alta cantidad de votos nulos para Cámara y Senado, y muy baja participación para las dos corporaciones”, explica. 

Ella dice que esta circunscripción tiene un peligro marcado por la distancia entre puestos de votación y por el bajo nivel de escolaridad de los sufragantes, que se relaciona con los votos nulos o no marcados. A esto se suma que, según el politólogo Fredy Chaverra, que ha investigado el Bajo Cauca para la Fundación Paz y Reconciliación, hay profundos riesgos asociados a los problemas de la organización electoral; la instalación de nuevos puestos de votación; la financiación de las campañas, y el desconocimiento de lo que significa esta curul.

En total, 15 listas con 30 candidaturas aspiran a este puesto en el Congreso. Según el portal La Silla Vacía, por al menos dos de estas se “coló” la política tradicional: la de Edith Margoth Navarro, exintegrante de Colombia Humana y quien sería cercana al alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento, electo en 2021 en comicios atípicos. Además, de la de Jhon Jairo González Agudelo, líder de víctimas de Briceño y quien fue concejal por el Partido Conservador en el periodo 2008 - 2011 en el  municipio que fue piloto de desminado y sustitución de cultivos ilícitos. 

A estos dos ejemplos se suman otros dos candidaturas que generan cuestionamientos: la de Jorge Arley Guisao Cifuentes, quien está inhabilitado, según la verificación de antecedentes disciplinarios adelantada por la Procuraduría, y la de Generoso Segundo Barragán Martínez, candidato de los cultivadores de caucho de El Bagre, quien en 2019 fue ternado para la Alcaldía de ese municipio, por el partido Opción Ciudadana, del cual era líder el cuestionado excongresista Yahir Acuña, cuya influencia política más fuerte se encuentra en Córdoba y Sucre, pero alcanza a llegar al Bajo Cauca.

Para el politólogo Fredy Chaverra, el Bajo Cauca es una región “permeada por las dinámicas políticas de Córdoba, donde los antiguos ‘Ñoños’ sacaban votaciones muy altas, con un electorado que responde a incentivos materiales, que se traducen en compra de votos”. Sin embargo, la elección de esta curul trae una novedad: solo se puede votar en las zonas rurales, dejando por fuera los caudales electorales de cabeceras urbanas como la de Caucasia.

Tarazá y la violencia

Además del riesgo por fraude electoral, está el riesgo por violencia. Chaverra afirma que se trata de una subregión altamente militarizada, con menores niveles de confrontación que los presentados entre 2018 y 2019, pero con una “auténtica crisis humanitaria”, por cuenta de las amenazas y desplazamientos de la población civil.

Un caso paradigmático de los riesgos de la circunscripción es el municipio de Tarazá. Desde allí, la candidata María Margarita Palacio Pérez, líder campesina contra las fumigaciones con glifosato desde el 2008, cuenta que, aunque hacia el Bajo Cauca “ha estado muy calmado”, saben que la situación es distinta en el Nordeste, donde hay una disputa activa entre el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc. “También estamos muy alertas, porque acá la situación en el Bajo Cauca es compleja, sobre todo en el tramo Tarazá-Valdivia”, dice.

Para Fredy Chaverra, en la circunscripción hay perfiles de liderazgo, como el de Palacio Pérez, asociados a la movilización por la sustitución de cultivos ilícitos y por la implementación del punto del acuerdo de paz que trata este problema. Para él, esta es una variable clave para entender la conflictividad del Bajo Cauca, pues según el monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2020 el territorio que comprende a Cáceres, Valdivia y Tarazá era el segundo enclave productivo de coca en el país, después del Catatumbo.

Precisamente este liderazgo se traduce en riesgo en Tarazá. De acuerdo con el politólogo, este municipio es el que cuenta con mayor victimización de líderes sociales en Antioquia durante los últimos cinco años. A su vez, es uno de los factores que la MOE tuvo en cuenta en su mapa de riesgo. La investigadora Monig Lilley Rodríguez explica que de los 13 municipios de la circunscripción, tres tienen riesgos asociados a violencia y que esta región ocupa el segundo lugar con más municipios que representan amenazas para liderazgos sociales y políticos, siendo Tarazá el caso más extremo.

Este municipio del Bajo Cauca, según la MOE, tiene riesgo extremo por desplazamientos masivos e individuales, así como Nechí, Valdivia, Zaragoza y, en menor gravedad, Remedios. También se presentan acciones unilaterales de grupos armados organizados y disidencias de las Farc en Ituango y Remedios. Este último también registra acciones del Eln. Valdivia, por su parte, registra acciones del Eln y de disidencias, mientras que en Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Segovia y Zaragoza tienen presencia de grupos armados organizados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los ‘Caparros’.

En materia de economías ilegales, los datos recogidos por la MOE indican que esta circunscripción cuenta con las densidades más altas en cultivos ilícitos y en minería, lo que explica el interés de todos estos grupos por mantener su dominio en la región. Mientras que los cultivos se concentran en Anorí, El Bagre, Tarazá y Valdivia, la explotación minera ilegal se realiza en Amalfi, Anorí, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Segovia, Nechí y Zaragoza. 

A pesar de este cóctel de situaciones, que mantienen a la circunscripción como una de las regiones más inestables del país en el posacuerdo, el politólogo Fredy Chaverra considera que los líderes que hoy son candidatos saben cómo moverse, de qué hablar y cómo hacerlo. Además, dice que los actores armados “apenas están entendiendo lo que representa esa curul para su territorio”, lo que por ahora disminuye el riesgo, pero podría incrementarlo en el futuro.