Mercados en tiempos de coronavirus: los casos de Córdoba, Sucre y Cesar

Ana Isabel Hernández es vendedora ambulante de bollos y panes que hace en casa. Con 64 años a cuestas, varias veces por semana sale a conseguir su sustento, el de su madre, de 86 años, y el de sus dos hermanos. Ana Isabel vive en el barrio Villa Clemen, en el sur de Montelíbano (Córdoba). La llegada de la pandemia del COVID-19 trastornó su vida humilde y apacible. “Cuando llegó la pandemia me sentí muy triste, yo pensaba ¿qué vamos a hacer?, solo Dios nos dará la fortaleza para salir de esto”, comentó. El caso de ella es el de millones de colombianos que perdieron su sustento de vida cuando el Gobierno ordenó, en marzo de 2020, una cuarentena estricta en todo el país como medida para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Ana no volvió a salir para trabajar. Lo poco que logró vender lo hizo con encargos de casa en casa, pero los ingresos nunca fueron suficientes para suplir sus necesidades y las de su familia. La única alternativa para poder comer la encontró en las ayudas humanitarias que desde la gobernación y el municipio prometieron entregarle. La mayoría de administraciones locales y departamentales de todo el país emprendieron esfuerzos para contratar a empresas que se encargaran de la compra y entrega de mercados y kits de aseo a la población más vulnerable. Precisamente como Ana. Sin embargo, las denuncias presentadas por los ciudadanos, así como las investigaciones abiertas por los entes de control, han puesto en evidencia sospechas de que, detrás de esos contratos humanitarios, funcionarios habrían cometido actos de corrupción.

Por lo menos ese es el caso que se ha evidenciado hasta ahora en Córdoba, Sucre y Cesar. Tanto la Procuraduría, como la Fiscalía y la Contraloría han identificado irregularidades en varios de los contratos que se firmaron en alcaldías y gobernaciones, en los que, al parecer, se habría desviado dinero público. El contexto de esta situación de presunta corrupción radica en el decreto 537 de 2020, expedido por el Gobierno nacional. Con este decreto, tomó una serie de medidas para facilitar a los gobiernos locales la contratación en el marco de la emergencia económica por COVID-19.

Ante la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno del presidente Iván Duque, los gobiernos locales y departamentales se concentraron en adquirir insumos médicos para el personal de la salud, como jabón quirúrgico, desinfectantes, alcohol, tapabocas y elementos de protección personal y de bioseguridad, así como mercados y asistencia alimentaria para los más vulnerables, como Ana y su familia. En medio de ese afán de conseguir los suministros y alimentos, los principales organismos de control y de investigación construyeron una agenda de cooperación interagencial que permitiera hacer seguimiento a la ejecución de recursos públicos que se estaban destinando a la contratación para atender necesidades dentro de la emergencia por COVID-19.

El 14 de abril de 2020, la Fiscalía, la Contraloría General y la Procuraduría lanzaron la estrategia Transparencia para la Emergencia. Por medio de esta crearon una mesa técnica que sería la encargada de hacer seguimiento a las denuncias de los ciudadanos y de los “hallazgos de irregularidades en el manejo de los asuntos relacionados con la emergencia social y económica, para tomar las acciones correspondientes a las competencias de los tres organismos”. Como era de esperarse, las denuncias de la ciudadanía no tardaron en llegar y así inició el seguimiento de los organismos de control.

Diez días después del inicio de esa unión, la Fiscalía anunció que había abierto investigación por presuntas irregularidades en contratos contra un grupo de gobernadores y alcaldes en todo el país. “Hay 38 casos en indagación preliminar, con apertura de noticia criminal, contra 41 funcionarios municipales en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander”, dijo la Fiscalía.

Solo en el departamento de Córdoba, las sospechas de presuntas irregularidades en el manejo de recursos asignados para atender la emergencia de salud originaron 83 denuncias en la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía. La mayoría de ellas estuvieron relacionadas, precisamente, con contratos de entrega de ayudas alimentarias. En el caso de Sucre, la Contraloría recibió 70 denuncias y adelantó 43 investigaciones. Y en Cesar, la Procuraduría abrió 21 procesos en diez de los 25 municipios del departamento.

El caso de Córdoba

La Procuraduría General de la Nación anunció*, a través de un comunicado publicado el 15 de junio de 2021, la apertura de investigación disciplinaria en contra de cinco alcaldes de Córdoba y de sus respectivos secretarios de gobierno por presuntos sobrecostos en la contratación de ayuda alimentaria para población vulnerable ante la emergencia sanitaria y económica provocada por la pandemia en 2020. Los contratos bajo investigación del ministerio público superarían los 1300 millones de pesos. Los alcaldes “afectados son Jorge David Pastrana Sagre de Sahagún, Rubén Darío Tamayo Espitia de Planeta Rica, Gabriel Antonio Bittar Díaz de Momil, Félix Gutiérrez Córdoba de Buenavista y Fidel Antonio Mercado González de Pueblo Nuevo (Córdoba)”.

Por su parte, la Contraloría Departamental de Córdoba indicó que, atendiendo a las quejas ciudadanas por posibles anomalías en los contratos celebrados para atender la emergencia sanitaria por el COVID-19, realizó auditorías en la gobernación y en 17 de los 30 municipios cordobeses. Estas auditorías se llevaron a cabo en Sahagún, Buenavista, Montelíbano, Chinú, Cotorra, San Antero, Pueblo Nuevo, Tierralta, Cereté, Planeta Rica, Valencia, Santa Cruz de Lorica, Puerto Libertador, La Apartada, San Andrés de Sotavento, San Pelayo y Ciénaga de Oro. En respuesta a un derecho de petición presentado para esta investigación, el contralor departamental, Omar Lozano Flórez, indicó que, a raíz de estas investigaciones, la entidad encontró 52 irregularidades administrativas, ocho de tipo fiscal y dos de tipo disciplinario.

En Córdoba, la gobernación destinó 5000 millones de pesos para financiar la entrega de 200 mil ayudas alimentarias para igual número de familias pobres del departamento en medio de la contingencia por el coronavirus. La administración departamental firmó convenios con las 30 alcaldías para la compra de los mercados. Foto tomada de la página de Facebook de la alcaldía de Montelíbano.

Estos hallazgos, con presunta incidencia fiscal en seis municipios de Córdoba, alcanzarían los 226.9 millones de pesos. Por eso, la Contraloría Departamental abrió procesos de responsabilidad fiscal e indagaciones preliminares. Sin embargo, hasta mayo de 2021 estos procesos seguían abiertos y los resultados de las investigaciones aún no se conocen. Por otra parte, la Contraloría General, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, mediante la Gerencia Departamental de Córdoba, a cargo de José Gabriel Beltrán, indicó que las auditorías realizadas dieron como resultado un presunto hallazgo disciplinario y fiscal por 90 500 000 pesos, los cuales fueron trasladados al proceso de responsabilidad fiscal y resarcimiento del daño público.

Paralelo a las investigaciones fiscales, la Procuraduría no se quedó atrás y abrió 29 procesos disciplinarios en el departamento de Córdoba por presuntos hechos de corrupción o mal uso de los recursos públicos destinados para ayudas humanitarias. Entre esas investigaciones, tuvo relevancia en la opinión pública la adelantada en contra del alcalde de Tierralta, Daniel Montero Montes, por presuntos sobrecostos en un contrato de un poco más de 750 millones de pesos para la adquisición de mercados para ese municipio. La investigación de la Procuraduría se inició porque, al parecer, no habría existido una planeación adecuada del alcalde Montero Montes para firmar el contrato de compra de mercados.

Concretamente, el Ministerio Público orientó la investigación para establecer si en la administración local no se acreditó la experiencia correcta por parte de Yaneth Algarín Genes, representante legal del supermercado La Moral, para que presentara su oferta, si se le exigió la debida capacidad financiera y organizacional, y si se presentaron sobrecostos en el Contrato 042 del 26 de marzo de 2020. Ese negocio tenía como objeto la adquisición de 20 000 mercados, de los cuales 10 000 debían costar 50 000 pesos cada uno, y el resto, 25 000 pesos cada uno. El contrato original contemplaba que, para todas esas compras, la contratista debía gastar 750 millones de pesos. Pero, según los indicios y pruebas iniciales, la alcaldía habría terminado facturando unos sobrecostos por 190 millones de pesos sin ninguna justificación.

La Procuraduría buscó establecer si el alcalde Daniel Montero y el secretario de Gobierno Loyar Manuel Pineda, en su condición de supervisor del contrato, incurrieron en una falta disciplinaria, también cuáles pudieron haber sido los motivos, las circunstancias, el perjuicio causado a la administración pública y su grado de responsabilidad en la asignación de esos sobrecostos. El 4 de mayo de 2020, la Procuraduría suspendió provisionalmente por tres meses a Montero, pero el 26 de junio esa medida cautelar fue revocada por el Ministerio Público y el mandatario regresó a sus funciones. La entidad indicó que los motivos que fundamentaron la investigación desaparecieron, luego de que Luis Carlos Torregroza, abogado defensor del alcalde, entregó los documentos y práctica de pruebas ordenadas.

Con el alcalde de regreso a su despacho y las pruebas de que no habría cometido ninguna irregularidad, la siguiente decisión de la Procuraduría fue cerrar todo el expediente. Lo hizo el 26 de enero de 2021 y en el fallo, en el que ordenó el cierre de la investigación, se aclaró que los precios de los mercados estaban ajustados a la realidad del negocio y que nadie de la administración de Tierralta había cometido alguna irregularidad.

Además del caso del alcalde Montero, otra de las investigaciones más sonadas en Córdoba fue la que ordenó el Ministerio Público en contra del alcalde de Cereté, Luis Antonio Rhenals. El 13 de mayo de 2020, el mandatario fue suspendido de manera provisional por presuntos sobrecostos en un contrato de 500 millones de pesos para la compra de 20 000 mercados.

En este municipio cordobés, la Procuraduría investigó si los estudios previos elaborados por la Alcaldía de Cereté cumplieron o no con los requisitos de ley, así como si se verificaron la capacidad, idoneidad y experiencia de la empresa contratada para suministrar los alimentos. La entidad también buscó establecer si se seleccionó la oferta más favorable para el municipio y si se habrían vulnerado los principios de la contratación estatal como transparencia, selección objetiva, responsabilidad y libre concurrencia. El 10 de julio de 2020, el procurador regional de Córdoba, Nicolás Barguil Flórez, revocó la suspensión del alcalde de Cereté y a finales de enero de 2021, como sucedió con el alcalde de Tierralta, fue archivado el proceso contra Rhenals.

El alcalde de Cereté, Luis Antonio Rhenals, presidió la entrega de mercados a las familias de escasos recursos al inicio de la cuarentena obligatoria. Sobre el valor de los mercados, el mandatario ha indicado que su administración los compró a buen precio. Foto tomada de la cuenta de Twitter de la alcaldía de Cereté.

Los investigadores de la Procuraduría establecieron que no hubo una mala conducta del funcionario ni incurrió en irregularidades en contra de la administración pública con la firma de ese contrato. Su abogado defensor, Luis Carlos Torregroza, sostuvo, en entrevista concedida al diario La Razón, que todas las actuaciones de la etapa precontractual se hicieron con base en la urgencia manifiesta declarada por el municipio y el Gobierno nacional, y con apego estricto a la ley. Por su parte, el alcalde Luis Antonio Rhenals, en diálogo con el mismo medio de comunicación, indicó que en Cereté se entregaron los mercados más baratos del departamento porque los compraron directamente a una empresa mayorista.

Aunque el caso de Rhenals quedó prácticamente resuelto en la Procuraduría, su situación es diferente en la Fiscalía. El 3 de diciembre de 2020, el ente investigador lo acusó formalmente por su presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Este caso tiene como base los mismos hechos por los que fue suspendido provisionalmente por el Ministerio Público, pero involucran a la contratista Luz Fany Suárez Montoya, representante legal de la empresa Inversiones Surtioriente S. A. S., con la cual se suscribió el contrato. Según la investigación penal, la irregularidad se habría cometido en la presunta simulación de un proceso de selección de ofertas antes de la contratación de la proveedora y en la supuesta falsificación de varias cotizaciones.

Sobre este caso, en entrevista para este informe, el abogado Luis Carlos Torregroza indicó que no existe ninguna evidencia que demuestre que hubo comunicación previa entre el contratante y la contratista. También explicó que en la celebración del contrato no hubo interés político porque Suárez Montoya no acompañó la campaña de Rhenals a la alcaldía y tampoco hace parte de su colectividad política. Torregroza agregó que tampoco existe un interés económico porque, a la fecha, el cuestionado contrato no se ha pagado. La audiencia preparatoria del juicio está programada para junio de 2021.

En cuanto al proceso que se le sigue a la contratista, aunque W Radio, citando al ente acusador, reportó que “por los mismos hechos, la Fiscalía también imputó cargos contra la contratista Luz Fany Suárez, representante legal de la empresa Inversiones Surtioriente S. A. S.”, el proceso no pudo ser verificado dentro del sistema de consulta de procesos judiciales de la rama judicial y en el transcurso de la investigación este equipo periodístico no logró contactar a Suárez Montoya para conocer su versión acerca las acusaciones que le hace la Fiscalía.

Otro alcalde de Córdoba que está judicializado es el de Montelíbano, José David Cura. A este mandatario, a finales de agosto de 2020, la Fiscalía le formuló cargos por la presunta violación al régimen de inhabilidades en la suscripción de un contrato de suministro de ayudas. El cuestionado negocio, celebrado el 15 de abril de 2020, tuvo un valor de 6 188 000 pesos y su objeto fue el suministro de 40 000 stickers para la identificación de ayudas humanitarias. El contrato fue suscrito con la empresa Son Impresores S. A. S., representada legalmente por Óscar Salcedo González. Según la Fiscalía, el registro del negocio se habría hecho violando la ley, pues el contratista habría “financiado la campaña política del hoy primer mandatario en un monto superior al permitido”.

Mediante una consulta realizada para esta investigación en el aplicativo Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral, se evidenció que, efectivamente, la empresa Son Impresores S. A. S., de Salcedo González, figura en el reporte entregado por la campaña de José David Cura al Fondo Nacional de Financiación Política. Según esa documentación, esta empresa entregó a la campaña la suma de 19 997 950 pesos por medio de un crédito. Pese a que la noticia de la imputación de cargos fue conocida por un boletín de la Fiscalía y fue divulgada por medios de comunicación regionales, al ser consultado al respecto, el alcalde Cura manifestó vía WhatsApp que desconocía la decisión de la Fiscalía y que nunca le llegó nada de manera oficial.

El mandatario aseguró que no hay ninguna inhabilidad e indicó que Óscar Salcedo, de la empresa Son Impresores S. A. S., no fue aportante a su campaña a la Alcaldía de Montelíbano. Según Cura, Salcedo le fio a la campaña unos impresos y le pagaron con recursos obtenidos por la reposición de gastos por votos válidos obtenidos. Aunque el alcalde asegura no saber nada de esta investigación, el fiscal 11 seccional, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Montería, indicó, en respuesta a un derecho de petición, “que dentro de dicha investigación ya fue presentado escrito de acusación, encontrándose el despacho a la espera de fijación de fecha para audiencia por parte del Juzgado Promiscuo de Circuito de Montelíbano Córdoba”.

El caso de Sucre

De las 70 denuncias, solicitudes y derechos de petición presentados por la ciudadanía ante la Contraloría por situaciones ocurridas en Sucre, la entidad abrió 43 investigaciones por posibles irregularidades en la contratación en este departamento. Sin embargo, 19 fueron archivadas por falta de méritos o “por no haber encontrado daño fiscal” y 12 más fueron trasladadas a otros entes de control o agencias por tratarse de hechos por fuera de las competencias de la Contraloría. De los nueve expedientes que siguen abiertos en este ente de control, los casos están relacionados con hechos en los municipios de Toluviejo, San Benito Abad, Caimito, Sucre, Buenavista, Majagual y Guaranda. Además de estas investigaciones, la Contraloría busca imputar cargos en otros tres casos que tiene bajo la lupa.

El primero de ellos es en contra del alcalde de San Juan de Betulia, Juan Manuel Hoyos, por un proceso de contratación para el suministro de kits de alimentos no perecederos. El negocio, que al inicio del contrato tenía un costo de un poco más de 196 millones de pesos, se firmó con la Fundación para el Desarrollo Social Colombiano (Fundess). Lo que han podido evidenciar los investigadores del ente de control es que el valor de 1000 mercados fue de 152 millones de pesos y no de 196 millones, como lo habían negociado las partes. Por este presunto sobrecosto de 44 millones de pesos, el 25 de junio de 2020, unidades de la Sijín, vinculadas a la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, capturaron al mandatario mientras se encontraba de licencia no remunerada.

Alcaldía municipal de San Juan de Betulia, Sucre. Foto de Miguel García.

En el mismo operativo, la Policía detuvo a David Herazo, asesor jurídico del municipio; a Jhon Arrieta Torres, secretario de salud y supervisor del cuestionado contrato, y a Pedro Moreno Sierra, asesor financiero de la alcaldía. Así mismo, a Jhon Buelvas Hoyos, representante legal de Fundess, y a Julio Tuirán, también vinculado a la fundación. La Fiscalía les imputó a los funcionarios “los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en provecho de terceros y propio, y uso de documento público falso, pues en la suscripción del contrato de suministro se habrían desconocido los principios de selección objetiva, transparencia, planeación, economía, idoneidad, entre otros”. Mientras esa investigación avanza, el juez del caso impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del alcalde y del secretario de Salud del municipio, así como al representante de Fundess.

Para esta investigación, los periodistas intentaron contactar al alcalde Hoyos, pero no obtuvieron respuesta. Sin embargo, William Mendoza, secretario de Gobierno de San Juan de Betulia, aceptó hablar para esta publicación. El funcionario señaló que “al alcalde Hoyos, a mediados del mes de octubre del año pasado, se le levantó la medida de aseguramiento y, por consiguiente, se le concedió su libertad, de manera que para la misma fecha se vinculó formalmente a sus labores como alcalde. Hasta tanto no exista una sentencia condenatoria o absolutoria, sigue vinculado al proceso”.

Aun así, mediante oficio del 12 de abril de 2021, la Unidad de la Fiscalía Cuarta Seccional Unidad de Delitos contra la Administración Pública informó que “radicó ante el Centro de Servicios Judiciales Escrito de Acusación” en contra del alcalde Juan Manuel Hoyos. Tanto a los funcionarios de la alcaldía como a los representantes de Fundess les levantaron la medida de aseguramiento que tenían y recuperaron su libertad al mismo tiempo que el alcalde Hoyos, pero su proceso judicial sigue avanzando.

El 30 de julio de 2020, un mes después de las primeras capturas, la Fiscalía informó que, por los mismos hechos, habían sido vinculados a la investigación el padre del mandatario, Manuel Vicente Hoyos, y el asesor jurídico del municipio, Eduardo Enrique Gil Castellanos. En el caso del primero, el ente investigador le imputó cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y uso de documento público falso, “luego de las investigaciones que indicarían que financió e intervino en la ejecución del contrato sin poder hacerlo”, señaló la entidad en un comunicado. Ese mismo día, el juez del caso envió a la cárcel a Manuel Vicente Hoyos y, por su avanzada edad, durante meses permaneció en la Estación de Policía del municipio, cumpliendo la medida de aseguramiento intramural; sin embargo, fuentes en San Juan de Betulia confirmaron que él recuperó su libertad el 1 de junio de 2021, al parecer, por vencimiento de términos, sin que se haya conocido pronunciamiento alguno de parte de la Fiscalía o la alcaldía sobre este asunto.

Según informó el medio regional El Meridiano, la Fiscalía señala a Hoyos de ser “la persona que contrató y pagó con recursos propios los kits de alimentos sin tener ninguna vinculación con la fundación con la que el municipio suscribió dicho contrato. De ahí su implicación en este proceso”. Al tiempo que avanza el proceso penal por las presuntas irregularidades en la administración del alcalde Hoyos, en la gerencia departamental de la Contraloría de Sucre existe un proceso fiscal también en su contra. Así lo confirmó José Alejandro Revollo Gómez, gerente del organismo en este departamento, quien agregó que la “indagación preliminar” de este proceso “inicio (sic) su trámite el día 1 de marzo de 2021 y todavía se encuentra en etapa probatoria”.

Por su parte, el secretario de la Procuraduría provincial de Sincelejo (Sucre), Ángel Manuel Martínez Pineda, mediante un edicto del 26 de noviembre de 2020, notificó la apertura de investigación disciplinaria en contra de Juan Manuel Hoyos Angulo, “en su condición de alcalde municipal de San Juan de Betulia, y de Jhon Armando Arrieta Torres, en su condición de secretario de Salud del mismo municipio” por los posibles sobrecostos en el mencionado contrato. En medio de estas investigaciones con frentes en la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, el personero de San Juan de Betulia, Luis Carlos Martínez, señaló que su oficina “está evaluando jurídicamente declararse como víctima en el proceso, en representación del municipio”.

Otro proceso que, según la gerencia departamental de Sucre de la Contraloría, está “en trámite para abrir actuación” es el del municipio de San Benito Abad. Este caso tiene que ver con el presunto sobrecosto en la compra de mercados en medio de la emergencia sanitaria en el municipio, para atender a los más necesitados. La irregularidad, señala el organismo de control, estaría en que funcionarios de la administración municipal no habrían justificado la diferencia de 28 881 900 millones de pesos “entre el valor neto de los mercados en el contrato y el valor cotizado de los elementos suministrados en ese tiempo”. En una respuesta de tres puntos enviada vía WhatsApp, Manuel del Cristo Cadrazco, alcalde de San Benito Abad, explicó lo ocurrido con ese contrato.

En calidad de alcalde encargado, Yubanquis Andrés Rosario Aguas fue a quien le correspondió afrontar el inicio de la pandemia en San Benito de Abad (Sucre), debido a que el mandatario titular estaba preso. Foto tomada de la página de Facebook de la alcaldía de San Benito de Abab.

Primero, explicó el mandatario, se debe establecer “quién firmó el contrato y ahí miran que no fue Cadrazco quien lo firmó”. Segundo, “la Fiscalía General de la Nación hizo una investigación sobre ese contrato y otros, dejando como resultado un informe de archivo al no encontrar irregularidades”. Y tercero, que “la administración municipal tiene la documentación respectiva que soporta que no hay sobrecosto alguno y así demostrará en el desarrollo de esta investigación”. En el proceso contra la Alcaldía de San Benito Abad “no se ha iniciado aún actuación fiscal”, indicó Revollo Gómez, gerente del organismo, quien agregó que en el proceso “aún no se encuentran vinculados a un juicio fiscal, en calidad de presuntos responsables fiscales, funcionarios públicos o particulares”.

Lo que se ha logrado establecer es que para el 1 de enero de 2020, dado que el alcalde electo Manuel del Cristo Cadrazco no se había podido posesionar por estar en prisión, respondiendo por otro proceso, y suspendido del cargo, quien habría firmado el contrato sería Yubanquis Andrés Rosario Aguas, alcalde interino, nombrado por la gobernación de Sucre el 24 de enero de 2020 como parte de la terna enviada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) ante la ausencia de Cadrazco.

La Contraloría, en su regional de Sucre, en respuesta a un derecho de petición indicó que también inició un “proceso ordinario de responsabilidad fiscal el 13 de enero de 2021” contra el alcalde del municipio de Ovejas, Freddy Orlando Ricardo, por posibles sobrecostos en un contrato que firmó con la empresa Suministros y Negocios de la Sabana S. A. S. Su objeto fue el de adquirir mercados e implementos de aseo para población vulnerable durante la emergencia de COVID-19 por un total de 299 970 165 pesos. Según la entidad, este proceso “se encuentra en etapa probatoria”. Consultada para este reportaje, la administración del alcalde Ricardo sostuvo que la alcaldía ha “enviado todo lo requerido por el ente de control y seguido sus indicaciones, como suscribir un plan de mejoramiento”.

El caso del Cesar

En el departamento del Cesar, la situación es similar a la evidenciada en Córdoba y Sucre. La Procuraduría tiene bajo su lupa hechos de presunta corrupción que habrían ocurrido en diez de los 25 municipios del departamento. En concreto, las pesquisas del Ministerio Público están enfocadas en Valledupar, Aguachica, Astrea, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, González, Pelaya, Río de Oro y Tamalameque, en donde inició 21 procesos disciplinarios en contra de funcionarios. Los hechos materia de investigación tienen que ver, de nuevo, con presuntas irregularidades en la contratación para el suministro de mercados para las familias y ciudadanos más afectados por la pandemia ocasionada por la COVID-19 y la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno de Iván Duque.

Por su parte, la Contraloría General destacó que en el Cesar se recibieron 19 denuncias sobre irregularidades en la contratación de kits alimentarios para atender a población vulnerable durante la emergencia y que las mismas fueron “archivadas sin que se haya determinado daño al patrimonio público”. Sin embargo, existe una que abarcó la mayor atención del ente de control por su relevancia: la que tiene que ver con supuestas irregularidades de contratación en la gobernación del Cesar, en cabeza de Luis Alberto Monsalvo Gnecco. El 27 de abril de 2020, el gobernador le salió al paso al anuncio que, en días anteriores, hizo la Procuraduría General de la Nación, vía Twitter, en el que notificó la vinculación del funcionario a una investigación disciplinaria.

En el contrato suscrito entre la gobernación del Cesar y la Fundación Visión Caribe para el suministro de 2900 kits alimentarios, la Contraloría General de la República halló presuntos sobrecostos en 7 de los 13 productos que integraban los mercados entregados a familias pobres en ese departamento de la región Caribe. Foto tomada de la cuenta de Twitter de la gobernación del Cesar.

Según el trino del Ministerio Público, “se le vinculó formalmente (al gobernador del Cesar) a una indagación por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la Secretaría General para suscribir 37 contratos por más de 14 065 millones de pesos”. En su momento, Monsalvo explicó, en una rueda de prensa virtual, que estaban iniciando “la titánica tarea de conseguir recursos para adquirir mercados y entregarlos casa a casa de manera inmediata. Inicialmente proyectamos la entrega de 100 000 mercados, hicimos un esfuerzo mayor y finalmente adquirimos 139 052 ayudas, entre kits de mercados y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos comerciales”.

Paralelo a esa investigación, la Contraloría también tiene bajo su lupa a Monsalvo. La entidad, en cabeza de Carlos Felipe Córdoba, investiga posibles sobrecostos en un contrato firmado por el gobernador y la Fundación Visión Caribe para el suministro de 2900 kits alimentarios para la población más vulnerable con el fin de atender la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. Según la Contraloría, en ese negocio, por más de 367 millones de pesos, al comparar el valor total de los productos frente a los precios de referencia de Colombia Compra Eficiente, se habría incurrido en un sobrecosto de 99 millones de pesos. En concreto, de acuerdo con los hallazgos de la entidad, el kit de mercado estaba compuesto por trece productos, de los cuales siete registran presuntos sobrecostos superiores al 40 % con referencia a los precios de esa entidad, y uno supera el 100 %.

El proceso todavía se encuentra en periodo de recolección de pruebas en la Contraloría. Por medio de su oficina de prensa, el gobernador Monsalvo Gnecco reiteró su posición: “Tengan la seguridad de que aquí no ha habido sobrecostos, que compramos a precios de mercado, con rigor legal, que se hizo un proceso transparente y que quienes me conocen saben que jamás sacaría provecho económico de ninguna situación”. Entre tanto, Rubén Moreno de las Salas, presidente de la Veeduría Ciudadana de la Región Caribe, cuestionó que, pese a la avalancha de denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades en la celebración de contratos para la adquisición de ayudas humanitarias, a la fecha, un año después, no se conocen resultados concretos de las investigaciones.

Para Moreno de las Salas es preocupante que muchos procesos han sido archivados, por lo que pidió a los órganos de control celeridad y acciones contundentes para que se haga justicia. Un año después de que el Gobierno decretara la emergencia sanitaria, entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía han dado a conocer detalles de lo que habría ocurrido con la ayuda a las comunidades vulnerables en Córdoba, Sucre y Cesar. El avance de las investigaciones de estas entidades será clave para conocer con certeza hasta qué punto la corrupción terminó desviando los recursos de los más necesitados y quiénes fueron los responsables de esas conductas. La prioridad es clara: el dinero debe estar destinado únicamente a ayudar a familias como la de Ana Isabel Hernández.

*Esta investigación fue publicada el 10 de junio, pero fue actualizada el 17 de junio con el anuncio de la Procuraduría.

Esta investigación hace parte del proyecto ‘Tras la pista de los dineros del COVID-19’ de Consejo de Redacción (CdR).