Ventiladores inútiles para COVID-19 y $720 millones mal invertidos: así se equivocó Caldas en la pandemia

Sala UCI del Hospital Santa Sofía para pacientes COVID-19. Foto: tomada de Hospital Santa Sofía. 

Cuando un paciente llega a la unidad de cuidados intensivos (UCI) significa que su estado es crítico, que aumentan sus posibilidades de morir y que necesita el monitoreo constante de sus órganos comprometidos. La persona es despojada de su ropa, de su autonomía y se entrega a un equipo médico que promete agotar los recursos que la tecnología, el saber y la fe pueden brindar para salvarle la vida.

Además del ventilador, que bombea oxígeno a los pulmones, las habitaciones UCI están equipadas con una cama, preferiblemente eléctrica; un monitor que mide la respiración, el ritmo cardiaco y la saturación en sangre; y una bomba de infusión que suministra medicamentos. Cerca hay un desfibrilador y, según las complicaciones, una máquina para hacer diálisis.

Con la llegada de la COVID-19, las UCI, siempre necesarias, se volvieron indispensables; los hospitales, clínicas y entidades públicas de salud buscaron aprovisionarse de equipos e insumos para atender la emergencia. Para hacerlo de manera ágil usaron la contratación directa (sin licitar o buscar cotizaciones) a través de la modalidad de urgencia manifiesta, que en el caso de Caldas fue permitida el 15 de marzo mediante el Decreto 079 de 2020.

La Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC), entidad gubernamental, autónoma y con presupuesto propio, usó la urgencia manifiesta para alquilar 10 unidades de cuidados intensivos (es decir, ventiladores, camas y monitores) y 10 unidades de cuidados intermedios (camas y monitores) con la empresa Importaciones y Distribuciones Quirumedic, de Ibagué.

El 8 de abril de 2020 se firmó este contrato por 10 ventiladores, 20 camas y 20 monitores, que fueron arrendados por seis meses a un precio de 721 140 000 pesos. Los equipos tenían como destino el Hospital Santa Sofía, que desde el 22 de marzo estaba habilitado para adecuar una sala UCI COVID-19, según Carlos Piedrahíta, gerente de la institución.

Sede del hospital. Foto: tomada de Hospital Santa Sofía. 

Cuando los equipos llegaron a este centro, de nivel 3 de atención (alta complejidad) y el más importante de la red pública de Caldas, pues recibe pacientes remitidos de los 26 municipios y de la capital, Manizales, hubo un problema. Los 10 ventiladores marca Versamed modelo Invent201 que fueron entregados no fueron usados para dotar la sala UCI COVID-19 porque presentaban inconvenientes técnicos.

“No tenían compresor, no funcionaban automáticamente. Eran muy viejos, del año 90. No tenían las ventajas de los ventiladores nuevos en el mercado: no tenían una ventilación mixta, capacidad respiratoria para ventilar el paciente COVID y ni Autoflow, que, en caso de que el paciente llegue a fallar o su diafragma se fatigue, hace la función del músculo diafragmático. Esa es su potencia”, explica Carlos Piedrahíta.

Ejemplar del ventilador marca Versamed modelo Invent201 (no es la misma unidad que rentó la DTSC).

Según cuenta, el mejor ventilador para un paciente con COVID-19 es el de marca Dräger, pues es de asa cerrada (que permite que el aire que expira el paciente sea conducido al ventilador) y tiene Autoflow. Como el hospital ya contaba con 20 de estos en su UCI, según comentó Piedrahíta, tomaron la decisión de intercambiarlos por los que les había entregado la Dirección Territorial. Es decir, 10 de los Dräger del hospital pasaron a la UCI COVID y los 10 que rentaron terminaron en la UCI “normal”. Allí estuvieron por seis meses hasta que fueron devueltos a Quirumedic al finalizar el contrato, confirmó el gerente.

Esta adquisición hizo que, tras una denuncia ciudadana (la 202-2020), el Grupo de Reacción Inmediata de la Contraloría de Caldas analizara el caso. La entidad encontró cuatro hallazgos administrativos y disciplinarios. El tercero indica que los ventiladores adquiridos no tenían las especificaciones técnicas necesarias para las salas UCI COVID-19.
El ente de control determinó que la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC) debió consultar con el Santa Sofía antes de firmar el contrato: “Hubiese sido necesario concertar con el hospital la necesidad que se quería satisfacer, situación que conllevó a que la DTSC no planeara de manera eficaz los requerimientos de los ventiladores para la unidad de cuidados intensivos COVID-19”.

Sin embargo, la Territorial no aceptó la observación justificándose así: “Se realizó en virtud de las medidas de urgencia manifiesta y estado de excepción, razón por la cual no se cuenta con estudios previos que determinen especificaciones técnicas; aunado a lo anterior, durante el proceso previo a la contratación la ESE Santa Sofía no realizó requerimiento alguno de especificaciones técnicas respecto a los equipos médicos”.

La Contraloría mantuvo el hallazgo porque, afirma, la Territorial “no remite oficio alguno en el cual haya solicitado previamente a la ESE Santa Sofía su pronunciamiento sobre los ventiladores para UCI COVID-19”.

Sala UCI, todos los productos que rentó la Territorial eran usados, estos ya fueron devueltos. Foto: tomada de Hospital Santa Sofía.

Según Jorge Andrés Gómez, contralor de Caldas, los hallazgos disciplinarios fueron a la Procuraduría, encargada de revisar la conducta de los funcionarios de la administración departamental, en este caso del director de la época. La Territorial debe hacer un plan de mejoramiento para resolver los hallazgos administrativos y uno, de incidencia fiscal, queda en la Contraloría.

Un abogado consultado por La Patria comparte opinión con la Contraloría. Él, que ha sido asesor en contratación pública y prefiere mantener en reserva su nombre, indica que es una falla que en este proceso de contratación no se tuvieran en cuenta los argumentos técnicos. Dice que, aunque con la urgencia manifiesta no es necesario un estudio previo detallado, sí se debió elaborar una justificación con apoyo de un equipo médico para elegir de manera técnica cuáles eran los equipos que suplían la necesidad del Santa Sofía.

El precio de ventiladores, un interrogante por resolver

Los ventiladores que no pudieron usarse en la UCI COVID-19 no fueron la única inquietud que generó ese contrato. El precio que se pagó por ellos (y por las camas y los monitores) también ha causado muchas preguntas. Fueron 721 140 000 pesos y en los documentos publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) no aparece la discriminación de este valor, no se sabe cuánto costó el alquiler mensual de cada ventilador, cama y monitor. Es posible que se hayan alquilado a un valor superior y que, con el presupuesto, se hubiera podido comprar los últimos dos.

Para despejar esa duda, La Patria envió un derecho de petición al contratista, Importaciones y Distribuciones Quirumedic, para preguntar el costo mensual de alquiler de cada equipo, pero la empresa decidió remitir la respuesta a la DTSC alegando falta de competencia. El representante legal de Quirumedic, Álvaro Andrés Silva Manrique, aseguró por vía telefónica que no daría declaraciones e insistió en que la Territorial es quien debe responder.

Importaciones y Distribuciones Quirumedic fue creada el 3 de junio de 2015, según su matrícula mercantil. En Google, el nombre aparece en páginas amarillas y guías de empresas, pero no tiene página web propia. Su actividad comercial principal es “comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador”; también comercio de “otros tipos de maquinaria”. Pero en el estudio previo del contrato de la DTSC dice que el objeto social es “importación y exportación de toda clase de implementos médicos y quirúrgicos”.

Antes de este contrato, Quirumedic no había rentado equipos médicos ni había hecho negocios de esta cuantía con entidades públicas, por lo menos eso se desprende de una revisión en el registro del Secop. Allí reposan tres contratos con Quirumedic diferentes al actual. Los tres son para la calibración de equipos por un valor no mayor a los veinte millones de pesos. Se hicieron entre 2018 y 2019. Dos con el Hospital San Vicente de Paúl en Fresno, Tolima, y otro con el Hospital San Lorenzo de Supía, Caldas.

Ante la imposibilidad de conocer el precio de cada ventilador, este medio también envió un derecho de petición a la DTSC. “Manifestamos que la Dirección Territorial de Salud de Caldas suscribió un contrato de manera global para el ‘Alquiler de diez (…)’, es decir, que se realizó el alquiler de la unidad completa y de manera individual o unitaria”, fue su respuesta. Esta misma información fue usada por la DTSC para responder el derecho de petición remitido por Quirumedic.

Para Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, organización social que vigila los recursos públicos y que hace parte de la iniciativa ‘Ciudadanía activa: con los ojos puestos en los recursos COVID-19’, “ese tipo de precios globales no favorece la transparencia por la imposibilidad de desagregar ítems. Si ya se ejecutó, las entidades deberían poder entregar esta información, de manera que el ciudadano pueda conocer en detalle cómo se invirtió en ese contrato. Sí hay falta de transparencia”.

El abogado consultado por La Patria explica que comprar a un precio global también es una falla en este contrato. Afirma que en los procesos de contratación es necesario conocer los precios unitarios para poder comparar con otras cotizaciones, además, son estos precios desagregados los que permiten decidir si es útil el negocio de alquiler o si es preferible una compra.

En este escenario es difícil, entonces, saber a qué precio se rentó cada equipo en el contrato. Sin embargo, los que fueron firmados en otros municipios y hospitales pueden dar algunas pistas sobre cómo funcionaba ese mercado la misma semana en que la DTSC hizo el contrato de alquiler (la del 8 de abril). Para saberlo, La Patria pidió cotizaciones a proveedores y constató los datos del Secop.

El primer resultado mostró que la DTSC firmó otro contrato por esa época. El 31 de marzo rentó dos ventiladores HT70 Plus W/02 a la empresa Amanecer Médico SAS, para dotar al Hospital San Félix de La Dorada, en el oriente del departamento. Este sí tenía el precio por unidad. El alquiler de cada equipo costó 1 850 000 pesos mensuales. Estuvieron tres meses en el municipio, explica Linda Giraldo Quintero, directora nacional de Convenio de Amanecer Médico.

“El precio de alquiler de un ventilador puede oscilar entre 1 900 000 y 2 400 000 pesos, ese es el rango en general. El aumento del precio depende de los insumos con los que se vaya a entregar”, cuenta Giraldo. En este caso, el alquiler incluyó el transporte y capacitación del personal de salud de La Dorada.

El otro contrato de arrendamiento de equipos médicos que aparece en el Secop y que fue firmado en una fecha similar es uno del Hospital Regional de Chiquinquirá, de Boyacá. El 26 de marzo este centro rentó cuatro ventiladores marca Bear 1000 por 2 737 000 pesos la unidad y 10 monitores Mindray a 1 547 000 pesos cada uno con una empresa llamada De Alta Bioingeniería SAS, de Tunja, Boyacá.

La Patria, además, conoció una cotización de alquiler de la empresa Medical Devices SAS, de Bogotá, realizada el 7 de abril. En ella se especifica que el alquiler de un ventilador mecánico para UCI (modelo según disponibilidad) costó 1 500 000 pesos mensuales.

Otra persona que tuvo que rentar ventiladores fue Julio César Castellanos, director general del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá. Recuerda que el precio de venta de estos dispositivos pasó de 40 millones a 110 millones de pesos en pandemia. Por eso, con su equipo, decidió alquilar algunos. “Los ventiladores estuvieron muy escasos en el mercado. Alcanzamos a alquilar en la primera o segunda semana y después ya no había. Luego fueron llegando poco a poco. (El precio) no subió mucho porque los alquilamos rápido, pero no hubo muchos disponibles”, dice.

En este punto la pregunta, entonces, es si hubo o no sobrecosto en los ventiladores alquilados por la DTSC para el Hospital Santa Sofía. Es un interrogante difícil de resolver ante la negativa de la entidad y de Quirumedic de compartir el valor de la renta de cada equipo. Pese a esto, el rastreo anterior puede sugerir que el costo de alquiler de un ventilador en la contratación pública osciló entre 1 500 000 y 2 737 000 pesos. Rentar, entonces, 10 por seis meses pudo costar, máximo, 164 220 000 pesos.

¿Cuál fue el valor de las camas y los monitores?

A diferencia de lo que sucedió con los ventiladores, el precio de las camas no fluctuó. Por el contrario, explica David Jiménez, director de Contratación del Hospital Regional Duitama, Boyacá, no escasearon y no aumentaron de costo, pues son productos de la industria nacional.

Un asesor comercial de Dotasalud, compañía especializada en la distribución de materiales y equipos para medicina, también señala que las camas, como los monitores, han tenido precios estables en algunos modelos en todo el año. Otro asesor de Sumel, empresa con sede en Medellín, Pereira y Armenia que vende y alquila equipos médicos de hospitalización en casa, concuerda con esa versión: el precio de alquiler de camas eléctricas no varió.

Para saber cuál fue el costo de estos equipos, La Patria consultó varios contratos en los que se compraron camas o monitores firmados en días cercanos al 8 de abril, que fue cuando la DTSC pactó el alquiler por más de 721 millones de pesos.